Capítulo II del Trabajo de Grado para optar al grado de Magister Scientiarum en Gerencia Financiera. Marco teórico
En este segmento se referencian investigaciones similares o referentes a la temática objeto de estudio, así como las bases teóricas y legales que permiten construir el marco de la investigación, aportando información valiosa y pertinente que contribuye a definir y delimitar el problema.
Antecedentes
Del Sector:
Las microfinanzas surgieron en los años ochenta como respuesta a las dudas y a los resultados de investigaciones sobre la concesión de créditos subsidiados por el Estado para agricultores pobres. En los años setenta, las agencias gubernamentales eran el método predominante para la concesión de créditos productivos a personas que carecían de acceso previo a servicios de crédito. (Ledgerwood, 2000)
Desde mediados de lo años ochenta, el modelo de créditos subsidiado y dirigido, apoyado por donantes, ONG´s y Estados, fue objeto de crítica constante porque la mayoría de programas acumulaba grandes pérdidas de préstamos y requería frecuentes recapitalizaciones para continuar operando. Se hizo más y más evidente la necesidad de soluciones basadas en el mercado. Esto condujo a un nuevo enfoque que consideró las microfinanzas como parte integral del sistema financiero en general.
El énfasis se desplazó del rápido desembolso de préstamos subsidiados para poblaciones objetivo hacia el desarrollo de instituciones locales sostenibles para servir a los pobres. En Asia, el Dr. Mohammed Yunus, de Bangladesh, tomó la delantera con un esquema piloto de préstamos colectivos para personas sin tierra. Posteriormente esto se convirtió en el Banco Grameen, el cual atendía para el año 2.008 más de dos coma cuatro (2,4) millones de clientes, de los cuales un noventa y cuatro por ciento (94 %) está conformado por mujeres.
Concluye la autora que en la actualidad el enfoque se centra en prestar únicamente servicios financieros, mientras en los años setenta y gran parte de los ochenta se caracterizaron por un paquete integrado de crédito y capacitación, el cual requería subsidios. El reconocimiento de alcanzar la sostenibilidad financiera ha conducido al actual enfoque de "sistemas financieros" para las microfinanzas.
En Venezuela, se considera que la pequeña y mediana industria (Pymes) es dirigida en alta proporción, de forma empírica (Becerra, 2005). Emprendedores que desarrollan satisfactoriamente una idea, un bien o servicio, pero no cuentan con conocimientos gerenciales que les permitan abordar satisfactoriamente los factores relacionados al crecimiento, al marco legal, la competencia y el microcrédito.
Para hacer de estos puestos de trabajo, factores productivos en el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento económico de los empresarios de microempresas, se hace imprescindible contar con asistencia técnica y financiamiento, por parte de instituciones que entiendan la dinámica y condiciones propias de los pequeños emprendimientos.
Es necesario destacar en nuestro país, el número cada vez mayor de historias de éxito, innovadoras en ambientes tan diversos, como la Cooperativa San José Obrero en Punto Fijo, Estado Falcón, así como Bangente (Banco de la Gente Emprendedora), en diversas ciudades del país. Esto contrasta notoriamente con los registros de instituciones financieras especializadas manejadas por el Estado, que han recibido grandes cantidades de financiamiento durante las últimas décadas, pero que han fracasado en términos de sostenibilidad financiera y de proyección hacia los pobres.
De la Investigación:
A continuación se hace mención a estudios que han realizado diversos autores sobre el tema, entre los cuales destacan:
Barragán, M, y Escalante, L. (2004). Investigación que profundiza sobre las principales necesidades financieras de los sectores desfavorecidos en Venezuela y quienes aportaban soluciones de impacto social en este sentido.
La investigación se apoyó en una revisión bibliográfica para identificar características y necesidades del sector de bajos recursos, definir los servicios financieros disponibles en el mercado e indagar sobre experiencias realizadas en otros países para atender a este sector. La realización de una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad a gerentes de instituciones financieras formales e informales y a personas de bajos recursos económicos. Por último, la presentación y análisis de los resultados, contrastando la información obtenida de las instituciones financieras consultadas y del sector de bajos recursos, hecho que permitió establecer las brechas y soluciones que el sector de bajos recursos emplea ante sus necesidades financieras.
Concluye que el sector financiero posee una amplia gama de servicios financieros, pero pocas opciones van dirigidas al sector de bajos recursos económicos, entre las cuales se mencionan los microcréditos (para comerciantes informales o microempresarios) y cuentas de ahorro de bajo monto y apertura. Por su parte los sectores de bajos recursos satisfacen sus necesidades de ahorro y crédito invirtiendo en bienes y servicios suministrados por empresas semiformales y participando en actividades promovidas por el sector financiero informal. Así mismo, el estudio destaca la existencia de empresas semiformales que han visto en el sector de bajos recursos económicos un potencial financiero y han tratado de ofrecer servicios al alcance de sus capacidades, como seguros funerarios, seguros para vehículos, compras programadas, créditos en tiendas por departamentos, entre otros.
Señala la citada investigación las diferentes modalidades de microfinanciamiento que se desarrollan de manera informal y semiformal en las extensas barriadas de la zona metropolitana de Caracas y funge como punto de partida para analizar la cartera de microcréditos, de las instituciones microfinancieras objeto de estudio de la presente investigación, en función de la diversificación del riesgo y la calidad de la cartera.
Escalona, G. y Romero, J. (2007). Trabajo que examina el desempeño del Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) y el Banco de Desarrollo del Microempresario (BDM), las cuales existen bajo la figura de Bancos de Desarrollo especializados en el sector microempresarial.
El análisis de dichas organizaciones se llevó a cabo mediante la metodología de estudios de casos, estableciendo una aproximación a la comprensión de este modelo de negocios y su desempeño, a partir de entrevistas en profundidad con personas involucradas en el sector y observación directa del proceso de atención al cliente.
Concluye el estudio haciendo especial mención sobre análisis de indicadores financieros tales como retorno sobre los activos y patrimonio, superando estas instituciones microfinancieras los estándares del sistema bancario comercial y universal para el período analizado, así como la tasa de morosidad, cuyo promedio es menor al sistema financiero nacional. Aporta que dichos bancos de desarrollo cumplen en gran parte con los criterios de éxito basados en experiencias internacionales.
González, P. y Valero, H. (2006). Estudio que demuestra como el acceso a nuevas fuentes de financiamiento a través del microcrédito permite a las microempresas ubicadas en sectores populