CUARTA INSTANCIA COGNITIVA
SIGNIFICATIVIDAD DE LOS HALLAZGOS
Acercarse
a la interpretación del fenómeno que compete a los propósitos de esta
investigación, desde la perspectiva cualitativa en sus postulados
fenomenológicos y hermenéuticos, requiere la compenetración investigador-actor
social, en un encuentro dialógico, dialéctico, complejo, en el apoyo del
lenguaje en sus diversas manifestaciones, como portador de constructos culturales
e históricos, que se han sedimentado en las prácticas y los discursos de los
actores sociales, desde los cuales configurar sus significados en la vida
cotidiana del hacer gerencial, para propiciar la construcción de novedosos
marcos interpretativos desde el intercambio de sentidos y significados, en el
propósito primordial de abrir mundo, de evadir la cárcel de lo propio para ampliar
el horizonte intelectivo, cuyas resultas se inserten en el todo de nuestra
experiencia. En palabras de Gadamer, citado en Morse (op. cit) “(…) el hecho de
comprender se origina en la experiencia lingüística del mundo” (p. 144), lo
cual se torna significativo en el acto comunicativo, la inteligibilidad del
acto discursivo del otro, como confluencia de sentidos en permanente
interacción.
De
allí, la representación de la narrativa como estructura interior del
significado y comprensión de los actores sociales, que asoma en esta
investigación desde la entrevista en profundidad como técnica de abordaje de
las realidades que configuran intersubjetivamente estos actores sociales, la
cual favorece la inmersión en la subjetividad que permea a quien se ha
comprometido, con la libre expresión de sus visiones, pareceres y vivencias pertinentes
a las temáticas que ocupan este estudio, en un ambiente distendido, de empatía
y confidencialidad. Así, en el acercamiento de miradas y maneras de concebir el
mundo, se utilizó una guía de entrevista, configurada de manera muy suscinta,
pues no se trata de encauzar la discursividad del entrevistado, sino brindarle
la libertad para manifestarse en toda su plenitud, desde la reflexión y la
indagación de sí sobre el fenómeno, para conocer cómo lo interpreta, qué
sentidos le otorga, en una oportunidad de excavar dentro de sí, reflexivamente,
para develar su propio pensar acerca de las temáticas propuestas. Luego,
formular una gran interrogante abarcante, libre, abierta, pero constreñida al
propósito sobre el cual desarrollé esta indagación, que permitiera atender las
demandas cognitivas de tres áreas significativas, que en palabras de Martínez
(op. cit), son conocidas como las “unidades temáticas naturales de protocolo”
(p. 177) o unidades hermenéuticas, a saber, la Praxis Gerencial, el Contexto
Socio-económico Venezolano y los Desafíos de las Empresas de Servicios.
De
tal confluencia, emergieron segmentos plausibles que se configuraron en códigos,
orquestados desde el discurso en sí y las concepciones de significado propio que
vinculan la cosmovisión de quien interpreta, los cuales sirvieron de insumo en
la articulación de categorías emergentes que se fueron diseñando y rediseñando
para que se revelara el alcance intelectivo de cada una de ellas, por medio del
proceso fenomenológico-hermenéutico, de tal manera que propiciara la comprensión
integral de las significaciones que asoman de los entrevistados.
Por
ello, la concertación de un discurso que enhebrara el vaivén entre los aportes
de cada actor social, en un esfuerzo holístico, transversal, fragmentador de
los límites del conocimiento en lo personal, pero que devino en la concurrencia
de zonas de sentido imbricadas entre sí, en la exhibición de coherencias representativas
en los hallazgos, lo que dio lugar a una síntesis categorial en cada unidad hermenéutica,
que coadyuvó en la concepción de macro categorías emergentes, usadas como referentes
para la comprensión de la realidad glocal y epocal que permitieron aproximar el
constructo teórico, para una contemporánea y significativa conceptualización de
la praxis en la alta gerencia de las empresas de servicios, en el contexto
socio-económico venezolano.
Acercamiento a la Realidad
La
comprensión de la realidad social abordada, en sus numerosas y complejas
manifestaciones, predispuso el recorrido de una ruta indagativa que favoreciera
la consecución de los propósitos configurados para tal efecto. De allí, las
técnicas seleccionadas para el abordaje del fenómeno en estudio, el análisis e
interpretación de la información, así como la definición de los ejes
conductores que confirieron intencionalidad y direccionalidad a la
investigación.
En
este orden de ideas, se expone un cuadro con el recorrido de la investigación,
en esa búsqueda contínua de acercamiento a lo real desde las realidades
concebidas por los actores sociales, quienes participan activamente como
miembros de las juntas directivas de sus organizaciones, profesionales en sus
áreas a nivel académico y experiencial, y llamados a articular la visión
empresarial y los procesos decisorios que propicien el éxito del
emprendimiento. De allí que, sus narrativas aportan para la construcción de
este momento de la investigación y son pletóricas en elementos significativos
que contribuyen a la organización y estructuración de un referente teórico
emergente, que deviene de los sentidos y significados que le atribuyen a la
praxis gerencial en las empresas de servicios del estado Lara, en el contexto
socio-económico venezolano. Así, en el cuadro 5, se muestran los propósitos de
la investigación, los instrumentos y las técnicas de análisis e interpretación
utilizadas.
Cuadro 5. Desarrollo metódico. Propósitos.
Propósitos
|
Instrumento
|
Técnicas de Análisis e
Interpretación
|
Develar los
desafíos que vivencian las organizaciones empresariales de servicio en
estudio, en el contexto
socioeconómico venezolano.
Interpretar los
sentidos y significados que le atribuyen los actores sociales, a la praxis
gerencial, en las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto
socioeconómico venezolano.
Significar la
praxis gerencial en las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto
socioeconómico venezolano.
Configurar una
aproximación teórica acerca de la praxis gerencial en las organizaciones
empresariales en el contexto socio-económico venezolano, desde los
fundamentos ontológicos, epistemológicos y gerenciales.
|
Entrevista en
profundidad
|
Categorización
Análisis
Semántico y de Contexto
|
Cuadro 6. Nomenclaturas utilizadas en las matrices hermenéuticas
Nomenclatura
|
Significado
|
CO
|
Códigos del Actor
|
CE
|
Categoría Emergente
|
PG
|
Praxis Gerencial
|
CSEV
|
Contexto Socio-Económico Venezolano
|
DES
|
Desafíos de las Empresas de Servicio
|
A
|
Actor Social A
|
B
|
Actor Social B
|
C
|
Actor Social C
|
D
|
Actor Social D
|
A
continuación, se devela la síntesis del discurso de los actores sociales para
interpretar los sentidos y significados que le asignan, desde sus
cosmovisiones, a la praxis gerencial. Cada uno de ellos desde sus círculos de
influencia, lideran empresas de servicio en diversos sectores de la economía y asoman
los aportes de sus conocimientos y vivencias, lo cual permite generar
contenido, pintar un paisaje que amplía la comprensión sobre el fenómeno en
estudio.
La
entrevista tiene su génesis en el encuentro cordial entre las partes, oportunidad
que resultó propicia para brindar mi agradecimiento por la disposición de los
actores en participar de este compartir y,
declarar mi intencionalidad en construir momentos de calidad en un ambiente
informal, sincero y de confidencialidad en aras de develar desde el lenguaje, los
fenómenos que resulten pertinentes a la investigación. Por ello, mi especial
atención a las primeras palabras de cada uno de los entrevistados ante la
demanda: ¿Cómo concibe la praxis gerencial? pues considero que las mismas me
confiesan el significar esencial que los actores otorgan al tema.
El
actor social A da inicio a su discurso señalando que el liderazgo es una
dimensión de la gerencia, necesaria para ser eficientes y eficaces en la
consecución de las políticas pertinentes “a la organización, la administración,
al funcionamiento, la operatividad de la empresa” según expone en la línea 4. Comenzar su
enunciación develando el liderazgo como el aspecto prioritario de la praxis
gerencial denota la importancia que el actor le asigna, desde su ejemplo y en
conjunto con su equipo de trabajo, a la responsabilidad del gerente en la
obtención de resultados empresariales en sus diversas manifestaciones, desde la
concreción de lo propuesto, vista la realidad que ha sido sujeta a
intervención. En concurrencia, el actor social B se abre a este encuentro
investigativo con el pensamiento: “Concibo la gerencia como una combinación de
competencias, habilidades. Es utilizar los recursos disponibles para potenciar
los resultados” tal como queda reflejado en las líneas 1 y 2 de su narrativa,
emergiendo una ontología del ser gerente como alguien que transforma una
situación existente en la visión propuesta, haciendo uso de los recursos
existentes con las facultades y cualidades para ello, manifestándose consonancia
entre ambos actores en su similitud al configurar la triada
liderazgo-gerencia-resultados.
Al
respecto, destaco lo señalado por Drucker (2006) al plantear que “un líder
eficaz no es alguien a quien se le quiera o admire. Es alguien cuyos seguidores
hacen lo que es debido. La popularidad no es liderazgo. Los resultados si lo
son” (p. 12), fijando así una postura que no se alinea con la concepción
liderazgo-carisma personal, como la cualidad principal que debe poseer un
dirigente. De su entender, configuro la siguiente línea de pensamiento: Para
que una organización empresarial o de cualquier índole pueda ser sustentable, es
decir, lograr su permanencia en el mercado, requiere aprovechar oportunidades,
satisfacer o crear necesidades, alcanzar los objetivos propuestos o en su
defecto, tener la disposición para adaptarse a los cambios en el entorno, perfilando
nuevas cumbres que alcanzar. Por ello, los directivos que lideran empresas
exitosas marcan la pauta con su accionar pragmático, crematístico, utilitarista
como primer fin, habida cuenta que sin rentabilidad no puede existir la
responsabilidad social o moral de la organización, según se le quiera adjetivar,
lo que conlleva lo humano, lo solidario, el bien hacer para el beneficio de
todas las partes involucradas, que en la actualidad es fundamento del código
ético de las empresas inteligentes. Interpreto de ambos actores, que conciben
la praxis gerencial como liderazgo basado en resultados, para el desarrollo y
la sostenibilidad de las organizaciones.
En
torno a ello, Davenport (2006) expresa que la dirección era una función
separada del resto del trabajo, donde “los directivos dirigían, los
trabajadores trabajaban y no había apenas áreas de solapamiento entre unos y
otros” (p. 54), concepto que ha venido perdiendo vigencia en la actual era del
conocimiento, donde el liderazgo ya no es considerado como rango, privilegios
ni títulos, sino responsabilidad. Se esperaría de los integrantes de la alta
gerencia que posean los atributos de un líder, para que el propósito
organizacional, la filosofía de gestión, el sistema de valores, pueda ser
transmitido, asumido y compartido por el resto de la comunidad de su
organización, indistintamente del carisma y/o popularidad de quienes se
encuentran al frente. Se trata de llevar el barco según la ruta trazada y el
puerto propuesto, pues de lo contrario como empresa ya habrán llegado a su
destino, indefinido y cualquiera este fuere.
En
complementariedad de la significatividad que los actores sociales A y B le
otorgan al liderazgo, el actor social C manifiesta que hacer gerencia es en primer
lugar, generar una visión del propósito global que desea alcanzarse y desde
allí, “construir juntos” tal como se desprende de la línea 14, postulando que el
inicio, el origen del hacer gerencia se revela en un sueño, la concepción
mental de una realidad que mantiene una brecha muy estrecha con la existente. Es
el asumir una postura prospectiva y proactiva para trocar lo real en la
realidad concebida, transformando el entorno. Y en ese transitar, tiene
competencias para hacerse acompañar por un grupo de personas con la disposición
y el compromiso para creer, para cristalizar lo perfectible, para circunscribir
“los acuerdos entre las partes, o sea, qué es lo que yo quiero de ti y qué es
lo que tú quieres de mi” según emana de sus aportes en las líneas 43 y 44, para
hacer camino al andar y encontrar cada día un mejor camino en esa construcción
en conjunto que deviene en una experiencia de vida para el desarrollo armónico
de la organización.
En
esta perspectiva, Vainrub (2005) aporta algunas características de un individuo
que concibe y lidera una organización, comprendiéndolo como un ser “atrevido,
soñador, vendedor de ideas, curioso, orientado a obtener resultados, capacitado
para adaptarse al cambio” (p. 26), lo que me permite inferir que éstas y otras
características son deseables, pero muy difíciles de encontrar en un solo
individuo. Por ello, los buenos gerentes son escasos y sus compensaciones son
muy altas, en comparación con el resto de la población laboral que perciben
remuneraciones propias de actividades operativas de otro nivel. Ello, queda
convalidado incluso en el marco jurídico venezolano, según se desprende de la
Ley de Impuesto Sobre La Renta, en el parágrafo segundo del artículo 27, que
para efectos de cálculo del enriquecimiento neto de la empresa, establece que es
admisible deducir hasta un quince por ciento (15%) del ingreso bruto global, en
concepto de sueldos y demás remuneraciones otorgadas a los administradores de
la compañía. Basta conocer el nivel de ventas declarado al ente competente,
para que un tercero ajeno a la empresa, pudiera estimar el alto nivel de
ingresos que perciben los integrantes de la alta gerencia, al ser exitosos en
la sustentabilidad de su organización, desplegando gran parte u otras, de las
cualidades ya referenciadas.
Una
característica esencial del gerente es su capacidad para construir escenarios inéditos,
configurar lo novedoso, perfilar oportunidades para emprender nuevos rumbos; sobre
ello, Nueno (2003) asume que “La esencia de emprender está en, identificar la
oportunidad y, segundo, convertirla en negocio. Una idea no es una oportunidad”
(p. 53), postulando que la visión gerencial debería tener la capacidad de
combinar una idea con una oportunidad para la satisfacción de una necesidad del
mercado, o mejor aún, propiciar un nuevo nicho en el mercado, una nueva
necesidad. Para que la visión avance en su concreción, entre otras dimensiones,
requiere la monetización de la idea en pro de “utilizar los recursos
disponibles para potenciar los resultados” como ya referí del discurso del
actor social B en su línea 2, con el propósito de alcanzar la sustentabilidad y
viabilidad del proyecto empresarial.
En
cuanto al actor social D, se abre a la entrevista otorgando significación a las
relaciones laborales consensuadas, cuando exterioriza en su testimonio, en las
líneas 1 al 4, que: “En la empresa soy el gerente general y he tratado de hacer
una gerencia de puertas abiertas. Más allá de imponer un estilo, yo trato de
involucrar a la gente, de armar equipos, de exponer las razones de las
decisiones, de que haya transparencia”, destacándose su disposición a
interactuar con el personal como estrategia para lograr la participación activa
en la consecución de las metas, desde la construcción y comprensión de los propósitos
que las motivan. Se trata, según Carew (2006), de recrear que: “la excelencia
en el liderazgo, la innovación, la calidad, el servicio, la productividad y la
satisfacción humana en el siglo XXI vendrán sobre todo de la gente que trabaja
en equipos donde puede usar su potencial, conocimiento y motivación” (p. 13),
como propuesta para la construcción de un saber organizacional holístico,
integrado, indispensable para el éxito empresarial, soslayando la tendencia al
individualismo e hiperespecialización que inciden desfavorablemente en el
ambiente y la cultura organizacional.
Igualmente,
llevar las decisiones a un nivel más cercano a las personas confiere sentido de
civilidad, una asunción intelectiva de que el capital humano no es un recurso
más, que el contraparte es un Ser en toda la etimología de la expresión y su
reconocimiento como tal, constituye una gran parte de las remuneraciones no
monetarias que el personal anhela recibir, consciente o inconscientemente, lo
cual es del entendimiento del actor social B, según lo expresa en la línea 38
“remunerar competitivamente al talento humano”, lo que se interpreta como un
sentido comprensitivo de la valuación que el actor social confiere a las
personas que le acompañan, significándoles por la cualidad de su talento, en la
justicia de remunerarles con equidad. Ello, es la estructura profunda de
sentido de su interpretación, que emerge para comprender su pensamiento,
desocultando su intencionalidad, lo implícito en su discurso, que no es aparte.
Es el vivenciar de la fenomenología hermenéutica.
En
contraprestación, lo cual no es causalístico sino relacional y recursivo, la
organización se ve ampliamente beneficiada, pues infinidad de ideas surgen del capital
humano, quienes están en contacto permanente con los procedimientos y los
clientes, pudiendo aportar una mejor manera de hacer las cosas, amén de la
motivación y el clima organizacional que deviene de un significativo apoyo al
personal, como advierte el actor social D.
Esta
postura encuentra similitudes en el actor social C cuando expresa en las líneas
1 al 4 que es necesario “generar una visión de dónde quieres estar, contratar a
las personas adecuadas para llegar a ese punto y abrirles camino, irlas
apoyando durante toda la trayectoria, que realmente no tiene un punto de
llegada”, lo que denota un acompañamiento del personal en el cumplimiento de
sus funciones, suscitando una sinergia, una interrelación ampliamente
beneficiosa, donde el gerente como director de orquesta, coordina un caudal de
competencias y habilidades personales en su capital humano, en su transitar del
presente (misión) hacia el futuro (visión) en cuanto a los objetivos y
propósitos de la organización. Es oportuno mencionar a Gates (2003) cuando plantea
que “las compañías deben abandonar el hábito de acumular y ocultar información;
más bien deben enseñarle al personal a interpretarla, analizarla y utilizarla”
(p. 177), empoderando así sus competencias. Una gestión con sentido humano
posibilita la construcción e integración a una sociedad del conocimiento donde los
empleados juegan un rol insustituible en cuanto al éxito organizacional y la
innovación, para la generación de nuevas fuentes de ingresos, optimización de
procesos y recursos, así como el incremento de las fuentes de ingresos
existentes.
En
estos planteamientos, concurren los actores sociales en abordajes a la dirección
de las personas que conducen a una gerencia acorde a la contemporaneidad
venezolana, derivando en estructuras comunicacionales y la implicación de los
trabajadores en modelos de gestión participativa junto a los decisores a nivel
organizacional. Al respecto, Piñango y Monteferrante (2007) consideran que “el
fracaso o el éxito de las organizaciones depende de la capacidad de quienes las
dirigen para que las personas y grupos que las integran den lo mejor de sí y
trabajen en la misma dirección” (p. 291), denotando que quienes gerencian una
organización, además de visión y deseos de construir, necesitan definir acciones
concertadas respectos a sus responsabilidades en el trabajo, así como potenciar
dones y habilidades, para que cada integrante se desarrolle en aquellas áreas
de la organización donde posea las competencias que lo habiliten en el
desempeño efectivo de sus labores. Se trata de trocar intenciones en hechos, de
manera coordinada e integral, a través del seguimiento que manifiesta el actor
social D, como forma de organizar el trabajo en tiempos donde se vivencia una
dinámica de cambio que pudiera avasallar a las organizaciones que no se
inserten en la flexibilidad y en las mejores prácticas empresariales, acordes a
los desafíos del contexto.
Luego
de las consideraciones iniciales de los actores sociales, cuyos preámbulos discursivos
constituyen para mí, como referí anteriormente, la esencialidad de la praxis
gerencial desde sus respectivas perspectivas, el actor social A continúa su
discurso explicitando su apreciación en cuanto a la toma de decisiones a nivel
de junta directiva, líneas 19 y 20, al referir que “Siempre nos reunimos,
discutimos, nos ponemos de acuerdo y llevamos adelante las políticas que hay
que hacer, en consenso”, declarando así, que las personas pueden tener
expectativas, intereses, opiniones, criterios, posturas que difieren, pero en
el encuentro de las ideas, en un marco favorable a su discusión, validación y
contrastación, es adecuado que las decisiones directivas emerjan del consenso
de los disensos, evitando el derroche de esfuerzos y recursos en diversas
direcciones. Un gerente piensa, pues está obligado a patentizar con su ejemplo,
que él compone la acción más abarcante: pensar (redundancia incluida). Luego,
comparte sus ideas para validar, para mejorar su proceso de pensamiento y así,
recursivamente, hasta que las decisiones consensuadas de la alta gerencia,
llevan la marca de la contrastación en un ambiente de profesionalismo, sin caer
en una parálisis como consecuencia de un prolongado análisis. Se insta a una
actuación con base en la deconstrucción de datos y construcción de
conocimiento, cuyo insumo es la mayor y mejor información posible, donde el equipo
humano competente para ello, consensua en el momento decisorio, como advierte
el actor social A.
En
atención a lo último expresado, Charan (2006) ofrece la perspectiva de “Si
cuentan con un conjunto adecuado de prácticas, cualquier grupo directivo puede
constituir una junta que produzca valor para la gerencia y los accionistas” (p.
xiii), con lo cual el autor otorga preponderancia, tanto al parlamentarismo que
requiere la participación de los directivos en el proceso de toma de
decisiones, como a las políticas que propician la creación de valor para el
accionista y la organización, evitando en la medida de lo posible, los
potenciales conflictos de interés que pudieran evidenciar los gerentes en el
ejercicio de sus facultades como decisores, que resultaren contrarios a las
expectativas de los accionistas de la empresa. Del mismo modo, estos
desarrollos metodológicos propios del gobierno corporativo, inciden en la
ventaja competitiva de una gestión dinámica y efectiva, migrando del simple
cumplimiento de las responsabilidades que el accionista-gerente podría asumir a
título individual, hacia la consolidación de estrategias corporativas que
generen valor para la organización.
En
torno al ámbito estratégico, del parlamento del actor social A se exhibe que “la
sucursal surge como resultado de una estrategia gerencial. Al principio
colocamos unos vendedores allá y esas ventas han ido creciendo pero, el aspecto
de la distribución se ha hecho muy costoso”, según se refleja en las líneas 33
al 36, lo cual alude a los desafíos propios de las empresas que comercializan
productos de consumo masivo, al concebir actuaciones que promuevan su
crecimiento o expansión. La distribución, referida en este particular, a la
localización del almacén de despacho, es crítico desde el punto de vista de la
demanda, por factores tales como los tiempos de respuesta en la entrega, debido
a que son bienes que son perecederos o en su defecto, son de fácil
accesibilidad por la disponibilidad que ofrece la competencia, en la zona
geográfica donde están siendo solicitados. En añadidura, el actor manifiesta en
las líneas 40 a 43 que “Nuestros productos,
los medicamentos, se piden en pequeñas cantidades por nuestros clientes y
necesita una respuesta inmediata. No pueden esperarse dos o tres días para ser
despachados”, ratificando la dinámica de un mercado altamente competitivo que
exige tiempos de despacho reducidos si se desea el éxito en la comercialización.
De
este modo, una junta directiva debería
evaluar la conveniencia o no, de abrir un nuevo almacén, considerando los gastos
asociados a los fletes y/o los tiempos de entrega como su costo de oportunidad,
en comparación a los costos de gestión de un nuevo almacén en sitio. De allí,
la estrategia conservadora que se devela en el discurso, pues el actor social
ha desarrollado un nuevo mercado con vendedores en la zona y despachos vía
encomiendas, hasta alcanzar los niveles de ingresos que justifican la apertura
de un punto de comercialización en la zona, modelando un crecimiento
estratégico bajo criterios de rentabilidad. A este propósito, Borello (2004)
propone que “un punto de venta será abierto en función de los vínculos externos
del lugar (…) aunque tal consideración no puede ser separada de la valoración
del costo-beneficio” (p. 53), interpretándose del autor, que el costo de
alquiler o de la adquisición del local, adicional a otros costos asociados como
la contratación de personal y la gestión propia del almacén, debería estar en sintonía
con las expectativas del beneficio resultante de la implementación de tal
estrategia.
Las
empresas, entendidas como emprendimientos privados cuyo propósito primordial sea
producir y/o comercializar bienes o servicios, tiene el cometido de dar
respuesta a inquietudes de tipo financiero, tal como ¿Cuándo un proyecto es
mejor que otro? pues un problema usual es tener dos o más proyectos atractivos,
pero poseer recursos para la implementación de uno solo. Desde esta
contingencia, se confiere significatividad al actor social A en su análisis de
costo de oportunidad, que lo llevó a la puesta en marcha de una sucursal al
considerar que la estrategia representaba una propuesta de valor para la
organización,
Al
respecto, Garay (2005) declara que “El gerente (…) necesita herramientas que le
permitan escoger los negocios que maximicen la riqueza de los accionistas, con
el limitado capital de la empresa” (p. 26), pues es imposible contar con todos
los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos para satisfacer el
gran abanico de requerimientos a nivel de la alta gerencia. De manera que, el
ser gerente orienta su accionar a crear valor según se desprenda en cada una de
sus estrategias formuladas y en el caso del actor social A, el nuevo almacén
pareciera estar totalmente justificado en términos financieros, tanto en los
ingresos que desde ya se perciben en la zona, así como en la disminución de los
altos costos que le representan los despachos desde el almacén principal. Siendo
así, se acredita que el crecimiento lleve el apellido de “estratégico” y que el
manejo de inventarios sea parte activa de su consideración gerencial, lo que
devela una intencionalidad en su praxis hacia el servicio al cliente, a la
responsabilidad social representada en la generación de empleos y la presencia
en la comunidad en un sector económico que tiene prioridad para el Estado
venezolano, como son las medicinas, así como en la concepción de proyectos
rentables que incidan en la sustentabilidad de la organización
Otra
de las dimensiones expuestas por el actor social A, con respecto a la praxis
gerencial, es la referida a la gestión del capital humano como estrategia
diferenciadora, según describe en las líneas 44 a 46, al referir sus creencias
y valores “Creemos que nos diferenciamos de otras empresas del sector en cuanto
a la manera de hacer gerencia en el capital humano”, en lo cual subyace el valor
que se confiere a los empleados en su dimensión intelectual, profesional y
humana, pues las empresas están volviendo su mirada hacia el personal como base
para la obtención de ventajas competitivas sostenibles, motivado en parte, por
el creciente grado de complejidad e incertidumbre del entorno socio-económico. En
tal línea argumentativa, Francés (2001) señala que “Se deben realizar esfuerzos
en seleccionar, identificar, desarrollar, promover y premiar al personal clave”
(p. 195), estableciendo la necesidad de una gestión de recursos humanos capaz
de diseñar e implementar programas y estrategias ajustados a la ontología
empresarial, al entorno, así como a las características peculiares de cada
empresa.
Referido
a este contexto, en las líneas 58 al 61, el referido actor expresa que “En
cuanto al personal administrativo, permanentemente los enviamos a la Cámara de
Comercio, quienes tienen muy buenos convenios para la formación laboral y de
tributos. Al personal le agrada mucho estar capacitándose”, ofreciendo su
perspectiva en cuanto a una de las acciones que le diferencian de las empresas
competidoras: la decisión de invertir en la formación del personal. En palabras
de Garvin (2000) “Para que las personas y las empresas puedan mejorar, primero
tienen que aprender” (p. 51), y aprender no solo lo pertinente al mejor
desempeño de sus responsabilidades en sus determinadas áreas de influencia,
sino a todo un sistema de principios y valores que emergen de la filosofía de la
gestión organizacional, como lo significa el actor social, lo cual se devela de
su discurso.
A
tal aspecto, conviene considerar las resultas de la investigación social
llevada a cabo por la Universidad Católica Andrés Bello en relación al tema de
la pobreza en Venezuela, que España (2004) en su ensayo introductorio declara
“El estudio predeterminó cinco grandes espacios de interacción social, los
cuales constituyen las principales agencias de socialización de los individuos:
la escuela, el trabajo, la familia, las asociaciones civiles y las
organizaciones religiosas” (p. 53), lo que advierte del rol fundamental que
juega la empresa en el desarrollo o no de ciudadanos en y para la sociedad, al
empoderarlos no solamente con la transferencia de conocimientos en cuanto a información
pertinente a sus responsabilidades laborales, sino con la enseñanza de
prácticas modernas que coadyuvan a su inserción y movilidad social,
considerando el significado social del trabajo y el valor que este conlleva.
En
Venezuela, existe un antecedente en inversión educativa a nivel laboral que me
resulta pertinente relatar: en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación publicada en fecha 03 de mayo de 2.005 (ya derogada) se establecía
la obligatoriedad de un aporte del 0,5% de los ingresos brutos anuales que
debían apartar aquellas empresas privadas con una facturación mayor a 100.000
Unidades Tributarias (UT) según la declaración del ejercicio anterior, para ser
destinados en el financiamiento de actividades
necesarias para el avance social, político y económico del país, desde la
ciencia, tecnología e innovación. Para aquel momento, el instrumento jurídico
permitía según el numeral “e” del artículo 42, que las empresas destinaran todo
o parte de dicho aporte en la “Formación del talento humano en normativa,
técnicas, procesos y procedimientos de calidad, relativos a las empresas
nacionales” previa aprobación del proyecto de inversión propuesto por la
empresa, por parte del órgano competente. Los resultados de esta estrategia
surgida de la obligatoriedad impuesta por la ley, contribuyó en crear cierta
conciencia en algunos empresarios sobre la necesidad de invertir en el
empoderamiento del recurso humano, pues los ingresos financieros que generaba
un personal altamente capacitado y con saberes actualizados, superaban en
creces los montos erogados en dicha formación, y por ende, se estaba creando
valor para la empresa, lo cual permite comprender la significatividad de los
argumentos que sobre ello, desarrolla el actor social A.
Del
discurso puede interpretarse que el actor social A desarrolla una gestión que
contiene elementos propios de un capitalismo solidario, es decir, una
consideración por el rol que juega el hombre en el proceso organizacional. En
palabras de Márquez (2009), es la “importancia del hombre en el sistema como
eje central y no como un insumo carente de sentido humano y sin expectativas o
ambiciones más allá de la actividad relacionada con la misión de la empresa”
(p. 58), lo cual deviene en una organización más humana, con mejores relaciones
interpersonales entre los miembros de las diversas escalas jerárquicas, lo cual
pudiera incidir en una mejor sociedad, vista la transferencia de conocimientos
y la inculcación de actitudes más cónsonas con las dinámicas actuales. Lo
referido se enmarca en una actualización del capital humano como estrategia
diferenciadora, tal como lo refiere el actor social, quien no da cuenta de las
estrategias a seguir para desarrollar programas de actualización y capacitación
del personal, pero asumir este compromiso considero que es un reto, en un
ambiente marcadamente caótico y presionado por el desarrollo y viabilidad de la
empresa, de lo cual, las personas que forman parte de ella, deberían ser
informadas, para generar otros estadios de conciencia sobre las nuevas formas
de trabajo que garanticen la sobrevivencia organizacional.
En
este orden de ideas, el actor social D declara en las líneas 4 a 6 “Me parece
que en la medida que las personas cuenten con la información, son más
dispuestos a cumplir las metas establecidas. Obviamente hay un seguimiento”, y
en este sentido confluye con la visión del actor social A en cuanto a la
gestión del conocimiento, la necesidad de explicitar las razones, los
propósitos de las metas propuestas como una estrategia que propicia la
disposición del personal en cuanto a comprometerse activamente en la ejecución
de las tareas asignadas. Seguidamente, en las líneas 10 a 12 afirma que “El
nivel de rotación de personal en la empresa es muy bajo. Quienes llegan, se
quedan. Esta estabilidad me indica que existe un buen ambiente de trabajo”
otorgando significancia al clima organizacional como una de las resultas de sus
funciones como administrador y que puede cuantificarse, según él, en los bajos
niveles de rotación de personal que su empresa evidencia, lo que contiene un
sentido de seguridad y aceptación respecto al personal.
Sin
embargo, de su discurso asoma un elemento que también aporta a la concepción de
la praxis gerencial, cuando sostiene que “(…) Obviamente hay un seguimiento”
refiriéndose, según caracteriza, a la cuarta función básica de la ciencia
administrativa: la evaluación. Podría interpretar, que el actor no asume una
postura pasiva en el día a día de su gestión, por el contrario, se involucra
activamente a fin de validar que lo planificado concuerde con los resultados
que se están obteniendo, lo que conlleva la calidad de la gestión. A tal
respecto, Garvin (op. cit) establece que “se necesitan mejores herramientas
para examinar el nivel y ritmo de aprendizaje de la empresa, a fin de saber si
se ha logrado alguna mejora real” (p. 55), pues compartir conocimiento a lo
largo y ancho de la estructura organizacional tiene sus costos asociados:
riesgos de que el “know how” o información confidencial pueda colarse fuera de
la firma, costos asociados a la constante capacitación, implementación de
sistemas informáticos que gestionen amplias bases de datos, entre otros, todo
lo cual pudiera ser justificado si impacta favorablemente en el clima
organizacional, la motivación del personal y la disposición a cumplir las metas
establecidas de una manera óptima y oportuna, traduciéndose en una efectiva gestión
del conocimiento para el cumplimiento de los objetivos y propósitos definidos, lo
cual redunda en la sustentabilidad organizacional.
En
conexión con este desarrollo, el actor social A exterioriza en las líneas 49 y
50 lo concerniente a la remuneración del personal, cuando enuncia: “Los
incrementos salariales me permite motivarlos a que sean más efectivos, más
eficientes, para no incrementar nuestra nómina”, todo lo cual manifiesta su
intencionalidad en retener a los empleados que ya están contratados y a su vez motivarlos
a trabajar de forma que ayuden a la empresa en alcanzar sus objetivos estratégicos,
sin necesidad de atraer a nuevos trabajadores de calidad del mercado laboral, en
aras de obtener una mayor productividad por empleado y menores erogaciones en
contratación de personal. En torno a ello, Gómez-Mejía (2003) expone que los
incentivos salariales “pueden proporcionar una recompensa al empleado en base a
su contribución individual o en base al rendimiento del grupo, la división o
toda la compañía” (p. 520), destacándose constantemente la rentabilidad que se
exige como expresión dialéctica en la mayoría de las decisiones gerenciales,
sea el ámbito organizacional que fuere, que en esta ocasión está significado en
la remuneración adicional que percibe el capital humano, sí y solo sí, sus
aportes a la organización son mayores cuantitativamente, al presupuesto
asignado en bonificaciones especiales. Esta praxis gerencial se circunscribe a
una remuneración al capital humano que aun cuando persigue criterios de
rentabilidad, a su vez confiere una significancia que dignifica su labor, dado
el reconocimiento a su trabajo, lo cual reporta en un estado emocional que lo
motiva a seguir superándose en permanente reciprocidad. Es un compartir entre
las partes en constante ciclo ascendente, recíproco, auto-organizado, que se
apoya en la teoría de sistemas, en sus dimensiones decisorias, dialógicas y
complejas.
Ampliando
la temática, el actor social D indica en las líneas 12 a 14 lo que sigue: “Con
respecto a los paquetes de remuneración, al evaluar el mercado, no somos los
que mejor o peor pagamos, pero nos encontramos en el rango. Trato de incluir
bonificaciones no monetarias” concurriendo en dos dimensiones que deseo desarrollar
de su prédica. En primer lugar, hace mención a su sistema de retribución
fundamentado en estudios de mercado, sin declarar si los mismos son profesionales
o no, contratados a terceros o de su autoría, pero que le permite determinar
los intervalos de remuneración de algunos referentes del sector, para conseguir
una equidad externa, o sea, unos beneficios laborales que sean compatibles con
los recibidos por trabajadores de otras empresas en trabajos similares.
De
allí, su competitividad en los paquetes salariales ofrecidos que se constituye,
según mi apreciación, en uno de los factores que incide en su bajo nivel de
rotación de personal. Seguidamente, expone su deseo de concertar aspectos no
monetarios en la bonificación al personal, tal como “si estudian, se les paga
parte de la matrícula” línea 15, lo cual es considerado por Gómez-Mejía (op.
cit) como “retribuciones o prestaciones indirectas” (p. 520) que contribuyen
significativamente con el poder adquisitivo del empleado e incluso, con los
sentimientos de valía personal, todo lo cual configura el diseño e
implementación de políticas de remuneración competitivas y solidarias, que humanizan
la organización.
Ya
en la dimensión sobre cómo estructurar la organización del trabajo, el actor
social C aporta en las líneas 8 a 12 de su discurso que “En nuestro caso, unas
personas para que hagan el “front-office” que vienen a ser las personas que
atienden a los clientes. Otras personas que apoyan y representan el
“back-office”, quienes cubren los asuntos operativos”, compartiendo los
términos comúnmente usados en las empresas prestadoras de servicios financieros
tales como, las casas de bolsa. El estructurar las tareas para el logro de los
objetivos como parte de la gerencia de la toma de decisiones, es base de
teorías de funcionamiento organizativo que a lo largo de la historia han
recibido aportes de científicos, según advierte Ibañez y Castillo (2012), tales
como “Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Carlos Marx, Max Weber, Adam
Smith, entre otros” (p. 232), que en este ejemplo se le enmarca en el principio
de la división del trabajo propuesto por Smith en su obra “Investigación sobre
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, citado por Ibañez y
Castillo (op. cit), siempre en pro de normar, de indagar e implementar el estándar
que propicie el uso óptimo de los recursos disponibles, lo que actualmente se
reconoce como redistribución o reconocimiento del trabajo.
En
relación a ello, es conveniente advertir que la mayoría de las medianas y grandes
empresas han adoptado la estructura organizacional de tipo funcional, cuyo
origen se remonta a los principios de la división del trabajo, y que Chiavenato
(op. cit) desglosa como “este tipo de agrupamiento, que reúne elementos por
conocimiento, habilidades y naturaleza del trabajo, se centra en las
capacidades y en las tareas en escalas especializadas” (p. 40), lo que permite
al actor social, contar con personal competente para la atención al público en
un departamento y, asignar los aspectos operativos a empleados que tienen otro
perfil y habilidades, todo lo cual facilita las acciones de dirección
gerencial, en cuanto a capacitaciones, diseño e implementación de indicadores
de gestión, especialización del personal, optimización en los tiempos de
respuesta, entre otros. De allí que puede proponerse la organización del
trabajo como una estrategia que se infiere desde el discurso del actor en
referencia.
De
manera subsecuente, el actor declara en las líneas 12 a 14 “Luego, contratamos
personal “outsourcing”. Por las dimensiones que tenemos, no contamos con un
departamento de mercadeo, sino que contratamos una firma que se encarga de los
temas de mercadeo”, delegando en terceros las tareas que no son medulares al
negocio, bien sea por los altos costos que acarrearía la contratación de
personal especializado en el área o la presencia en el mercado de empresas
competentes que ofrecen una excelente relación precio-valor en la cotización de
sus servicios. Con respecto al actor social C, entiendo que es proclive a la
tercerización en aspectos de mercadeo como una política de apoyo
organizacional, otorgando sentido a las emergentes formas de comprender la
manera de delegar recursos orientados a cumplir ciertas tareas, para ser
desarrollados por entes externos prestadores de servicios especializados, en un
marco que incide favorablemente en la sostenibilidad de la organización.
Sin
embargo, tanto la división del trabajo como la tercerización pueden tender a la
promoción de puntos de vista estrechos, predisponiendo a un pensar y actuar
individualista por parte de cada especialista, según sus áreas de influencia, omitiendo
las posibilidades de un abordaje más amplio. Pero se comprende que esto no
ocurre en su empresa, según interpreto de la declaración contenida en las
líneas 21 a 23 “(…) nos fijamos unas dos o tres metas no negociables, que deben
alcanzarse en el año y trabajamos todos juntos en función de alcanzarlas. Luego
es un tema de reuniones semanales, donde hacemos seguimiento”, lo que implica
la interacción departamental para el compartir de las mejores prácticas
empresariales, el análisis de la información que brindan los indicadores de
desempeño, el avance en el cumplimiento de los objetivos, la asistencia a
jornadas de capacitación, entre tantas otras estrategias que inciden en la
sustentabilidad y viabilidad de la empresa, así como en su clima
organizacional.
Del
discurso del actor social asumo su comprensión de la teoría gerencial, pues
aprovecha las bondades que brinda la departamentalización y tercerización, pero
atendiendo la necesidad de confluir en encuentros donde participen todos los
trabajadores, para mantener su sensibilización sobre los objetivos generales
como guía de sus funciones específicas. Comparte esta posición Piñango y
Monteferrante (2008) al considerar que “una amplia participación del personal
puede resultar conveniente por razones de principio o porque facilita algunos
procesos” (p. 292), sin embargo advierten que esta confluencia impone ciertas
exigencias de gestión para no poner en peligro la misma existencia
organizacional, debido a los riesgos de que personal no capacitado monopolice la reunión
y/o afecte el clima organizacional por sus actitudes o demandas. Y si a esto ha
de añadirse el entramado de leyes promulgadas durante los últimos quince años en
el país y que versan sobre “un sistema de economía socialista” (p. 21), como
refiere Alfonzo (2012), los riesgos podrían incrementarse considerablemente.
Pero en términos generales, el actor en su accionar configura una estructura
organizacional reticular compartida que ofrece amplios beneficios a su
organización.
En
cuanto a los enfoques gerenciales, el actor social D hace mención en las líneas
17 a 19, a “Nuestra organización es una
empresa de gente que atiende a gente. Sin el capital humano, la empresa deja de
existir, por nuestra cualidad de empresa de servicio”, debido a que su
organización pertenece al sector de servicios financieros donde se otorgan
microcréditos a emprendedores del sector formal e informal, lo que implica a su
vez que la empresa no maneja inventarios de productos en proceso o terminados
como tal, sino recursos financieros que se intermedian con los demandantes a
cambio de unos ingresos por concepto de interés. Desde esta óptica, puede
interpretarse acertadamente su alegación “gente que atiende gente”, pues el
éxito organizacional de su financiadora se fundamenta en una red de relaciones
personales entre los empleados y los beneficiarios que hacen vida en distintas
localidades de la circunscripción territorial.
Ahora
bien, subyace toda una filosofía de gestión cuando se afirma que el personal
atiende a “gente” pues son innumerables las organizaciones que parecieran
contrastar en lo afirmado, al mantener en nómina a personal de atención al
cliente desmotivado, ineficiente, sin la disposición para brindar un servicio
de calidad o una respuesta oportuna. Atender a “gente” puede denotar una
práctica intencional en satisfacer los requerimientos de aquellas personas que
en definitiva controlan los ingresos de la organización, visto que los gerentes
tan solo pueden controlar los costos y gastos. En razón de ello, enunciar que
el personal está enfocado en atender a los clientes con sentido humano, pudiera
interpretarse en el entendimiento de que su atención principal se orienta a
satisfacer los requerimientos de los colegas y/o superiores, en concordancia
con las necesidades del cliente, como indicador de efectividad en sus funciones
delegadas.
Ya
Kaplan y Norton (1996) aportaban al respecto, en una de las perspectivas de la
herramienta que legaron al mundo gerencial, el Cuadro de Mando Integral: “las
empresas que no comprendían las necesidades de sus clientes descubrieron al
final que los competidores podían hacer incursiones, al ofrecer productos y
servicios mejor alienados con las preferencias de sus clientes” (p. 76), pues
lo común según sus investigaciones es que las empresas se concentraban hacía sí
mismas, otorgando preponderancia a sus capacidades internas, enfatizando las
bondades de sus productos y/o la innovación tecnológica. En la
contemporaneidad, es aceptado en términos generales, que toda empresa deseosa
de actuaciones financieras superiores, debe concebir y entregar productos y
servicios que sean valorados por los clientes, así como desarrollar relaciones de
calidad con la clientela y servicios post-venta, entre otras actuaciones. Dicho
esto último, el actor social D se destaca en su discurso por una praxis
gerencial orientada a la gestión del servicio al cliente, considerándolo como
la razón de ser de la organización, un ser humano al cual aporta un producto
y/o servicio de calidad y que éste significa y valora, regresando a la empresa
en demanda de sus servicios.
Otro
planteamiento expuesto por el mismo actor aparece en el contenido de las líneas
19 a 23 “(…) contamos con una plataforma tecnológica integrada provista por un
grupo mexicano gracias a la firma de un “leasing” desde la cual se nos permite
llevar el control de la cartera de créditos, contabilidad, control de
presupuesto, entre otros, lo que lo hace funcional para este tipo de negocios” implicando
la importancia de los sistemas informáticos en la productividad de las
instituciones microfinancieras, debido a la complejidad de las múltiples
operaciones propias del negocio: apertura de expedientes por beneficiario,
control de créditos otorgados, cálculos financieros por variación de montos
otorgados, tasas y cuotas, vencimientos, productividad por personal, por
producto, por oficina, registros contables, control presupuestario, apoyándose
así, en un “software” que recoge los avances en el área.
También
entre líneas, puede leerse que el actor social es consciente de la
competitividad que aporta a la organización el uso de sistemas especializados
en el sector de las microfinanzas. Para ello, se ha apoyado en una alianza
estratégica bajo la figura del arrendamiento financiero, con un proveedor mexicano,
lo cual le permite adaptar sus procesos internos a un sistema ya probado en
otras latitudes, con el consiguiente ahorro en costos y tiempos de desarrollo,
implementación, puesta a punto, que generalmente acompaña la decisión de
desarrollar programas computacionales a la medida. Y no solo ello, Castello y
Danel (2007) aportan que “las nuevas tecnologías representan grandes
oportunidades para que las instituciones de microfinanzas amplíen
considerablemente el alcance de sus servicios, reduzcan el costo de las
transacciones y lancen nuevos productos” (p. 189), pues existen para el sector,
desarrollos tecnológicos que han transformado la industria de servicios
financieros, atendiendo las diferencias específicas del sector, sus
oportunidades y desafíos especiales, todo lo cual permite comprender la gestión
innovadora, que basada en las nuevas tecnologías realiza este actor social, lo
cual evidencia su disposición a generar estrategias que apoyen el
empoderamiento de la organización para su completud y sustentabilidad.
Al
respecto, Gates (1999) a comienzos del presente siglo afirmaba “Ganar o perder
dependerá de cómo captemos, gestionemos y utilicemos la información” (p. 25), ya
que se necesita un flujo viable de informaciones fiables para agilizar los
procesos, elevar la calidad y mejorar la ejecución operativa. El común
denominador es que las empresas se adhieren a una departamentalización a tal
nivel, que incluso la información se desestructura, se pierde en el camino, se
repiten los procesos en diferentes niveles, ralentizando la toma de decisiones
por falta de información, o bien, por los cuestionamientos que sobre ella se
abaten por su falta de fiabilidad. Todo lo contrario a lo que se percibe del
actor social D, pues la plataforma tecnológica que ha implementado es
“integrada”, revelando que su praxis se enmarca en una efectiva gestión de
tecnología de la información, amén de las interpretaciones que de sus aportes
ya he referido.
Como
colofón al diálogo instaurado con el actor social D en lo concerniente a la
praxis gerencial, en las líneas 31 a 35 expone “Considero
importante la difusión de lo que hacemos pues nos permite darnos a conocer, no
solo a potenciales clientes sino a otras instituciones microfinancieras, para
que sepan que estamos en el mercado y podamos participar en programas en
conjunto. Esto aporta mucho valor a nuestra marca”, proponiendo realizar
esfuerzos para divulgar en la comunidad los servicios que se ofrecen, aparte de
su intencionalidad en pertenecer a redes empresariales que busquen la
cooperación y el desarrollo de proyectos
específicos, estimando como positivo el impacto que estas acciones aportan a la
marca. En tal sentido, Aaker (2006) valora que “el reconocimiento de una marca
ha demostrado afectar a las percepciones e incluso al gusto: las personas
prefieren lo familiar” (p. 33), lo cual implica la pertinencia de promocionar
las actividades de apoyo a sectores desfavorecidos que proporciona la empresa
del actor en referencia, en cuanto a “lo familiar”, en sentido de la identificación
y pertenencia que resultará en clientes actuales y/o potenciales, fidelizando a
los ya existentes y ampliando su cartera de beneficiarios. Interpreto así, que
el actor concibe la gestión de la marca corporativa como una de sus estrategias
empresariales, aunque no lo devela explícitamente como tal, lo que considero un
empoderamiento ideológico que se comprende desde su discurso.
Entre
tanto, el actor social B se abre a la dimensión de las oportunidades y
amenazas. Cito las líneas 8 a 11 de su entrevista: “(…) cómo cambia la realidad
de un momento a otro, y justificar una estructura de costos para poder percibir
ingresos y mantener la empresa. En Venezuela, de un día para otro te cambia la
dinámica. Como somos una empresa importadora…” de lo cual se significa que se
abate en el dualismo de las vivencias propias de la microeconomía, tal como
refiere de la necesidad de ingresos, de la estructura de costos, de elementos
internos concernientes a su personería jurídica. Y si con estos desafíos ya no
fuera suficiente, refiere al entorno donde su empresa opera, los constantes
cambios en diversas dimensiones de la realidad socio-económica del país y cómo
esa dinámica hace colisión con su hacer administrativo, con su praxis
gerencial. Añádase a esto, el sector comercial donde hace vida: las
importaciones, lo cual amerita cálculos adicionales sobre el valor y/o la
estabilidad o no de la moneda local, contra una cesta de monedas de intercambio
comercial a nivel internacional, que pudiera incidir en pérdidas patrimoniales
si las proyecciones se desbocan de su curso. Todo ello exige, una praxis
orientada a la adaptabilidad al entorno socio-económico.
En
prosecución y manteniendo una coherencia pragmática y cronológica en su
discurso, el actor social a continuación se decanta por el impacto que el
entorno también tiene sobre sus compradores, líneas 16-19, al afirmar que “Los
clientes están acostumbrados a una tarifa que sea vigente de seis meses a un
año. Entonces, debe proyectarse cuáles van a ser tus costos, para poder
estimarlos en tu estructura y conocerlos en tiempo real”, delatando un elemento
propio de economías hiperinflacionarias: los constantes cambios en los precios.
La literatura sobre el área gerencial poco se detiene en desafíos pertinentes a
entornos inflacionarios, pues la mayoría del concierto de naciones ha superado
estos estadios en sus economías. Sin embargo, del discurso se interpreta una
anomalía en el deber ser, pues no se trata de que los clientes se “acostumbren”
o no a una normalización en los precios de los productos y servicios, sino que
viene a constituirse en una expectativa del gerente, de contar con precios
estables, que es satisfecha de manera natural en casi cualquier país del mundo.
Lo referido obliga al actor social a un conocimiento día a día de su estructura
de costos, aunque el marco jurídico venezolano es muy propenso al control de
precios, tal como se puede interpretar de la Ley Orgánica de Precios Justos, en
su reforma del 2014, que impide al empresario considerar los constantes cambios
en dicha estructura.
Hay
otro aspecto que expresa el actor social B que refiere a estrategias no
tradicionales que se desvían del hacer gerencial propio de entornos sociales
favorables a la libertad económica. A continuación, las líneas 38 a 43: “Para poder remunerar competitivamente al talento humano y
aún así mantener nuestra empresa como un proyecto con viabilidad, hago magia.
Hemos tenido que abrir nuevas empresas, separar operaciones, crear un
corporativo, una empresa “holding” que cobre regalías por el “know how” y el
manejo de marca y con esos ingresos adicionales valorar de manera compensatoria
al personal clave”, lo que promueve toda
una serie de prácticas que conforman un entramado de operaciones y complejizan
el normal funcionamiento de la organización, aunque interpreto que la
intencionalidad no es incurrir en acciones fuera del ámbito de la ley, sino
todo lo contrario, poder justificar ingresos adicionales desde economías de
escala “creativas” en aras de remunerar adecuadamente al capital humano. Lo
precedente contiene su carga valorativa en cuanto a prácticas gerenciales no
tradicionales, que implican a su vez rupturas paradigmáticas del ser gerente,
pero en su esencialidad es el aprovechamiento de los ínfimos espacios legales
para actuar en el reducido ámbito de lo permitido, eludiendo tangencialmente el
territorio de lo prohibido.
Paralelamente
y para dar cierre a la hermeneusis de la praxis gerencial como unidad
interpretativa, me es preponderante destacar lo dicho por el actor social A en
las líneas 221 a 225, al referir que “(…) consideramos que gran parte de
nuestra carta de presentación es que nosotros si cumplimos, lo que ofrecemos es
despachado, los precios que manejan son más justos, así que, la falta de temor
viene por esto también, porque confío en que Dios nos está ayudando”, lo que comprendo
como una confluencia ética-científica-teológica que consumirá a continuación un
breve número de líneas, para trazar una primera aproximación al respecto,
siempre permeado de mi subjetividad. Deseo plantear inicialmente que, la
preponderancia asignada por el empresario a la rentabilidad como indicador del
éxito organizacional puede atentar contra la viabilidad del emprendimiento
empresarial, o sea, su permanencia en el largo plazo. Basta repasar algunos
nombres corporativos y personales que están íntimamente asociados a escándalos
financieros de alcance mundial: Enron, WorldCom, Barings, Bernard Madoff, Allen
Stanford, entre otros, quienes tuvieron en común la obsesión por hacer dinero
sin tomar en consideración principios éticos o marco jurídico vigente en sus
jurisdicciones.
A
este propósito, Velasquez (2000) estima que “el comportamiento ético es la
mejor estrategia de negocios a largo plazo para una empresa, un punto de vista
que ha sido aceptado cada vez más durante los últimos años” (p. 5), pues es
altamente rentable ofrecer, por ejemplo, productos fabricados con componentes
de baja calidad o con mano de obra en condiciones de explotación, o configurar
servicios financieros que prometan tasas de interés superiores al mercado pero
sustentados en operaciones de alta especulación, evidenciando que actuar sin
ética es un gran negocio, pero solo en el corto plazo. Por ello, las
organizaciones que se plantean como estrategia la viabilidad, eluden parte de
las ganancias de corto plazo para actuar corporativamente en el ámbito de lo
legal y más allá, en lo ético, en aras de establecer relaciones comerciales de
largo plazo. Cabe señalar entonces, que el actor
social A expresa la percepción que los clientes tienen sobre su empresa: precios
competitivos y cumplimiento de compromisos como carta de presentación, lo que
propone el sentido ético de la praxis gerencial en ese recorrido del “cómo”
hacer gerencia, fundamentado en principios y valores que configuran las
dimensiones morales del ser gerente, y a su vez, devienen en elementos
constitutivos de gratificación a sí mismo, por el bien hacer así ejecutado.
Seguidamente,
el actor hace mención a una referencia teológica, “Dios nos está ayudando”, que
pudiera tener incidencia en la carga de valores entrelazada en su filosofía de
gestión. En correspondencia con este planteamiento, Taylor (1996) cita a Weber
así “la noción puritana del llamado a una vida cristiana, contribuía a
propiciar un modo de vida centrado en el trabajo disciplinado, racionalizado y
regular, (…), y que esta forma de vida facilitó mucho la implantación del
capitalismo industrial” (p. 241) como una de las influencias formativas de la
ética del trabajo de la cultura moderna capitalista, en el mundo anglosajón,
que instaba a un trabajo continuo y disciplinado así como a la sobriedad y al
comedimiento en el goce de los frutos, o sea, a los primeros pasos de la
acumulación de capital como uno de los motores del capitalismo, lo que no
configura el entendimiento del actor social, pues su sentido espiritual de
recibir el apoyo de Dios, lo invita a manifestar su praxis con un sentido ético
y bajo principios de solidaridad cristiana, desde la cual la disciplina como
norma excluyente y subyugadora del trabajador no tiene cabida. Se construye la
simbiosis rentabilidad-ética que deviene en un círculo virtuoso que mejora la
calidad de vida del emprendedor e impacta positivamente en la sociedad, con
generación de empleos, transferencia de actitudes modernas, oferta de bienes y
servicios de calidad, pago de impuestos, responsabilidad social, en fin, un
sentido valorativo de la praxis gerencial.
Esta
praxis que exige una consideración muy especial al entorno inestable que
caracteriza la sociedad venezolana, como parte del hacer gerencia en este mí
país, me ha motivado en concebir una segunda unidad hermenéutica para
interpretar y comprender desde los actores sociales, el contexto
socio-económico venezolano.
Ya
en el meridiano de los hallazgos, procedo a la síntesis del discurso de los
actores sociales, con el propósito de interpretar los sentidos y significados
que le atribuyen a la interrogante ¿Cómo interpreta el contexto socio-económico
venezolano? la cual configura la segunda unidad hermenéutica de la
investigación.
A
este propósito, el actor social A plantea una ilación del actuar como gerente en
el ámbito de lo microeconómico, con respecto a factores que pertenecen al mundo
de la macroeconomía, cuando expresa en las líneas 71 a 75 que “(…) a menor
capitalización de las empresas, hay menos inversiones, porque uno como empresario
lo que hace es reinvertir los excedentes para que surjan nuevos proyectos, pero
en una economía inflacionaria no tiene sentido acumular, lo que vale la pena es
invertir permanentemente”, develando premisas naturales en el hacer gerencial,
tales como la creación de rentabilidad, la reinversión de los recursos
financieros, el análisis de proyectos de inversión, los costos de oportunidad y
la configuración de nuevos desafíos empresariales, todo ello frente a un marco que
él adjetiva como “economía inflacionaria”, por ser uno de los fenómenos que mayor
le significa desde su apreciación, propiciando una acción gerencial no
tradicional, cuando manifiesta “no tiene sentido acumular”, según se interpreta
del planteamiento expuesto por el actor en referencia.
Así,
es pertinente profundizar sobre esta última expresión, lo ilógico que
representa para el actor social el mantener excedentes, a pesar de señalarse la
acumulación de capital como uno de los motores del capitalismo, ya referenciado
en la primera instancia cognitiva por Gómez (op. cit). Incluso, la creación de
valor, los nuevos emprendimientos, el crecimiento organizacional, todo ello apunta
a la acumulación, al incremento patrimonial, bien sea en recursos financieros
disponibles o activos reales e intangibles. Entonces, ¿Qué desea significar el
actor social A? En la búsqueda de sentido, interpreto que hace alusión a lo
inconveniente de mantener disponibilidades en divisa local, en un entorno de
economía con constante pérdida adquisitiva de su moneda, debido a una serie de
incidencias de índole macroeconómico que repercuten en la desvalorización de la
misma.
Desde
esta perspectiva, se intuye el espíritu de lo que priva a nivel internacional, cuando
del Manual Operativo de la División Interamericana de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día (2012), se esbozan lineamientos con respecto al
manejo financiero por parte del liderazgo de esta organización eclesiástica, en
los países donde tiene presencia, al considerar “en situaciones inusuales, tales
como una inflación excesiva y rampante, o moneda altamente inestable y
rápidamente devaluada, el mantener un exceso de efectivo (…), puede dar como
resultado pérdida substancial” (p. 551-552), aportando este material dos
aspectos a considerar. Primeramente, la inflación galopante es una situación
inusual, afirmación que puede ser comprendida en el contexto de la gran mayoría
de los países del mundo civilizado que no enfrentan este tipo de desafíos, por
el manejo responsable de las políticas fiscales y monetarias que realizan sus
autoridades gubernamentales. Seguidamente, la cita expone la posibilidad de una
“pérdida substancial” si se mantienen excesos de efectivo, más allá de la
previsión para el cumplimiento de los compromisos financieros básicos a título
organizacional, en el corto y mediano plazo.
Dado
que, el BCV (2015) anunció en su portal web que la inflación para el año 2014
fue de 68,5 % según los incrementos registrados por el índice nacional de
precios al consumidor, puede presumirse que las disponibilidades en efectivo
que mantienen los empresarios, de las operaciones propias de sus
organizaciones, sufren la pérdida del poder adquisitivo y, desde esta asunción,
se comprende la orientación praxeológica
del actor social A cuando opta por una inversión constante de los excedentes,
en contraste con un ahorro pasivo de dichos recursos. En otras palabras, el
propósito expresado es crear valor por encima del índice de inflación, para
poder conservar el patrimonio de la empresa, lo cual implica el análisis del
costo de oportunidad de los nuevos proyectos de inversión y/o la reinversión en
las operaciones actuales, para que la rentabilidad esperada sea superior a la
inflación estimada, en el tiempo de recuperación de la inversión.
Por
esto, las palabras introductorias “a menor capitalización de las empresas, hay
menos inversiones”, le significan otra premisa a la ciencia y/o el arte
gerencial, como prefiera aludirse, en relación a la conservación o crecimiento
patrimonial, que en Venezuela representa un desafío importante para quienes
lideran emprendimientos privados, pues el fenómeno de la inflación incide en la
capitalización de las empresas, vía pérdida del valor del dinero y por ende
disminución en la capacidad adquisitiva de los recursos financieros, lo que
impacta consecuentemente en la implementación de planes de negocios para
potenciales emprendimientos o reinversiones en la propia empresa, tal como
interpreto del discurso esbozado por el actor social A.
Hay
sin embargo, otra referencia en su planteamiento, cuando menciona en las líneas
88 a 93 que “Ciertamente, hay gran liquidez en la calle pero está representado
en dinero inorgánico que produce el Banco Central de Venezuela. Hay mucho
dinero en la economía y una alta demanda. La gente tiene el dinero pero no hay
que demandar, así, las menores ventas se deben a menor oferta de productos, no
es por falta de demanda ni de liquidez”, sugiriendo desde su perspectiva
funcionalista, unas relaciones causales entre liquidez-dinero inorgánico, así
como entre menores ventas-menor oferta, que podrían resultar inverosímiles en
otras latitudes, pero que en Venezuela parecen hacer acto de presencia en su
contemporaneidad. Interpreto, que el actor social A vivencia situaciones
atípicas en la gestión de sus operaciones, por el comportamiento macroeconómico
del país, pues se supone que una mayor liquidez como política monetaria, favorecería
una mayor demanda en bienes y servicios, así como una menor oferta de productos
en el mercado representaría una gran oportunidad para hacer negocios, pero él
manifiesta “no hay que demandar”, o sea, existen índices de escasez en
renglones que el actor social no referencia, pero que conforman su cotidianidad
a nivel empresarial.
Si
bien es cierto, la inflación es el fenómeno relativo al constante incremento de
los precios en los bienes y servicios, motivado en parte, en la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, no se esperaría que tenga su génesis en una
política de Estado, pues en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), en su artículo 318 relativo al Sistema Monetario Nacional, se estipula
explícitamente que
Las competencias monetarias del Poder Nacional serán
ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela.
El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad
de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria (…)
(p. 131)
El
contenido del articulado es opuesto a lo expresado por el actor social A,
cuando señala “hay gran liquidez en la calle pero está representado en dinero
inorgánico que produce el Banco Central de Venezuela”, emergiendo una
ambivalencia interpretativa con respecto al mismo fenómeno en cuestión, que me
induce a contrastar ambas posturas con lo real, para fijar apreciación con
respecto a la legitimidad de lo expresado, pues el análisis
fenomenológico-hermenéutico en desarrollo no pretende ser sustentado en el
subjetivismo puro, sino en la rigurosidad académica y científica, que es propia
en los trabajos de investigación pertinentes a las ciencias sociales.
Por
consiguiente, es oportuno validar la información estadística correspondiente a
los agregados monetarios que publica el BCV (op. cit), para conocer el
comportamiento del indicador de liquidez monetaria, año a año, para el período
diciembre 2012-diciembre 2014; estableciéndose que para el 28 de diciembre de
2012 el dinero circulante y los depósitos a la vista se ubicaban en 715.756.000.000
Bs., mientras que para el 27 de diciembre de 2013 esta cifra se situó en
1.209.777.000.000 Bs., representando un salto en la liquidez monetaria de 69%
en el plazo de solo 12 meses. Luego, para el 26 de diciembre de 2014 la cifra
se colocaba en 2.001.114.000.000 Bs., que en relación con la información
disponible para el cierre del 2013 representa un incremento de 65,41%, un salto
que es comparable porcentualmente al ocurrido en el año 2012. Sin embargo, del
análisis precedente no puede señalarse la emisión de dinero inorgánico como
política de Estado, pues es necesario atender la declaración de misión del BCV,
señalada en el artículo 4 ya referenciado, cuando se expresa “preservar el
valor interno y externo de la unidad monetaria”, ameritando un estudio
comparativo en relación con otras divisas de intercambio internacional que, en
este caso, corresponde al examen en el comportamiento de las reservas
internacionales de Venezuela, las cuales están nominadas en dólares americanos.
Para
ello, es coherente acudir a la información oficial que sobre este indicador también
publica el BCV (op. cit), en aras de satisfacer mi búsqueda del rigor
científico, por considerarlo propio de una indagación responsable. Así, para el
28 de diciembre de 2012 las reservas internacionales correspondían a 29.890.000.000
USD, mientras que para el 30 de diciembre de 2013, las mismas se ubicaban en
21.481.000.000 USD, lo que representa una caída de 28,14% con respecto al
cierre del año anterior. Por su parte, para el 30 de diciembre de 2014 las
reservas se sitúan en 22.080.000.000 USD, denotando un incremento de tan solo
el 2,78%, con respecto al cierre del 2013. Ahora bien, si la liquidez monetaria
en el año 2013, evidenció un incremento del 69 % ,mientras que las reservas
internacionales sufrieron una caída del 28,14 %, tendría sentido afirmar que la
emisión de dinero por parte del órgano rector en política monetaria en
Venezuela no ha venido siendo acompañada de su correspondiente incremento
porcentual en el respaldo en moneda extranjera, especie de caja de conversión que
hubiese impactado favorablemente en “preservar el valor interno y externo de la
unidad monetaria” como corresponde al BCV , en sus obligaciones de rango
constitucional. Igual declaratoria, aplica para el comportamiento reflejado por
las variables macroeconómicas en referencia, en el año 2014.
En
razón a lo anterior, considero legítima la declaración del actor social A cuando
afirma “hay gran liquidez en la calle pero está representado en dinero
inorgánico que produce el Banco Central de Venezuela”, pues no se corresponde a
una interpretación carente de evidencia en el plano macroeconómico, sino que
deviene de unas actuaciones establecidas por la persona jurídica de derecho
público que tiene competencias monetarias del Poder Nacional, según señala la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (op. cit), que han
configurado en la práctica, unas políticas macroeconómicas inflacionarias que
propician la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y con ello, una serie
de distorsiones que vienen a impactar el acontecer económico del país.
Una
muestra de lo expresado lo apunta el actor social D, cuando señala en las
líneas 70 a 73 que “La inflación nos saca
del juego porque un beneficiario de nuestros créditos antes solicitaba un monto
para comprar un bien y ahora no le alcanza para adquirirlo. Esto me obliga a
ajustar los montos a ofertar, para que esta persona pueda comprar el mismo
bien”, confluyendo en la apreciación del actor social A, en torno a una
economía caracterizada por incrementos periódicos en los precios de bienes y
servicios que impactan en la población en general. Es por ello que un
solicitante de servicios financieros, se ve en el cometido de acudir a
instituciones de empréstitos que le ofrezcan financiamiento por montos que le
permitan la adquisición de maquinaria o capital de trabajo, pues de lo
contrario, quedaría con disponibilidad en efectivo por créditos asumidos en
cantidades menores a sus necesidades y, con el compromiso de las cuotas por
pagar, sin aún tener la capacidad de obtener los activos que le generen los ingresos
necesarios para el cumplimiento de las contribuciones correspondientes. De
allí, que el actor social D se ve obligado, como ofertante de servicios
financieros, según expresa, a la implementación de estrategias reactivas,
buscando adecuar los servicios que ofrece, en correspondencia al entorno
inflacionario que se vivencia en Venezuela.
Además,
existe la segunda parte en la declaratoria del actor social A, referida a otro
fenómeno que ha venido a singularizar la sociedad venezolana, como lo es la escasez,
al plantear que “La gente tiene el dinero pero no hay que demandar, así, las
menores ventas se deben a menor oferta de productos, no es por falta de demanda
ni de liquidez”, lo cual implica, según interpreto, que el crecimiento de la
masa monetaria, así como no ha venido siendo acompañado de un incremento
proporcional de las reservas internacionales que la respalden, tampoco se
evidencia la progresión en la oferta de bienes y servicios, configurándose de
esta forma, dos círculos viciosos que impactan en la sociedad venezolana. El
primero de ellos, ya advertido, de una mayor liquidez en bolívares que no
corresponde a un incremento en los ingresos internacionales, nominados en
divisas, incurriéndose recursivamente en una pérdida del poder adquisitivo de
la moneda local. El segundo, que podría describirse como una mayor liquidez en
bolívares que no se equipara con un crecimiento o estabilidad en la oferta de
bienes y servicios, lo cual implica mayor cantidad de bolívares detrás de
menores productos, empujando los precios hacia el alza. De allí, los efectos
perjudiciales de una política monetaria laxa por parte de autoridades
gubernamentales en la materia, que se traducen en el aumento de variables
macroeconómicas como la inflación y la escasez, según refiere el actor social
A.
Sin
embargo, me es necesario contrastar la información estadística aportada por el BCV
(op. cit), correspondiente a los agregados macroeconómicos, en este caso el
Producto Interno Bruto (PIB), para validar mi postura interpretativa con
relación a la menor oferta de bienes y servicios que se evidencia en la
economía venezolana, según surge de los aportes referidos por los actores
sociales. Así, la última información oficial disponible con respecto al PIB, corresponde
al consolidado enero-septiembre 2014, y por ello expongo el análisis
comparativo con respecto al período enero-septiembre 2013. De este modo, el PIB
acumulado para el tercer trimestre de 2014 fue de 43.551.889.000 Bs., mientras
que para igual período del año anterior, se ubicó en 45.350.000.000 Bs., representando
una caída del 3,97%, o sea, una disminución en el conjunto de los bienes y
servicios producidos en el país, para el período en alusión.
Seguidamente,
hago explícita mención al comportamiento de ciertas actividades económicas que no
forman parte de la actividad petrolera que se desarrolla en el país. En cuanto
al sector manufactura, para septiembre 2013 alcanzaba la cifra de 6.427.730.000
Bs., entretanto, doce meses después estuvo en 5.838.033.000 Bs., lo que implica
una caída de 9,17 %. Por su parte, el sector construcción consolidó en los
primeros tres trimestres de 2013 la cantidad de 3.385.832.000 Bs. y para el
mismo período con cierre en septiembre 2014, la cifra fue de 3.046.409.000 Bs.,
significado un declive del 10,02%. Por último, traigo a colación las cifras del
sector comercio, que para septiembre 2013 se ubicaron en 4.515.117.000 Bs. y en
el interín enero-septiembre 2014 representaba 4.028.947.000 Bs., lo cual implica
una caída del 10,77 %, o sea, un comportamiento en estas actividades económicas
que figura una contracción dos veces mayor comparado con el PIB consolidado,
para el similar período.
En
razón a lo anterior, la economía venezolana no solo evidencia la emisión de
dinero inorgánico que podría incidir en una sensación de escasez, vista una
mayor disponibilidad de bolívares en tenencia de la población venezolana que
demandan un mismo número de bienes y servicios, sino que el BCV hace oficial
una contracción en el PIB en áreas estratégicas para el desarrollo del país,
como la manufactura, la construcción y el comercio, todo lo cual modela una
escasez generalizada, impactando a su vez el alza de precios, insumo esencial de
la inflación. Ejemplo puntual de ello lo señala el actor social A, cuando
expresa en las líneas 78 a 80 que “Uno de nuestros proveedores tiene una línea
de 412 productos que normalmente comercializaban hasta el 2014. Desde diciembre
del 2014, solamente comercializan 30
productos. Similarmente, el resto de nuestros proveedores”, escenificándose una
disminución en la oferta, inclusive a nivel de proveedores y mayoristas, que
configura un mercado poco competitivo en cuanto a la oferta, según se
interpreta de su discurso.
Por
su parte, el actor social D converge en asentir, en las líneas 49-57, que “(…)
la escasez es un factor que nos afecta (…) fíjate como cambia la mentalidad en
una economía de sobrevivencia. La gente en vez de estar pensando en su trabajo,
está pendiente en cómo hacer su cola para comprar productos y llevar a su casa.
Y no es un ítem”, adjetivándose en esta ocasión como “de sobrevivencia”, la
economía que acontece en el país, motivado en la presencia de largas filas de
compradores, en los comercios que disponen de inventarios, relativos a
productos de difícil accesibilidad.
Esta
situación, predispone la improductividad a nivel empresarial, pues los
empleados se están ausentando de sus puestos de trabajo en proporciones
significativas, en coincidencia con la aparición puntual de los productos que
presentan altos índices de escasez, los cuáles no son pocos, según el discurso
del actor social en referencia. Considero que, se está en presencia de cambio
de paradigma en el sentido de trabajo, pues el empleado requiere comprar los
productos que aparezcan, ausentándose de su puesto de trabajo, dejando de lado
las responsabilidades inherentes a sus compromisos laborales, lo cual refiere
una pérdida del valor social del trabajo e incluso de la dignidad del
trabajador, al tener que someterse a largos períodos de espera, en condiciones ambientales
desfavorables, para poder acceder de manera limitada a los productos que
conforman la canasta básica alimentaria.
Empero,
la comparecencia de inflación y desabastecimiento en el contexto
socio-económico venezolano, no necesariamente guardan relación entre sí, en
sentido recursivo. Ya he planteado, que el primer fenómeno debe su germen en
gran parte, a la emisión de dinero inorgánico y consecuentemente la caída en la
oferta de bienes y servicios que se refleja en el PIB, lo cual que viene a
potenciar la subida de precios, según exponen los actores sociales A y D. Pero,
¿qué decir de la escasez? Sobre lo cual en las líneas 93 a 97, el actor social
A afirma, “la liquidez es enorme pero la
falta de productos por la escasez que se ha producido es debido a una menor
cantidad de divisas que tienen los importadores, lo que ocasiona menos
importación de productos, lo cual genera escasez y nos lleva a una menor oferta
de productos a distribuir”, señalando la disminución en el otorgamiento de
divisas preferenciales a los importadores, como un aspecto que impacta en una menor
oferta en bienes y servicios.
Para
la comprensión sobre este tema, resulta necesario mencionar que en Venezuela
existe un control de cambio como instrumento de política cambiaria, para regular
oficialmente la compra y venta de divisas en el país, según lo señala el Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) (2015). Su implementación, se remonta
al 05 de febrero de 2003, mediante la publicación del Convenio Cambiario Número
1 (2003), que tuvo entre su exposición de motivos, el impacto negativo en las
reservas internacionales producto de la disminución de ofertas de divisas de
origen petrolero y la demanda extraordinaria de divisas, requiriéndose del BCV
la adopción de medidas destinadas a lograr la estabilidad de la moneda, según
se aprecia en los considerandos del referido convenio. El CENCOEX (op. cit), en
su portal oficial expone que, el sabotaje petrolero y empresarial que se inició
el 02 de diciembre de 2002 ocasionó una crisis en los ingresos públicos, la
reducción de las reservas internacionales y el deterioro del valor del bolívar,
pues “el activo que se encuentra en el BCV, y que sirve de respaldo a la
cantidad de dinero que circula en la economía, disminuía diariamente” (p. 1), estableciendo
en su declaratoria, una directa correlación entre reservas internacionales y
liquidez monetaria, como cálculo para el valor de la moneda local, lo cual convalida
los desarrollos interpretativos al respecto, que he referido en este aparte.
De
esta manera, la tasa de convertibilidad para el 05 de febrero de 2003 quedó
establecida en 1,60 Bs./USD, según los tipos de cambio de referencia publicados
por el BCV (op. cit). Hay sin embargo, un desarrollo cronológico de modificaciones
al control de cambio, en cuanto a sistemas implementados, que me resulta
necesario traer a colación, por su impacto en la asignación de divisas a los
importadores en los años que se han sucedido. De esta suerte, el Convenio Cambiario Nro. 14 (2010), publicado el 30 de
diciembre de 2010, que señala un tipo de cambio de 4,30 Bs./USD a partir del 01 de enero de 2011, con la salvedad que esta
tasa fungiría desde ese entonces para, entre otros aspectos, el pago de los contratos
de importación, lo que incide en el cálculo de las tasa de nacionalización de
la mercancía, que realiza el Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria SENIAT (2015). Luego, resulta pertinente citar el Convenio
Cambiario Nro. 20 (2012), que permitió la implementación del Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera SITME, como reemplazo a las operaciones que
previamente realizaban los operadores cambiarios y cuya tasa quedó establecida
en 5,30bs/$, según Resolución 11-10-01 (2011), emanada del BCV (op. cit).
A
continuación, menciono la nueva publicación del Convenio Cambiario Nro. 14
(2013) que ajustó el tipo de cambio a 6,30 Bs./USD, a partir del 09 de febrero de 2013. Seguidamente, aludo
a la Resolución 13-07-01 (2013) del BCV (op. cit), que implementa el Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD) en sustitución del SITME,
con una tasa de arranque de 11,30 Bs./USD, según el tipo de cambio resultante de las asignaciones
de divisas, realizadas a través de este sistema, publicado por el BCV (op.
cit). Posteriormente, expongo el Convenio Cambiario Nro. 27 (2014), pues allí
se configura el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD II, iniciando
operaciones con una tasa de 51,86 Bs./USD según el tipo de cambio promedio ponderado, referido por
el BCV (op. cit).
Por último, destaco que en Venezuela rige el Convenio Cambiario Nro. 33 (2015), de fecha 10 de febrero de 2015, que en su articulado, autoriza nuevamente el funcionamiento de los operadores cambiarios, a través de la Bolsa Pública de Valores; agrupa el SICAD y el SICAD II en uno solo y, da origen al Sistema Marginal de Divisas SIMADI, explicitándose en el artículo 24, la obligación del BCV (op. cit) de publicar diariamente el valor de las transacciones que se realicen en divisas. En torno a ello, el órgano rector anuncia los tipos de cambio de referencia (2015), que para el 01 de abril de 2015 se estimaban de la siguiente manera: 6,30 Bs./USD para bienes prioritarios (alimentos, salud e insumos para elaboración de productos de primera necesidad), 12 Bs./USD para el SICAD y 193,05 Bs./USD en el transado SIMADI.
Por último, destaco que en Venezuela rige el Convenio Cambiario Nro. 33 (2015), de fecha 10 de febrero de 2015, que en su articulado, autoriza nuevamente el funcionamiento de los operadores cambiarios, a través de la Bolsa Pública de Valores; agrupa el SICAD y el SICAD II en uno solo y, da origen al Sistema Marginal de Divisas SIMADI, explicitándose en el artículo 24, la obligación del BCV (op. cit) de publicar diariamente el valor de las transacciones que se realicen en divisas. En torno a ello, el órgano rector anuncia los tipos de cambio de referencia (2015), que para el 01 de abril de 2015 se estimaban de la siguiente manera: 6,30 Bs./USD para bienes prioritarios (alimentos, salud e insumos para elaboración de productos de primera necesidad), 12 Bs./USD para el SICAD y 193,05 Bs./USD en el transado SIMADI.
Es
en este contexto, que el actor social A refiere a “una menor cantidad de divisas que tienen los importadores,
lo que ocasiona menos importación de productos”, que podría interpretarse en varias
vertientes: insatisfacción en la demanda de divisas a tasas preferenciales
tramitadas en períodos anteriores, incumplimiento en las liquidaciones por
parte de las autoridades, de las divisas preferenciales que supuestamente les
habían sido adjudicadas y/o, disminución en la capacidad financiera para la
compra de divisas en el nuevo mercado, por corresponderle ahora un cambio muy
superior, caracterizado en el mercado SIMADI. Vale destacar, que la asignación
de divisas a través de este mecanismo ha sido igualmente limitado, constituyéndose
el control de cambio en un agente de distorsión en la economía, según se comprende
de la narrativa del actor social en referencia.
En
todo caso, hace su entrada el actor social B con sus aportes a la unidad
hermenéutica, al expresar en las líneas 58 a 65 que, “(…) Ahora, cuando se va a reponer inventarios a tasa SIMADI,
la disponibilidad en bolívares llevado a dólares se convierte aproximadamente en
40% del patrimonio anterior, visto en divisa americana. Si el SIMADI lograra
funcionar y mantenerse en este primer año, la pérdida cambiaria que deben
afrontar los importadores será del 60%, contando solamente con el 40% de su
patrimonio original en dólares para poder importar, si es que se reinvierte
toda la utilidad. ¿Cómo crecer?”, entendiéndose que este tipo de cambio tiene
un impacto desfavorable y muy significativo en las finanzas de su organización.
Ahora
bien, para dar sentido a las apreciaciones cuantitativas expresadas, deseo
hacerlas comprensibles desde la configuración andragógica de un escenario
posible. Supongamos que el actor social
hubiere acudido al SICAD II, por ser el sistema para importadores de bienes no
prioritarios, que privaba con anterioridad al SIMADI y, cuya tasa se ubicaba en
52,10 Bs./USD para el 09 de febrero de 2015, según publica el BCV (op. cit). Entonces,
una adjudicación de 10.000 USD, le habría representado una inversión de 521.000
Bs., que para efectos didácticos al configurar un expediente de importación no considerará
los gastos de nacionalización. Así, el máximo porcentaje de ganancia
establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos (op. cit), según el artículo
37, que indica “en ningún caso, excederá de treinta puntos porcentuales de la
estructura de costos del bien o servicio”, permitiría un precio máximo de venta
al público, de 744.000 Bs. sobre el producto importado, siguiendo el ejemplo en
consideración.
Luego,
si el actor social B estimara repetir el ciclo comercial, acaecida la venta y haciendo
uso del fruto de la misma, es decir, los 744.000 Bs., entonces le
correspondería convertir en divisas a la tasa SIMADI, puesto que el mercado
SICAD II tuvo vigencia hasta el 11 de febrero de 2015, según Aviso Oficial
(2015) publicado por el BCV (op. cit). Considerando que, para el 01 de abril de
2015, la nueva tasa se ubicó en 193,05 Bs./USD, como ya referí con anterioridad, significaría que la conversión
a este cambio, le permitiría adquirir tan solo 3.854 USD aproximadamente, es
decir, una pérdida patrimonial superior al 60 % con respecto a la inversión
inicial de los 10.000 USD con los cuales dispuso para la importación anterior, y
ello, sin considerar que los excedentes generados de la venta de la primera
importación también fueron reinvertidos. De allí la inquietud del actor social cuando
expresa “¿Cómo crecer?”, por hacerse evidente una devaluación, una
desvalorización patrimonial por actualizaciones en la tasa del control
cambiario, que atentan contra nuevas importaciones del sector privado y de
allí, una acentuación en la escasez, todo lo cual convoca interpretar la
incertidumbre a la que arriba el actor social, luego de la reflexión propiciada
a través del encuentro, mediante la entrevista. Esta interrogante, toca las
fibras más sensibles de su gestión empresarial, pues al operar comercialmente
en un ambiente macroeconómico desfavorable, las estrategias a definir en su
filosofía de gestión se circunscriben, en primer lugar, a salir airoso de los
desafíos que constantemente se le presentan, por la intencionalidad de mantener
su empresa en operatividad con viabilidad.
Asimismo,
el actor social B, en las líneas 67 a 70, agrega que “(…) algunas multinacionales americanas desean desvincular
de su contabilidad las operaciones que realizan en Venezuela, porque al
registrar a tasa SIMADI, sus ingresos y activos se desvalorizan agresivamente”,
implicando, entre líneas, la imposibilidad que ha representado para las
multinacionales con presencia en el país, la repatriación de sus dividendos,
los cuales fueron registrados en su contabilidad a tasas preferenciales, pero
que no contaron con la adjudicación por parte del Estado. Esto hace, que sus
activos e ingresos se desvaloricen, al actualizarlos a la tasa de cambio SIMADI.
Por ello, la propuesta que realizan las multinacionales de desvincular de su
contabilidad consolidada a nivel mundial, las operaciones que tienen en
Venezuela, ya que esto permitiría que la valorización de sus acciones que
cotizan en los corros bursátiles no se sigan viendo castigadas por el mercado
financiero, con la publicación de sus resultados trimestrales, sino solo en
ocasión del ajuste inicial. Pero, sea como fuere, el actor social B refiere a
un ajuste de precios por la nueva tasa cambiaria al nacionalizar, la pérdida
patrimonial por el control cambiario y la reducción del valor de la inversión
extranjera, lo que configura un escenario que se comprende inquietante para él,
dada la incertidumbre en el ámbito cambiario venezolano.
Sin
embargo, el actor social B describe una bondad del sistema SIMADI, cuando en
las líneas 72 a 78, expresa “(…) Las empresas tendrán que realizar un ajuste
inicial, registrando una pérdida considerable, pero se va a poder registrar a
nivel contable, permitiendo el SIMADI incrementar la oferta en Venezuela, ya
que podrán operar en un entorno con mayor libertad para fijar costos reales,
pero dentro de la limitación de liquidez que tienen las empresas en cuanto a
bolívares disponibles y la capacidad para convertir en divisas”, significando
la oportunidad que tienen las empresas importadoras de registrar en “la
estructura de costos del bien o servicio” que exige la Ley Orgánica de Precios
Justos (op. cit), la tasa SIMADI que publique el BCV (op. cit), en cuanto a precio
de la mercancía, flete, seguro y gastos de nacionalización, bien se realicen estos
pagos con divisas adquiridas a través del sistema o con recursos propios, según
se desprende del artículo 26 del Convenio Cambiario Nro. 33 (op. cit), que cita:
(…) la conversión de la moneda extranjera para la
determinación de la base imponible de las obligaciones tributarias derivadas de
las operaciones aduaneras, se efectuará al tipo de cambio de adquisición de las
divisas correspondientes a la operación involucrada; a los efectos de
operaciones realizadas con divisas de tenencia propia del importador, se tomará
como referencia el tipo de cambio al que alude el artículo 24 del presente
Convenio Cambiario, vigente para la fecha de liquidación de la obligación
tributaria. (p. 8)
De
allí, la carga de significado que contiene la expresión del actor social B, cuando
asoma en su discurso, la “mayor libertad para fijar costos reales”, pues los
cambios en el marco jurídico le permiten al empresariado, fijar el precio
máximo de venta al público, con respecto a una estructura de costos calculada a
tasa SIMADI, lo cual hace emerger toda una serie de fenómenos favorables, en el
contexto de la microeconomía venezolana, entre los cuales destacan: la reposición
de inventarios, pues el gerente se ve motivado a importar insumos y mercancías,
al estimar que no incurrirá en pérdidas por conversión monetaria, al
equipararse relativamente la tasa SIMADI con el mercado no oficial, pudiendo
acudir como demandante de divisas a uno u otro mercado, la reducción de los
niveles de escasez, pues los insumos y/o productos importados vienen a satisfacer
la alta demanda que evidencia la economía venezolana y, a su vez, la
reactivación del aparato productivo nacional, ya que no existirían precios
subsidiados en ciertos renglones, que fomenten la competencia desleal entre las
empresas del Estado y el sector privado, aunque, no aplicaría en el caso de
alimentos, medicinas y otros productos regulados, donde la importación pública
con divisas preferenciales es representativa.
En
el plano de la macroeconomía, algunos de los aspectos positivos serían: la dinamización
en sectores económicos del país, tales como manufactura, construcción, comercio
y otros, pues la participación privada incide en el crecimiento del PIB; la
estabilización en el nivel de las reservas monetarias, pues las divisas no se
liquidarían a tasas preferenciales en la compra de insumos y/o productos no
prioritarios para el desarrollo del país. Este último desarrollo
interpretativo, parece convalidarse en la afirmación del actor social B,
contenido en las líneas 187 a 191 al expresar “Yo no creo que estén liberando
el dólar por el problema del desabastecimiento. Están liberando el dólar porque
el precio del petróleo cayó y no tienen recursos suficientes para atender los
compromisos del país”, lo cual hace referencia tangencial al comportamiento en
los precios del principal producto exportador del país que genera ingresos
significativos al Estado y, somete a deliberación la idea, de la
insostenibilidad de las políticas macroeconómicas que se desarrollan en
Venezuela.
Sin
embargo, he de destacar otro tipo de circunstancias que surgen con la creación
de SIMADI. En primer lugar, los precios de venta al público derivados de
estructuras de costos anclados a la tasa de convertibilidad de este mercado, serían
significativamente más altos, convirtiéndose en elemento que incide en el génesis
de la espiral inflacionaria que se vivencia en la economía venezolana,
adicional a la emisión de dinero inorgánico y la disminución en el nivel de las
reservas internacionales, todo ello referido en su momento por los actores
sociales A y D. Por su parte, el actor social B considera que, las limitantes
de “liquidez que tienen las empresas en cuanto a bolívares disponibles y la
capacidad para convertir en divisas”, viene a constituirse en un doble desafío
para las empresas importadoras que desean continuar sus operaciones, pues
menores haberes en dólares ralentiza el proceso de importación, así como el
reducido nivel de adjudicaciones vía SIMADI, el cual viene a depender
directamente de la oferta en divisas que realicen el BCV, PDVSA, otras empresas
públicas y el sector privado, afectarían la capacidad para convertir bolívares
en dólares.
Ahondando
en el abordaje del contexto socio económico venezolano, desde los aportes de
los entrevistados, articulando un discurso permeado por enfoques dialógicos y
complejos, refiero ahora al actor social A, quien ha interpretado que los altos
niveles de escasez se han empoderado en la ausencia de divisas preferenciales,
como ha sido suficientemente evidenciado. Sin embargo, también vincula el tema con
las particularidades en las actuaciones que emanan de funcionarios y/o instituciones
del Estado venezolano, cuando desglosa en las líneas 82 a 88 que “Otro de
nuestros proveedores se está yendo del país porque una de sus filiales fue expropiada
recientemente, la cual se dedicaba a la comercialización de material médico
quirúrgico. Esto produce una cadena: menos productos que distribuir, menos
ventas y por ende, menos beneficios, generando un impacto económico y de índole
social, en un desmedro de la calidad de vida y de la rentabilidad de la
empresa”, destacándose del discurso, una acción ejercida por el Estado
venezolano socialista, en el uso de sus facultades, que despoja a una persona
jurídica con operaciones comerciales en el país, de una de sus unidades de
negocios dedicada a la comercialización de insumos para el área de la salud, sin
que el actor social refiera las razones de tal procedimiento. Aunque se
significa la intencionalidad del gobierno venezolano en empoderar a los trabajadores
en las organizaciones que se expropien para éste y otros fines, ello no ha
quedado evidenciado en el aspecto económico humanista.
Es
oportuno entonces, hacer referencia somera en el contexto jurídico venezolano,
a los derechos económicos estipulados en la norma fundamental que rige en
nuestro país, en aras de comprender lo señalado por el actor social A. En este
sentido, expongo lo relativo al derecho a la propiedad privada, contenido en el
artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (op.
cit), que dice:
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene
derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará
sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley
con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad
pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes
Acaece,
que la normativa constitucional define ciertas limitaciones en cuanto al
derecho de propiedad, así como los motivos que les justifican. Por ello, toda
clase de bienes que sean considerados de utilidad pública o interés social,
pueden ser expropiados, siempre y cuando concurra, tanto la sentencia firme
como el pago oportuno de una indemnización que se equipare con el valor del
bien desposeído. Es de destacar, que en la Constitución de 1961, no aparecía el
término “oportuno”, queriendo significar los constituyentes en esta ocasión, la
obligatoriedad por parte del Estado, de un pago pronto, sin demoras, que no
afecte a la persona en la restitución del valor del bien expropiado. Al lado de
ello, en Venezuela existen otras consideraciones de rango constitucional relativas
al derecho de propiedad, que se establecen en el enunciado subsiguiente, es
decir, el artículo 116 del referido instrumento jurídico, al expresar:
No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes
sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán
ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos
cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan
enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes
de las actividades comerciales, financieras o cualquiera otras vinculadas al
tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes (p. 65)
De
la consideración anterior, se concibe la no obligatoriedad a una indemnización
por parte del Estado, sobre aquellos bienes que sean decomisados a personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que provengan de delitos
tipificados, tales como afectaciones al patrimonio público, enriquecimiento
ilícito de funcionarios en el ejercicio de sus facultades y/o actividades
relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias prohibidas. De allí, las características
y diferencias entre expropiación y confiscación, como limitantes al derecho
económico que contempla el ordenamiento jurídico en el país. No obstante, existe
la Ley Orgánica de Precios Justo (op. cit) que profundiza en la temática, al
señalar en su artículo 7, lo que sigue:
Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e
interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las
actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.
El Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento
expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de
acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y, cualquiera de los ilícitos administrativos
previstos en la presente Ley (…)
Se
deduce entonces, que el espíritu del legislador ahora define de utilidad
pública e interés social, todos los insumos y productos necesarios en la importación,
manufactura y comercialización de bienes y prestación de servicios. A su vez, permite
imputar la expropiación, no solo en los casos de utilidad pública o interés
social, sino como pena a los ilícitos económicos y administrativos señalados en
el artículo 114 de la Ley fundamental de constitución del Estado,
(especulación, acaparamiento, cartelización y otros delitos conexos) y,
cualquiera de los ilícitos administrativos previstos en la referida Ley. Sin
embargo, al estudiar el régimen sancionatorio de este instrumento, la
expropiación no se contempla como sanción, sino la “Confiscación de bienes, de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,
según refiere el artículo 45, numeral 6, para delitos tales como
desestabilización de la economía (artículo 56) y contrabando de extracción
(artículo 59), lo cual viene a sumarse a los delitos que justifican la
confiscación, considerados en el artículo 116 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Empero,
el marco jurídico no se circunscribe al conjunto de leyes y reglamentos con
vigencia en el territorio venezolano. A nivel internacional, el Estado
venezolano ha suscrito una serie de tratados que buscan la protección de la
inversión foránea en nuestro país. Un ejemplo de ello, es el Convenio sobre
arreglo de diferencias relativa a inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados (CIADI), que nace en la necesidad de la cooperación internacional
para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones
internacionales de carácter privado, según se desprende en su exposición de
motivos. En este sentido, el instrumento considera la posibilidad de que a
veces surjan diferencias entre Estados Contratantes y nacionales de otros
Estados Contratantes, en relación con tales inversiones, y reconoce que tales
diferencias, aun cuando pudieran ser sometidas a sistemas procesales locales, en
ciertos casos el empleo de métodos internacionales de arreglo puede ser
apropiado para su solución. Aunque, el gobierno de Venezuela, en fecha 24 de
enero de 2012 objetó esta convención ante el Banco Mundial.
Es
indudable que, todo Estado tiene el derecho de oponerse a la convención CIADI,
siendo que el propio instrumento lo contempla en su artículo 71, que dice “Todo
Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita
dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses
después del recibo de dicha notificación.”, lo que implica que Venezuela
oficializó su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, el 24 de julio de 2012, aunque los arbitrajes
instaurados contra el país anteriores a tal fecha, siguen su curso, estando
obligada la República a acatar las normas de procedimiento y ejecución
establecidas en dicha normativa, así como el cumplimiento de los tratados
bilaterales de inversión, conocidos como TBI, que Venezuela haya suscrito con
otros Estados.
Por
ello, cuando el actor social A asoma que las expropiaciones en Venezuela, “(…) produce
una cadena: menos productos que distribuir, menos ventas y por ende, menos
beneficios. Esto nos genera un impacto económico y de índole social, en un
desmedro de la calidad de vida y de la rentabilidad de la empresa”, parece
significar a la actuación del Estado, como uno de los agentes que impacta en
los índices de oferta de ciertos productos, es decir, en la escasez, visto el
desposeimiento de la filial del proveedor que lo lleva incluso a cerrar el
resto de sus operaciones en Venezuela. A su vez, se deduce que ha ocurrido tal
cantidad de procedimientos expropiatorios y/o confiscatorios, según el discurso
del actor social, que se escenifica un impacto económico y de índole social representado
en restricciones a la libertad económica, disminución en la rentabilidad del
sector privado por menor oferta, desinversión por expropiaciones al sector
privado, así como una calidad de vida comprometida por la menor diversidad de
oferta.
En
este orden de ideas, parecería que la ola de expropiaciones y confiscaciones a
empresas nacionales y extranjeras, que ha ocurrido en Venezuela, se justifica
ideológicamente, tanto en el control de los factores de producción por parte
del Estado, como ha sido señalado por Gómez (op. cit), como en la defensa de la
capacidad adquisitiva de la población, especialmente del salario de los
trabajadores, en pro de asegurar el “desarrollo armónico, justo, equitativo,
productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de
precios justos de bienes y servicios”, según señala el objeto de la Ley
Orgánica de Precios Justos (op. cit), en su artículo número 1.
De
allí que, un incremento en los precios de bienes y servicios, se interpretaría
ideológicamente, como una vulneración de los derechos económicos de la
población, criterio en el cual coincido, aunque, surge una nueva ambivalencia
interpretativa, en el sentido que, para los personeros del gobierno la
inflación es consecuencia de la especulación, el acaparamiento, el boicot, la
desestabilización de la economía, la usura, la alteración fraudulenta de
precios, entre otras desviaciones del bien hacer, que vienen a configurar una
especie de “guerra económica”, mientras que, para parte del sector empresarial,
la estructura de costos de ciertos productos y servicios ha sido impactada por aspectos
ya abordados, como la emisión de dinero inorgánico, la reducción en las
reservas internacionales, la devaluación con la apertura de SIMADI, la poca
oferta y la lentitud en la entrega de divisas, entre otros, lo cual requiere
una constante revisión de los precios por parte de la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), según sus
obligaciones contempladas en el artículo 11 de la misma ley.
En
atención a ello, tendría sentido, desde la perspectiva de la racionalidad
económica, que algunas empresas opten por dejar de importar, producir y/o comercializar
aquellos renglones cuyos precios hayan sido regulados al igual o por debajo de
su estructura de costos, haciendo el margen de ganancias igual a cero o peor
aún, se incurra en una producción y/o venta a pérdida, lo cual hace
insostenible la operatividad de una organización privada, aunque ello pueda ser
considerado un acto de “desestabilización a la economía”, que propicie la
apertura de un procedimiento expropiatorio por parte de funcionarios
representantes de instituciones públicas. Esto, viene a constituirse en otro
elemento que incide directamente en la escasez, que evidencia cifras tan
elevadas en Venezuela, que el BCV (op. cit) ha dejado de publicarlas en los
últimos meses.
Se
comprende así, el surgimiento de un fenómeno de reciente data: la reventa de
productos de primera necesidad. Pese a que, el artículo 57 de la Ley Orgánica
de Precios Justos (op. cit) contempla multas, de 200 a 10.000 UT para aquellas
personas que adquieran productos declarados de primera necesidad, y los revenda
a precios superiores a los establecidos por la SUNDDE, el actor social B refiere
en las líneas 83 a 86 que, “(…) Actualmente, si se pone a “bachaquear”, si
falta tres días a su trabajo y con ello se aprovisiona de productos, con la
ganancia obtenida ya no le importa su especialización. Su meta ahora es tratar
de ganarse los 15.000bs y es muy fácil ganárselos haciendo colas y
revendiendo”, en alusión al recurso humano que se ausenta de su lugar de
trabajo o migra del empleo formal, para ejercer este tipo de actividades, pues
la alta demanda de bienes regulados, y por ende, escasos, propicia su venta en precios por encima de la normado,
evidenciándose que los principios que derivan de la ley de oferta y demanda aun
son vigentes en la economía socialista de Venezuela.
Por
ello, la implementación de un sistema de control de precios, sin atender las
resultas en el comportamiento de variables de tipo macroeconómico, viene a
constituirse en una distorsión económica que anula la competitividad, incide en
el incremento del sector informal y la improductividad de la economía, según lo
señalado por el actor social B. Más adelante, en las líneas 93 a 96, este actor
social complementa “(…) hace dos años
teníamos cuatro almacenistas y actualmente tenemos dos ¿por qué? porque no
recibimos mercancía. Para qué voy a tener más personal si no recibo mercancía
ni tengo el mismo nivel de despacho”, lo que viene a contrastar nuevamente, la
incidencia de la escasez en insumos y productos, nacionales e importados, en el
contexto socio-económico venezolano, lo que provoca una ruptura en el ciclo
económico de las empresas, afectando su sustentabilidad y viabilidad, fenómenos
que podrían revertirse en el diseño e implementación de políticas que emerjan
de una ideología favorable al libre mercado, con una supervisión por parte del
Estado que no tienda a controlar en los niveles que devela la contemporaneidad
en Venezuela.
Por
su parte, el actor social C refiere en las líneas 108 a 112 que “(…) la escasez es uno de los factores que más ha incidido en
la situación actual. Es una crisis de gerencia política y es una crisis de
decisiones poco acertadas desde todo punto de vista: económico, social”, llevando
el discurso de los actores sociales a una confluencia general sobre este
fenómeno, saturando la categoría, al haberse abordado desde diversas
perspectivas, tanto en lo praxeológico, a nivel de sus actuaciones como
gerentes en el campo de la microeconomía, así como en las interrelaciones y su
dialogicidad a nivel de la macroeconomía, que derivan de la ideología y las
decisiones que emergen en la administración pública, llevando al actor social a
caracterizar esta situación como un producto de las decisiones de los
administradores públicos que han venido a diseñar e implementar una serie de políticas
públicas distorsionantes de la economía, o en otras palabras, las deformaciones
causadas por la incorrecta asignación y/o distribución de recursos, que se
refleja en un desajuste en los precios líderes de la economía, obstaculizando
con ello el desenvolvimiento correcto de las actividades económicas, tanto en
la producción como en la acumulación, financiamiento y transacciones con el
resto del mundo.
En
este sentido, confluye el actor social B, al distinguir en las líneas 103 a 106
el constante vaivén entre economía y empresa, cuando inquiere “¿Cómo proyectar
a dos o tres años? Ciertamente se hace gerencia todos los días, hay que estar
replanificando tu estrategia pero de manera reactiva al ambiente”, otorgando
significancia a un entorno inestable, a una serie de amenazas que erosionan los
avances teóricos en cuanto a la planificación empresarial, que dificultan según
su apreciación, la definición y desarrollo de objetivos en el mediano y largo
plazo. Aunque el gerente debería conocer el ambiente y tener la disposición
para adaptarse a los cambios que se evidencien, sería menester un contexto que
ofrezca condiciones medianamente óptimas para la inversión y el crecimiento
empresarial, para así evitar, la inmediatez de la planificación ante la
inestabilidad económica, lo efímero que resultan las decisiones cotidianas que
patentiza el testimoniar del actor social B.
En
la misma línea argumentativa, el actor social C refiere al escenario venezolano
en términos no benévolos, pues en las líneas 137 a 143 manifiesta, “No existen
incentivos para que el empresario privado emprenda. Con todo lo que hemos
vivido, con toda la escuela que hemos experimentado, en otro país, estoy
seguro, donde exista un entorno económico favorable, donde la moneda disfrute
de estabilidad, donde se puede hacer un plan de presupuesto a un año y la
inflación sea controlada, a cualquier empresario venezolano le podría ir bien”,
señalando toda una serie de potenciales escenarios favorables en otras
latitudes, que serían antónimos a los fenómenos que el actor social vivencia, tales
como entorno económico desfavorable, inestabilidad que dificulta la
planificación, moneda voluble e inflación desbordada, que configuran un ambiente
que he venido en adjetivar como “caótico”, lo cual convoca la necesidad de
establecer lineamientos para que ciertos fenómenos se desorganicen para
reorganizarse en beneficio de la organización, pero que en Venezuela este ciclo
se dificulta, por la articulación de una ideología política que navega en sentido
no concordante a la libertad económica.
De
su discurso, también significo su explorar, su sumergir “(…) en otro país,
estoy seguro (…)”, como el admitir cognitivamente, para sí y sus pares, la
posesión de competencias gerenciales emergentes, devenidas de operar
profesional y comercialmente en entornos no propicios, que coadyuvarían en
hacer realidad el enunciado “a cualquier empresario venezolano le podría ir
bien” al desempeñarse en otras latitudes. Sin embargo, el análisis de dichos
mercados no se circunscribe a lo referido por el actor social C. También, el
actor social B, en las líneas 108 a 114, converge en que, “(…) es muy difícil
cerrar operaciones y saber que todo un personal depende de ti (…) el entorno
venezolano está llevando a los empresarios a abrir operaciones en otros países,
lo que se conoce como el plan “B””, dejando entrever la construcción de una
representación, de una imagen, de verse fuera del país, con su equipaje de
recursos, habilidades y anhelos, para desarrollar lo que su propia tierra escasamente
le propicia.
Así,
mana toda una carga de significado, cuando el actor social B considera que, “el
entorno venezolano está llevando a los empresarios a abrir operaciones en otros
países”, pues construye una percepción, una manera de mirar que conjetura la
idea de la no valoración a su asunción de riesgo, a la creación de empleos, la
generación de riqueza, por parte de sus conciudadanos y el gobierno elegido por
ellos, que de algún modo le adversa, le confronta, le cuestiona su deseo de
construir un mejor futuro a través de la responsabilidad social y moral que
emerge desde sus operaciones comerciales, que modelan una especie de capitalismo
solidario cuando expresa “es muy difícil cerrar operaciones y saber que todo un
personal depende de ti”, dando a entender, que no solo la rentabilidad o
acumulación de capital guían sus acciones, sino el compromiso con el capital
humano que le ha venido acompañando en esta atípica travesía empresarial en
medio de un ambiente enrarecido e inestable.
Sin
embargo, el espíritu empresarial sigue interpretando que la crisis es igual a
oportunidad, pues el actor social D manifiesta en las líneas 145 a 149 lo que
sigue, “Creo que nuestro país nos brinda muchas oportunidades para hacer cosas.
Si voy a otro país, hay muchos sectores desarrollados y la competencia es
grande. Por eso, prefiero estar aquí a pesar del alto riesgo que representa la
situación económica, pero esta misma contracción abre muchas oportunidades”,
representando su paseo analítico a título personal, por las oportunidades de
negocios a nivel local e internacional, concluyendo que, es mayor la
posibilidad de monetizar sus emprendimientos en comparación con el riesgo
asumido de seguir operando en el país, lo cual es una muestra de la
inteligencia gerencial del actor social D, en su capacidad para operar
exitosamente en medio de una crisis económica, según refiere en su discurso,
desorganizándose, organizándose y reorganizándose continuamente, ante las
incertidumbres de la epocalidad contemporánea a nivel local, develando su
condición estratégica de mirar oportunidades donde otros no las perciben o
advierten.
Empero,
la continuidad operativa para algunas empresas pareciera ser condicional, conforme
declara el actor social B en las líneas 52 a 56, cuando asiente que, “Este año,
se tiene cierta esperanza de que el gobierno pueda otorgar divisas a los
importadores y con esas asignaciones nuevamente mantenernos, pero, considero
que es muy limitada la disponibilidad que tienen y, para las empresas es muy difícil
crecer en la actualidad”, denotando el inmenso desafío que representa para las
empresas importadoras, el acceder a divisas con tasas preferenciales, que les
permita ser competitivas en un ámbito donde el Estado tiene una significativa
participación en la compra de insumos y mercadería a nivel internacional, con
dólares anclados a la tasa de 6,30Bs./USD o SICAD, lo que representa
restricciones económicas al desarrollo empresarial. Igualmente, se interpreta
por parte del actor social B, una dependencia relevante a las adjudicaciones
potenciales que el Estado le otorgue, lo que implica un modelo de negocios
altamente dependiente, de variables que le son exógenas, que no se encuentran
bajo su jurisdicción.
Seguidamente,
el actor social B emite un juicio de valor, según se desprende de las líneas
173 a 177, al decir “Es muy desalentador que estemos siendo dirigidos por
personas que entienden poco sobre la micro y la macroeconomía. Si comprendieran
significativamente las variables macroeconómicas, desde hace tiempo se hubiese
cambiado el rumbo para mejorar las condiciones socioeconómicas del país”, interpretando
que existe una visión gubernamental escasamente favorable al sector privado, en
el diseño de políticas macroeconómicas. También emerge, a su parecer, un
desfase entre el propósito que guía la política de la administración pública y
los resultados que están evidenciándose a nivel social y económico. De allí
que, Marchesi y Sotelo (op. cit) plantean el desafío de la mesurabilidad de los
postulados políticos, sociales y éticos que procura el Estado, para su cifrado
y correlación económica, en beneficio de todos aquellos que “necesiten
cuantificaciones con las que obtener algún criterio mediante el cual puedan
decidir si se ha conseguido o no, un determinado fin” (p. 164), con la
intencionalidad de legitimar el discurso político, en cuanto al crecimiento
económico y el desarrollo humano de la sociedad, pues el sentido que concede
valor a la coherencia entre el diseño de políticas públicas y las resultas en
su implementación, en el actor social B, devela la necesidad de una continua
validación, para la optimización de la asignación y uso de los recursos
disponibles en beneficio de la sociedad en general.
Cabe
destacar, que el BCV (op. cit) coincide con el anterior planteamiento, pues en
uno de los considerandos de la Resolución 08-04-01 (2008), relativo a las
normas que regulan el INPC (op.cit), relata “Que es indispensable disponer de
indicadores para evaluar y promover el desarrollo armónico y sustentable de la
Nación, enmarcado en la estrategia económica del Estado y fundamentado en los
principios de justicia social y eficiencia de la Administración”, reparando
así, en la importancia de la información estadística en el campo económico,
para “evaluar y promover” las estrategias públicas en los ámbitos que por Ley,
se encuentran bajo su competencia.
Por
ello, la trascendencia del artículo 4 de la referida resolución, al expresar
que “El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) será divulgado
mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes”, con la
intencionalidad de conocer de forma oportuna, el comportamiento de los precios
en determinados bienes y servicios, para reajustar o definir las estrategias e
instrumentos monetarios, que coadyuven en el cumplimiento de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (op. cit), en su artículo 318, cuando
señala a la estabilidad de precios como el objetivo fundamental del BCV, por
ser uno de los “objetivos puros” de la política económica asociada al bienestar
económico, según Marchesi y Sotelo (op. cit), lo que de cumplirse repercutiría
en la contínua supervisión y validación de las estrategias que derivan de la
administración pública competente en la materia.
Sin
embargo, el BCV se ha caracterizado por acumular importantes retrasos en la divulgación
de éste, y otras estadísticas económicas, tales como el PIB y la Balanza de Pagos.
En cuanto al índice de escasez, ha dejado de revelarse desde mediados de 2014, ya
que no existe ninguna normativa que obligue su publicación, lo cual propicia
una serie de fenómenos adversos, donde destacan: el impedimento a la apreciación
imparcial de la política económica, por no disponerse de información confiable
y oportuna; la dificultad para la evaluación de la efectividad en la gestión
pública, que permitiera la remoción de los funcionarios que no cumplan los
propósitos de rango constitucional, para la cual fueron elegidos y; la opacidad
en la data macroeconómica, referida por el actor social B, lo cual incrementa
el riesgo país y los costos que ello representa, en cuanto a las tasas de
financiación y primas, que exigen los mercados internacionales para la deuda
pública nominada en USD.
En
todo ello, aparenta primar la ideología política, por encima del crecimiento
económico y el desarrollo humano, según interpreto, lo cual impide cambiar “el
rumbo para mejorar las condiciones socioeconómicas del país”, según señala el
actor social B. Por su parte, el actor social A, considera en las líneas 139 a
140 que, “Así como afirmamos que en el país hay un vacío político, también hay
un vacío económico”, lo que desplaza el discurso desde el análisis al contexto
socio-económico, al estudio del plano político, en sus concepciones
éticas-filosóficas, ante la configuración de un entramado de políticas y leyes,
cuya motivación nace en la consolidación del bien común, pero que en la praxis,
a nivel de la cosmovisión de los actores sociales entrevistados, aun presenta
muchos desafíos por superar, en cuanto al incremento en la calidad de vida.
Así,
el actor social D, en las líneas 90 a 92, hace mención al sentido de la
libertad cuando declara que “En cuanto al contexto jurídico, existen leyes de
reciente data que tratan de enmarcar a la población en un control sobre muchos
aspectos de la vida diaria”, destacando el carácter normativo que caracteriza
el intervencionismo del Estado en Venezuela, justificado en una ideología que
versa en la búsqueda del desarrollo del hombre en todos los sentidos, en
desmedro de su libertad para elegir. De allí el conflicto, en palabras de
Marchesi y Sotelo (op. cit), entre “el enfoque liberal del crecimiento
económico y el modelo de desarrollo humano basado en la intervención estatal”
(p. 171), pues están concebidos en uno de dos valores supremos para el hombre,
que a los “Policy maker” les resultan antagónicos y excluyentes: la libertad o
la igualdad, por no haber podido trascender tales paradigmas en cuanto al
manejo del Estado.
Complementa
Gómez (op. cit) la idea anterior, cuando expresa, “un modelo que pretende
centrarse en la igualdad y otro construido sobre la libertad, devienen los
resultados tan diversos entre ambas experiencias históricas que el mundo ha
podido contemplar” (p. XII), haciendo referencia a los Estados que articulan su
ética político-económica en la defensa y promoción de la libertad del hombre,
para que se desarrolle en sociedad, de acuerdo a sus capacidad y deseos, y
otro, que prioriza la justicia social, la defensa e inclusión de los sectores
desfavorecidos, en aras de la igualdad social, pero que somete a la población a
“un control sobre muchos aspectos de la vida diaria” como expone el actor
social D, en su discurso.
Seguidamente,
el actor social C dedica un aparte significativo de su discurso, en asomar sus
consideraciones éticas en relación al contexto socio-económico venezolano,
cuando señala en las líneas 53 a 55 que “Estamos
en una situación económica complicada, llena de muchas distorsiones que han
acabado con la economía seria, incluso ha movido los valores morales de las
personas”, dando significación al laboratorio social en que ha estado inmersa
la sociedad venezolana, especialmente en los últimos años, con particularidades
que han venido a deteriorar, a nivel local, la calidad de vida. Sorprende sí,
que en el ocaso de la unidad hermenéutica, nada hayan referido los actores
sociales, con respecto a inversión en infraestructura, innovación, propiedad
intelectual, gestión del conocimiento, competitividad y tantas otras cualidades
que se vivencian en los contextos socio-económicos de un número significativo
del concierto de naciones, que desde hace años se han adentrado en los
adelantos propios del siglo XXI. En vez de ello, el actor social C plantea el
impacto del entorno, en las concepciones éticas de los individuos, configurándose
una crisis de valores ante las distorsiones económicas.
Al
respecto, este actor señala en las líneas 70 a 72, que “(…) Estas situaciones
de alguna manera van contaminando y se van contagiando en el resto de las
personas y va propiciando que todos seamos improductivos”, cuando hace
referencia a dos ejemplos que expone en su discurso. El primero de ellos,
contenido en las líneas 55 a 64, refiere a “una recepcionista que te gana dos o
tres salarios mínimos, pero ella tiene una amiga, una vecina que está en su
casa y se dedica a viajar y “raspar el cupo” y se gana siete u ocho veces más.
Entonces, esta secretaria que es una profesional, está trabajando, se está
preparando en inglés porque quiere ser una recepcionista de dos idiomas o
quiere hacer un curso para especializarse como asistente personal y tener más
cualidades o más iniciativas, cuando compara dice “oye, yo me gano 15 o 20.000
bolívares mensuales por hacer esto y mi vecina se va de viaje y raspa los cupos
y gana mucho más que yo””, significando el “raspar el cupo”, como la
intencionalidad de aprovechar el arbitraje que existe entre una divisa
preferencial a 12bs/USD, que puede conseguirse al viajar al exterior y proceder
al reintegro del monto asignado por el Estado en la tarjeta de crédito del
beneficiario, vía comercios que se prestan para ello, previo el pago de una
comisión, para luego, vender las divisas así obtenidas, por un monto que llega
a alcanzar hasta catorce veces la inversión inicial, significando una
distorsión que atenta contra la productividad y el funcionamiento óptimo de la
economía, según refiere el actor social C, abusando del Estado que le otorgó
las divisas para su consumo en el exterior y no para especular con ellas, pero
que el contexto socio-económico venezolano la lleva a esta flexibilidad ética
en el uso de las asignaciones recibidas.
Luego,
relata en las líneas 66 a 70 que “Esta situación también te la consigues con
los empresarios, un empresario serio que está trabajando, que trata de
importar, y desea compartir con sus colegas, se encuentra con su amigo de toda
la vida, que tiene el mismo tipo de empresa, quien se dedica a falsear sus
importaciones y usufructuar del beneficio” entrañando unas actuaciones
individualistas que colindan con la Ley, atentan contra los bienes del tesoro
público, que son adjudicados a tasas preferenciales, para su uso legal, con la
intencionalidad de crear valor para sí y la sociedad. Sucede pues, que el
control de cambio se constituye en una distorsión económica que se ve
acompañado de una crisis de valores, por las expectativas de ganancias
descomunales en períodos cortos, que incentivan la “economía” rentística y la
dependencia a las prebendas que otorga el Estado paternalista.
Así,
el actor social C considera en las líneas 78 a 82 “(…) y cada quien tiene su cola. Una es la cola del
“bachaqueo”, la otra es “raspar los cupos”, el otro es a niveles de contenedor,
el otro es a nivel de comisiones y todo esto está generando una economía
paralela brutal. Todo esto es una combinación de una distorsión económica con
una crisis moral”, de donde se infiere que, la gran mayoría de la sociedad
venezolana, conoce y/o alguna vez, se ha sometido a un patrón que viene
caracterizando la contemporaneidad, el “hacer colas” como estilo de vida. Con
la particularidad, que el actor social comprende esta “cultura” como insumo que
alimenta a una economía paralela de grandes dimensiones y consecuencias,
insostenible en el horizonte, donde se refuerzan en reciprocidad, subsidios
estatales improductivos con crisis de valores.
Asimismo, destaca en las líneas 89 a 92 que “El
contexto socio-económico es desfavorable al empresariado venezolano porque es
como un cáncer que va acabando con la industria, con el buen talento, es como un
premio a los que se portan mal y castiga a los que se portan bien”, colmando el
actor social C diversas categorías hasta agotarlas, tal como lo desfavorable
que resulta el contexto socio-económico para el emprendimiento privado, así
como el desvirtuar en la esencialidad ética del venezolano. En torno a ello, el
actor social B formula en las líneas 96 a 100 que “A nivel gerencial la apuesta
es a una mejora del contexto socio-económico pero el panorama es desalentador.
Existen empresarios optimistas pero yo tengo demasiadas dudas con respecto al
futuro. No podemos proyectar exactamente. Nosotros hicimos presupuesto en
noviembre y no lo terminamos por la incertidumbre económica”, significando la
apuesta por un cambio favorable en el contexto, el desaliento y las dudas ante
el porvenir, la imposibilidad de construir escenarios desde la prospectiva, las
tareas a medias, la incertidumbre, todo lo cual devela un sentir a lo interior,
una cosmovisión afectada, lesionada, lastimada. Es el tocar fondo a nivel del
constructo.
Sin
embargo, el actor social B refiere la existencia de “empresarios optimistas”,
con una actitud diferente, ante los desafíos. En este sentido, vuelve a la
escena el actor social A, quien a pesar del divorcio que significa entre los
poderes del Estado y el sector privado, se manifiesta proactivo, al declarar en
las líneas 110 a 112 “pienso que este es un momento de crisis en el país, la
cual debemos aprovecharla para crecer. Por ejemplo, ante la escasez, mi
estrategia es buscar productos para venderlos”, exponiendo su visión estratégica
ante la crisis económica, su disposición a diversificar la oferta de productos
ante la escasez, y por ende, la exploración de otras fuentes de ingresos, todo
lo cual propicia el crecimiento en entornos caóticos, como he adjetivado con
anterioridad al contexto socio-económico que se vivencia en la economía
venezolana.
Incluso,
el actor social A llega a plantear, en las líneas 121 a 128 que la “(…)Ley de
Precios Justos nos permite una alta rentabilidad cuando se compara con otros
países. Si pudiera atenuarse el riesgo en el contexto jurídico, este país
estaría volando. ¿Qué debemos hacer? Aprovechar esta oportunidad. Si
determinado proveedor se va del país, nosotros podríamos pensar en abrir una
casa de representación para suplir lo que ese laboratorio deja de ofertar.
Están abandonando el mercado y lo están dejando a nosotros”, emergiendo su sentido
creativo ante el marco jurídico regulatorio y las oportunidades de inversión en
un entorno privado poco competitivo, que deviene de una desinversión generalizada
por expropiaciones al sector privado. No obstante, la declaratoria que el
instrumento jurídico en cuestión “permite una alta rentabilidad” podría
comprenderse en el contexto de las operaciones comerciales que realiza el actor
social, ya que el objeto de su empresa no está constituido por las
importaciones, sino en la comercialización de insumos y productos que le
proveen sus distribuidores en Venezuela. Así, tiene sentido asumir que, el máximo
de treinta por ciento de utilidad que contempla la ley, en operaciones de
compra-venta en moneda local, le representa una alta rentabilidad, tal como
refiere en su discurso.
Cierra
el actor social A, alegando en las líneas 130 a 135, “(…) Ahora, pienso que la
estrategia no debe ser con la configuración de grandes empresas, sino con
pequeñas empresas. Las grandes empresas llaman mucho la atención, son muy
atractivas. Por el contrario, las pequeñas empresas son menos visibles y más
fáciles de manejar en el sentido laboral, en el contexto jurídico que vive el
país”, como una estrategia para seguir operando al tratar de pasar
desapercibido ante continuas fiscalizaciones con criterios discrecionales y,
una regulación jurídica a nivel laboral, fundamentada en el control, la
cogestión accionista-empleado, la nueva significación del proceso
laboral-social, que se orienta a la consecución de la justicia social y por
tal, privilegia al “débil jurídico” en su relación con el empleador. De allí,
el sentido creativo ante el marco jurídico regulatorio, por parte del actor
social A, lo que podría comprenderse como la estrategia de ocultar la
organización, al considerar que el Estado venezolano, tiene animadversión hacia
las grandes empresas, tal vez por interpretarlas como símbolos del capitalismo
que desea erradicar.
Se
da clausura a esta unidad hermenéutica, con la presunción de una coherencia
lógica y contrastabilidad empírica en la articulación del metadiscurso, que
deviene de los aportes de cada uno de los actores sociales, desde sus maneras
de ver, y mi intencionalidad en enhebrar transversalmente en cuanto a la
hermeneusis, para vincular en un todo, nuestra parcial e intersubjetiva
comprensión del contexto socio-económico venezolano.
En
el proceso de organización, sistematización y categorización de los hallazgos,
se presenta el compendio del discurso de los actores sociales referentes a la
demanda sobre los desafíos que vivencian las empresas de servicio venezolanas, con
la intencionalidad de interpretar los sentidos y significados que a ello le
asignan, para articular la tercera y conclusiva unidad hermenéutica del
abordaje indagativo. Sus aportes se vinculan inicialmente con el ámbito
macroeconómico, las amenazas que el entorno le presenta al empresariado
venezolano, y desde allí un transitar hasta la manifestación de sus problemas
internos, su fuero en el ambiente de la microeconomía, el abordaje de tales
desafíos con la intencionalidad de aportar al desarrollo gerencial y
empresarial, en la cotidianidad macroeconómica que vivencia Venezuela.
En
este sentido, el actor social A, en las líneas 145 a 147, comienza dando
respuesta a la inquietud, a través de la siguiente reflexión “El mayor desafío
que pudiéramos estar enfrentando es el miedo, el cual está bien sustentado.
Muchas empresas se están yendo porque el estamento jurídico no les genera una
seguridad”, significando el impacto que el contexto socio-económico, en su
dimensión del estado de derecho, está reflejando en la emigración de los dueños
de negocios hacia otras economías que abren sus puertas a la inversión
extranjera, que en sus indicadores de protección al capital privado, libertad
económica, estabilidad de la moneda, entre otros factores, dan a entender que
el riesgo país es menor al que se evidencia en Venezuela.
Destaca
el actor social el aspecto emocional, como parte de la esencialidad que está
incidiendo en la decisión de emigrar, pues el elemento jurídico que incide
contra el desenvolvimiento económico y social del emprendedor venezolano,
deviene en un desasosiego, un temor, una parálisis, todo lo cual desestimula la
inversión del sector privado en el país, por la inestabilidad jurídica. Pudiera
interpretarse, que el “miedo” declarado por el actor social, en referencia a sí
mismo y a terceros, está sustentado en el marco de inseguridad jurídica y el no
avizorar la sustentabilidad de la empresa, lo que resulta en un estado
emocional de inseguridad, que afecta la toma de decisiones en el
aprovechamiento de las oportunidades del mercado.
Sin
embargo, el actor social A interpreta como favorables algunas actuaciones que
emanan de la administración pública, cuando en las líneas 150 a 155 expresa, “Este gobierno últimamente ha tratado de generar
confianza. Por ejemplo, ellos no han expropiado más. No habían expropiado más,
hasta este período que ellos han denominado “guerra económica” que acaba de
producirse con abastos Día a Día en su ocupación temporal”, organizando su
aporte, en torno a una segunda referencia de tipo subjetivo, en cuanto a la
comprensión de las actuaciones de un tercero, desde una perspectiva saludable, pues
expresa “este gobierno últimamente ha tratado de generar confianza”, entrañando
un período reciente en que el gobierno venezolano se abstuvo o redujo
considerablemente sus órdenes de expropiar y/o confiscar parte del aparato
productivo nacional.
Así,
el actor social A troca del miedo al optimismo, ya que analiza una situación
que desfavorece al emprendedurismo de capital privado, por acciones recurrentes
del Estado, y lo interpreta desde su vértice más benigna, al interpretar como
benévola, la decisión gubernamental de cesar temporalmente en las
expropiaciones, cuando otras maneras de mirar, lo considerarían un receso a
desviaciones al deber ser, en cuanto a políticas de Estado que deberían incentivar
y proteger la inversión privada. Se percibe en el actor social, la inteligencia
emocional y espiritual, que le hace consciente ante el emocionalismo negativo
que predomina en el ámbito empresarial, lo cual le permite ser sensible ante
transitares más propicios, desde el carácter, la voluntad, la esperanza, con la
intencionalidad de adversar la adversidad.
Seguidamente,
el actor social hace acotaciones con respecto al nuevo vaivén en el abordaje
del sector público hacia sus pares privados, que se caracteriza en la
imposición de medidas civiles y penales contra algunas empresas, por
interpretar el Estado desde su subjetividad ideológica, que éstas incurren en
algunos de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (op.
cit), en el marco de una “guerra económica”, lo que tiende a enrarecer el
ambiente económico e incrementa el temor, alejando las posibilidades de
reinversiones y del crecimiento organizacional. Sin embargo, desde la
cosmovisión del actor social A, interpreta que la administración pública desea
generar confianza a través de las decisiones en el área económica. De hecho, él
expresa en las líneas 158 a 161, que se “(…) están generando algunas políticas
para la importación, como la providencia especial para traer vehículos. La
persona podría importar solamente con el certificado y la factura, para uso
personal o a través de las empresas. Esto representa para mí un indicador de
confianza”, denotando cierta liberación en los controles establecidos, aunque
el actor social interpreta esta situación como una similitud cognitiva entre
“indicador de confianza” y libertad económica.
Ahondando
en el tema de las importaciones y la libertad económica, el actor social A
expresa en las líneas 173 a 184 que, “(…) nuestros gerentes del sector político
tienen que disminuir un poco, una serie de requisitos y permisologías para
facilitar las importaciones, que en mi caso, sería en el ramo donde me
desenvuelvo (…) La burocracia representa un desafío para las empresas de
servicio. Deberíamos disminuir la permisología y allí se probaría la capacidad
de la gerencia pública”, evidenciando un entorno caracterizado por tal cantidad
de permisologías y trámites a satisfacer, que representan otro escollo para las
empresas que desean operar en el país. De allí, su deseo de mayores
oportunidades para la entrada de materia prima y/o productos foráneos bajo la iniciativa
privada, especialmente en el sector de los insumos médicos. Asimismo, propone un
indicador de gestión pública, asignando cualidades de eficiencia en la medida
que los funcionarios tengan competencias y disposición para disminuir los
trámites burocráticos. En esta perspectiva, vale destacar la publicación de la
Reforma de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (2014), que
describe en el artículo número 4, los motivos que le justifican, tal como
sigue:
La
simplificación de los
trámites administrativos tiene por finalidad, racionalizar y optimizar
las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública, a
los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así
lograr una mayor
celeridad y funcionalidad
en las mismas, reducir los gastos operativos,
obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y
mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas. (p. 2)
Esta
declaratoria, evidencia el propósito de la administración pública, para un
reordenamiento jurídico y burocrático, que facilitaría las relaciones entre
gobernados y sus autoridades, en cuanto a tramitaciones de todo orden, pues la
constante promulgación de instrumentos jurídicos que tienden a controlar los
diferentes ámbitos de la vida en ciudadanía, han contribuido a una
ralentización de la economía y, en algunos casos, a una contracción en
determinados sectores económicos, que perjudican el buen vivir en sociedad.
En
este orden de ideas, el actor social A destaca en las líneas 201 a 204 que “El
sector privado tiene dólares, pero tiene miedo. El microempresario tiene la
oportunidad de suplir el mercado que está desasistido, desabastecido, pero
existen trabas en el sector público, entonces aquí es muy importante la
gerencia”, insistiendo en el impacto de la gestión pública sobre el crecimiento
económico, que en la contemporaneidad venezolana, se singulariza en una burocracia
poco eficiente al gestionar las diversas solicitudes que se le presentan, incidiendo
desfavorablemente en la libertad económica, lo que convoca a la gerencia, al
ser gerente en su abordaje holístico, íntegro, complejo, para la gestión de
recursos que son escasos y limitados, en pro de satisfacer necesidades y dar
cumplimiento a requerimientos que emergen de un ambiente caótico y poco
favorable, según se desprende del discurso del actor social A.
Luego
de ello, se decanta por discursar sobre la balanza de pagos y el entorno
cambiario, cuando expresa en las líneas 161 a 164 que “A este gobierno le ha
sucedido la crisis de la caída en los precios del barril del petróleo,
impulsando estrategias para enfrentarla, tales como el Sistema Marginal de
Divisas (Simadi)”, lo que manifiesta una cultura procedimental reactiva por
parte del Estado, que emerge en el diseño de una estrategia que pretende cierta
adecuación a la disminución de los ingresos de la Nación, pero que en el fondo,
señala una improvisación financiera ante la caída de ingresos petroleros, pues
las autoridades no constituyeron fondos de estabilidad económica, para atender
este tipo de variaciones típicas de los ciclos económicos, así como tampoco,
previeron la estabilidad en el valor de la moneda local con respecto a su
respaldo en reservas internacionales, y por ello, la configuración de un nuevo
sistema cambiario, según señala el actor social A.
Complementando
el análisis, el actor social B refiere una serie de desafíos para el
empresariado venezolano, como expresa en las líneas 29 a 31 “Aquí, los problemas son el desabastecimiento, cómo me aprovisiono
de divisas, cómo hago para ser rentable con una Ley de Precios Justos”,
significando la necesidad de un reordenamiento en el marco jurídico que sea más
favorable para las empresas, un acceso a divisas preferenciales para reposición
de inventarios, que permita paliar el desabastecimiento que afecta al sector
privado y a la sociedad en general.
Coincide
el actor social C, en las problemáticas que enfrentan los dueños de negocios,
cuando despunta en las líneas 135 a 144 que “Hace poco compartía con un amigo
que es importador de electrónicos y me decía: cómo importo yo, con Simadi a una
tasa de 190bs/$ cuando la red Bicentenario importa a 6,30bs/$. ¿Cómo compito
con ellos? Me comentaba que lo visitaron tres fiscales y le cambiaron el precio
al 45% de sus productos, por asuntos de criterios diferentes al no reconocerles
algunos gastos”, significando la competencia desleal que representa el accionar
de algunas empresas del sector público, como es el caso de la red Bicentenario,
que se evidencia en la comercialización de ciertos insumos y productos en el
país, a precios que derivan en la asignación de divisas preferenciales, lo que
desestimula la inversión privada que debe acudir a mercados, con tasas de
cambio significativamente más altas. Aparte, recalca la actuación discrecional de
funcionarios y su animadversión hacia el emprendedurismo que no sea estatal, reflejado
en la fiscalización al aparato productivo privado en Venezuela, lo que
desvirtúa la competitividad en un ambiente propicio, según se interpreta del
actor social C.
Luego,
que los actores sociales han develado los desafíos que tienen lugar en el
contexto de la macroeconomía y el ámbito político-jurídico, los cuales escapan
a su control, según expresan, ellos empiezan a pasearse en el campo de la
gestión ante las amenazas que les representa el entorno, revelando sus
pareceres y mejores prácticas, por el deseo de navegar con éxito ante las
constantes demandas que son pertinentes al hacer gerencial. Así, el actor
social C, en las líneas 123 a 129, refiere que “(…) la burocracia del sistema
representa otro desafío, como las leyes nuevas, aunque por la Ley de Costos y
Precios Justos como empresa de servicio no estamos afectados. En las
oportunidades existentes, tú vas aprendiendo a manejarte en el medio, manejarte
en la burocracia y así se va convirtiendo en una fortaleza para ti porque si un
trámite dura seis meses y tú logras aprenderlo a hacer en dos meses, igual tu
competencia va a tardar seis meses y así puedes llegar primero que los demás”, atribuyendo
significancia al desarrollo de competencias en entornos burocráticos, al
entender y atender los requerimientos del sistema, reducir los tiempos de
respuesta, ser más efectivos en comparación a sus pares, lo cual puede redituar
en beneficio de la organización, en palabras del actor social C.
En
este orden ideas, el actor social B inquiere sobre un abordaje gerencial que le
permita tener éxito ante la crisis que ha provocado el entramado legal en
Venezuela, el cual pudiera convertirse en una oportunidad para su negocio, tal
como emerge de su postura en las líneas 146 a 148, cuando expresa que “(…) en
Venezuela el desafío es ¿cómo hago para vender un producto que me obligan a
ofertarlo a un precio limitado, pero todo el mundo lo quiere comprar?”, adentrándose
en el ámbito de la competitividad, la reducción de costos y gastos, la
optimización de los recursos disponibles, la configuración de productos y
servicios de calidad, la importación de insumos y mercancías, pero siempre, en
una estructura de costos que sea inferior a los precios máximos de venta al
público permitidos por la ley, para generar una rentabilidad en aras de la
viabilidad organizacional. A este propósito, el actor social B expone la
necesidad de una gestión organizacional que sea atenta, oportuna, dinámica, ante
las distorsiones económicas.
A
continuación, el actor social B refiere la oportunidad que a su parecer, se
está abriendo por parte de las autoridades, en la convertibilidad de la moneda,
pues en las líneas 152 a 156 destaca que “Al compartir con colegas empresarios,
coincidimos que el mayor desafío es la adquisición de divisas de manera legal.
Esto es lo que pedíamos. Ahora parece que vamos a poder hacerlo, pero al precio
de cotización actual, no se cuenta con la disponibilidad para adquirirlas con
el desenvolvimiento normal de la empresa”, lo que evidencia en primer lugar, la
práctica de reunirse con sus pares para el intercambio de experiencias,
análisis del entorno, construcción de escenarios, abordaje a los desafíos,
destacando la validación de estrategias, ante la constancia en los cambios del
entorno macroeconómico. De allí, el consenso en la mayor necesidad corporativa,
“la adquisición de divisas de manera legal”, que pretende ser satisfecha en el
nuevo sistema cambiario denominado SIMADI, cuyo éxito depende del nivel de
liquidaciones que por él se atienda, lo que viene a constituir el menester de la
gestión estratégica ante el régimen cambiario, según palabras del actor social
B.
Sin
embargo, hace mención a la indisponibilidad de recursos en moneda local, para
optar a similar presupuesto en divisas de períodos anteriores, por la
incapacidad de generar tal cantidad de bolívares con las operaciones cotidianas
de la compañía, todo lo cual se hace evidente cuando destaca que “al precio de
cotización actual, no se cuenta con la disponibilidad para adquirirlas con el
desenvolvimiento normal de la empresa”, refiriendo a la nueva tasa de cambio
que ha devenido en una devaluación del bolívar fuerte. Insiste el actor social
B sobre el tema, cuando discursara en las líneas 158 a 161 sobre el hecho de
que “Cuando valoras la empresa en moneda extranjera, ésta ha perdido valor, por
ello muchas empresas han cerrado operaciones pues no les resulta atractivo
mantenerse en Venezuela”, interpretando que la pérdida patrimonial que
representa la nueva tasa de cambio para las operaciones comerciales en divisas,
afecta por igual a las empresas locales y foráneas que hacen vida en Venezuela,
lo que obliga a una gestión del capital ante las distorsiones económicas, para
tratar de reducir la destrucción del valor para el accionista, o en caso
contrario, el cierre de operaciones o la salida de capitales, según se
desprende de los aportes del actor social B.
Cierra
este aparte, el actor social C, cuando alude a lo porvenir, en las líneas 150 a
152, en los términos de “(…) Tengo dudas de la durabilidad y creo que en la
medida que el gobierno esté en dificultades, va a tener que tomar otras decisiones.
Son medidas de ajuste muy fuertes en un año electoral”, significando otras
decisiones que se infieren en el campo de la macroeconomía, para optimizar los
recursos del Estado en aras de dar cumplimiento a los múltiples compromisos
asumidos. Por ello, tratar de equilibrar la balanza de pagos en un contexto de
caída en los ingresos petroleros y contracción económica del sector privado,
sin otras “medidas de ajuste muy fuertes”, hace que el actor social C asome la
desconfianza del sector privado, en la viabilidad de las actuales medidas
económicas. Se anticiparía un contexto de mayor contracción, si los precios del
petróleo no se recuperan en el corto plazo.
Al
interior de sus organizaciones, los actores sociales revelan en sus aportes, la
confluencia en la gestión del personal, como uno de sus principales desafíos. A
este aspecto, el actor social B, en las líneas 33 a 34, declara “(…) En cuanto
al capital humano, en Venezuela, igualmente es difícil gestionar, porque su
calidad de vida ha disminuido, su poder adquisitivo”, denotando inconvenientes
por el impacto que el ambiente económico también ha tenido sobre los empleados,
en cuanto a la disminución del poder de compra y la calidad de vida, lo que
invita a hacer esfuerzos para desarrollar una efectiva gestión del capital
humano en entornos caóticos. Luego, en las líneas 122 a 125, este mismo actor
social destaca “Cuando el empresario piensa que ya tiene al personal clave, uno
de los principales desafíos es mantener el clima organizacional, mantener el
personal contento y darle la confianza de que la empresa va a seguir operando y
cubrirá sus expectativas”, entrañando la dificultad en la permanencia de un
“Statu quo” a nivel de los logros alcanzados en la gestión del recurso humano, considerando
el talento que apoya a la organización en su desenvolvimiento y desarrollo, lo
cual conlleva a una gestión, de índole pragmático y rentista, y a su vez, de
corte humano, pues las personas no son objetos inalterables sino seres
sociables que requieren de ambientes propicios para su desarrollo y, el
contexto socio-económico venezolano representa tal nivel de incertidumbre, que
el empresario se ve en la necesidad de brindar señales que estimulen “la
confianza de que la empresa va a seguir operando y cubrirá sus expectativas”,
propiciando así, un clima organizacional saludable que estimula la certidumbre
en la gestión, según se interpreta del actor social B.
Por su parte, el actor social C considera que
la gestión del recurso humano no le representa un desafío significativo, en
contraposición a lo manifestado por el actor social B, pues en las líneas 30 a
39 manifiesta que “En cuanto a gestionar el recurso humano en Venezuela, yo no
siento que sea difícil aunque creo que la calidad es pobre comparado con otros
países, en cuanto al conocimiento, visión, estrategia, sobre todo en cuanto al
conocimiento teórico. (…) en tu comparación como talento humano, te das cuenta
de que ellos están en otra onda de conocimiento y los venezolanos estamos en la
onda distinta, la de sobrevivir”, sobreentendiendo, que el manejo exitoso de
las relaciones con el personal, es parte de su cotidianidad, a nivel
organizacional.
Sin
embargo, destaca las resultas de un análisis comparativo abordado desde su
óptica, en cuanto al desarrollo y competitividad del talento humano, suponiendo
desventajas en el conocimiento teórico, visión y desarrollo de estrategia, del
personal local con respecto a sus pares en otras latitudes, lo que implica la
necesidad de gestión del capital humano ante su escasa formación. Incluso, el
actor social C lleva el análisis a una comparación entre sí mismo y su cotejo
con empresarios foráneos, manifestando que en el exterior, el crecimiento
profesional se decanta por la sociedad del conocimiento, mientras en Venezuela,
la praxis gira en torno a apenas cubrir costos y gastos, a la conservación del
empleo en una economía en recesión, o la búsqueda del punto de equilibrio que
permita la sustentabilidad de la organización, en desmedro de la apertura de
nuevas unidades de negocios, o inversiones en infraestructura, o apertura de
sucursales, entre otras iniciativas que no son develadas comúnmente en el
discurso de los empresarios en el país.
Conviene
distinguir el abordaje del servicio que presta en líneas generales, el capital
humano en Venezuela. A tal respecto, el actor social D comenta en las líneas
103 a 121 que “En nuestro país, la cultura del servicio no es algo que nos
identifique con respecto a otros países. Un gran desafío es ese: poder atender
y dar un servicio de calidad a la persona, para satisfacer sus requerimientos.
Incluso a nivel del sector público. Tú vas a gestionar algún trámite o tienes
algún problema y es muy difícil que te solucionen, que te den respuestas de
manera oportuna o con un buen trato. (…) si existe una diferenciación en la
actitud, en las ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Quien desea prestar
el mejor servicio, ese es el personal más valorado”, señalando la tendencia en
la filosofía de gestión, tanto en el sector privado como público, a una falta
de atención en la solución de problemas y/o buen trato, en los requerimientos
que los ciudadanos presentan a sus proveedores, que lleva a una insatisfacción
generalizada, motivado en parte a la deficiente cultura del servicio en
Venezuela, según aporta el actor social D.
Al
respecto, D`Alvano y Giménez (2005) refieren una encuesta especial sobre los
bancos en América Latina, que reveló la “inexistencia de cultura de servicio”
como la segunda fuente de los problemas en cuanto a la calidad de los servicios
bancarios. Para el caso de Venezuela, el 82% de los entrevistados, resaltó tal
aspecto como el que mejor explicaba las deficiencias del servicio recibido, ya
que los elementos culturales inmersos en el desempeño organizacional, tales
como los valores, creencias, actitudes, símbolos, habilidades, conocimientos,
historias, rutinas, normas, políticas y procedimientos, parecen no estar
alineados hacia una cultura del servicio en el país, lo que conlleva que esta
base de la diferenciación estratégica, esté poco desarrollada a nivel general.
Sin
embargo, al destacar las excepciones a esta tendencia, el actor social D refiere
que “(...) Sí existe una diferenciación en la actitud, en las ganas de hacer
las cosas y hacerlas bien. Quien desea prestar el mejor servicio, ese es el
personal más valorado”, denotando la importancia de las personas que no se
permiten permear por la práctica del menor esfuerzo posible, y por ello, se
destacan por la excelencia en el servicio, en su disposición por la
efectividad, el deseo de llevar los asuntos a buen término, lo que implica una
valoración superior por parte de los empleadores, que pudiera traducirse en
mejoras salariales, reconocimientos no monetarios, ascensos a nivel
organizacional, entre otros beneficios que configura una valoración del capital
humano de acuerdo a su disposición, en palabras del actor social D.
A
nivel general, y luego del abordaje a la gestión del capital humano, los
actores sociales plantean desafíos y/o visiones desde sus particularidades
organizacionales y de los sectores económicos donde hacen vida, los cuales vienen
a ser manifestados a partir de este nivel de desarrollo de la unidad
hermenéutica. Así, el actor social A, en las líneas 66 a 69, nos habla de su
accionar para expandir las operaciones comerciales, al comentar que “Ahora
vendemos material médico quirúrgico cuando antes solo comercializábamos
fórmulas médicas. Estamos buscando abrir nuevas oficinas para ampliar el
mercado. Necesitamos vender más”, significando que la crisis le ha invitado a
diversificar e incrementar sus fuentes de ingresos, mediante la venta de
insumos y productos que no le eran tradicionales, la apertura de nuevas
oficinas, e incluso el inicio de operaciones de importación, como señala en las
líneas 167 a 170, “(…) ya incluso registramos una empresa para importar, aunque
la permisología para nuevas empresas es un proceso engorroso, difícil, pero
creo que es una gran oportunidad el meternos en el negocio de la importación”,
todo lo cual configura una serie de emprendimientos para aprovechar las
oportunidades en importación y comercialización, a fin de expandir las
operaciones y crear valor para la empresa, lo cual configura un desafío que
este actor social ha asumido con determinación y creatividad.
Procediendo
con el actor social D, son varios los desafíos que vivencia. Primeramente,
expresa en las líneas 43 a 46 que “(…) debemos anticiparnos con un enfoque
inteligente, creativo, diseñando productos que satisfagan las expectativas de
este nuevo entorno, a este nuevo cliente, posiblemente acortando tiempos,
plazos. Esto nos obliga a evaluar constantemente”, emergiendo toda una serie de
cualidades positivas a perfeccionar, que le permitan seguir siendo competitivo y,
que favorezcan el diseño de productos innovadores y redituables para el éxito
en el entorno venezolano. El actor social propone un enfoque inteligente,
creativo, pero poco aporta en la formulación de las estrategias para lograrlo,
si requiere actualización del personal o las vías para direccionar estas
iniciativas.
Seguidamente,
en las líneas 128 a 134, este actor social expone que “Otro de los desafíos es
la consecución de capital para nuevos préstamos. Somos una empresa cuya materia
prima es el dinero. Desarrollamos estrategias que nos han funcionado y
esperamos tocar puertas para obtener financiamientos en instituciones oficiales
para contar con tasas subsidiadas, ya que nuestra empresa tiene un corte social
porque el dinero está llegando a quienes menos tienen. Por ello, el desafío de
buscar dinero fresco en entes públicos”, desplegando lineamientos para el
financiamiento de su capital de trabajo, que se traduce en la captación de
recursos a tasas preferenciales y que resultan en tasas reales negativas ante
un entorno inflacionario. En este caso, la desvalorización del dinero impacta
en los montos a dar en préstamo, pues las cantidades deben ser mayores para que
el beneficiario pueda adquirir los activos que generen ingresos y permitan el
pago del crédito. La inflación no incide en la pérdida patrimonial del actor
social D, pues el capital de trabajo es el dinero, que otros entes le ofrecen a
tasas preferenciales, lo cual configura una estrategia para acceder a capital,
en condiciones muy favorables.
Finaliza
su discurso el actor social D, exponiendo en las líneas 81 a 84 que “Estos son
negocios donde las economías de escala funcionan muy bien porque si cuentas con
personal, planta física y nuevas inversiones, manteniendo tus costos
controlados, pues obtendrás una mayor utilidad”, significando el área de
servicios financieros como una posibilidad para seguir haciendo negocios en Venezuela,
impactando positivamente en los sectores desfavorecidos al dar préstamos a
tasas competitivas, siempre y cuando la estructura de costos sea gestionada con
efectividad. Refiere a la economía de escala, como aquellas cantidades
dinerarias dadas en préstamo, que no inciden en mayores costos y/o gastos,
operativos, entre otros. Una vez alcanzado el punto de equilibrio, el proveer
mayores créditos se traduce en ganancias altas ante costos que no representan
variación hacia el alza. Por ello, se interpreta el deseo de gestionar
economías de escala, para la sustentabilidad y viabilidad, como otro de los
desafíos que considera en su gestión empresarial el actor social D.
En
cuanto al actor social B, se sigue percibiendo en su discurso una estela de
pesimismo y/o resignación ante el entorno, que se manifiesta en las líneas 167
a 171, al expresar “Antes nosotros trabajábamos por lucro. Me explico,
normalmente las empresas tiene que operar por lucro. Yo creo que muchas de las
empresas que operan en Venezuela y sobre todo en los últimos dos años, se han
olvidado del lucro y piensan en mantenerse, por ser leales con el talento
humano”, vertiendo sus pareceres y realidad, sobre las resultas financieras de
operar en el sector de la importación, que ha generado grandes pérdidas
patrimoniales, producto de la inestabilidad de la moneda, el control de precios
y cambio, así como la competencia del sector público, comprendida por el actor
social como desleal. Empero, este actor social asoma algo sumamente positivo,
una cultura basada en los valores, de corte humanista, solidario, que prima la
conservación del talento humano, por encima de la generación de renta en el
corto plazo, evidenciado en el esfuerzo declarado por capacitar y mantener el
capital humano en su organización como la fuerza que la impulsa y da sentido
sustentable.
Por
último, el actor social C en las líneas 161 a 162 refiere a una reflexión, “Después
de todo terremoto, viene la reconstrucción y es allí donde queremos estar”,
equiparando en alguna medida, el contexto socio económico venezolano con un
evento de la naturaleza, de consecuencias muy negativas, como lo representan
los movimientos telúricos de alta intensidad. Sin embargo, su optimismo
resalta, por su disposición de sobrevivir a los desafíos de la contemporaneidad,
para, en el futuro, participar en la gerencia de la reconstrucción del país,
aunque no aporta elementos de convicción que permitan inferir si vivencia un
optimismo idealista o si realmente ha trazado estrategias para posicionarse
efectivamente ante los cambios en el entorno.
La
unidad hermenéutica “Desafíos de las empresas de servicios” resultó en cierta
reiteración en cuanto a los aportes brindados por los actores sociales, ya que
en el desarrollo de la unidad hermenéutica contexto socio-económico venezolano,
ellos expusieron de manera espontánea la problemática que vivencian, haciendo
que este último aparte, aparentemente reflejara una cierta saturación en el
discurso, pero que permitió significar y evidenciar una serie de referentes en
el entorno macroeconómico venezolano que inciden en la capacidad de gestión de
los actores involucrados, tales como la improvisación cambiaria ante la
disminución de los ingresos petroleros, la significativa burocracia que
obstaculiza la libertad económica, la competencia desleal por parte de empresas
del sector público que desestimula la inversión privada y la incidencia de las
actuaciones discrecionales de funcionarios públicos, en las fiscalizaciones que
se realizan contra organizaciones empresariales. En el ámbito de lo
microeconómico, destaca la deficiente cultura de servicio en Venezuela, la
necesidad de diversificación e incremento en las fuentes de ingreso, la gestión
de economías de escala para la sustentabilidad y viabilidad organizacional,
entre otros aspectos.
En
cuanto a los aportes, el abordaje del horizonte de sentido generado de la
interpretación del discurso de los actores sociales, en cuanto a esta unidad
hermenéutica, permitió pasearse por la necesidad de gerencia en diversas áreas,
tales como, la formación del capital humano en entornos caóticos, de
estrategias ante el régimen cambiario, del capital ante distorsiones
económicas, el clima organizacional, el diseño de productos y servicios
innovadores y redituables en el entorno venezolano, la necesidad de emerger con
nuevos emprendimientos para aprovechar las oportunidades, la formulación de
estrategias no tradicionales que permitan generar rentabilidad, e incluso, la
propuesta de reconstrucción del país, lo cual advierte de los múltiples desafíos
que enfrentan los empresarios en Venezuela, y la transdisciplinariedad que
requiere ser asumida como filosofía de gestión, para la eficiencia, la eficacia
y la efectividad, en el cumplimiento de los roles a que son llamados, los gerentes en la Venezuela
del siglo XXI.
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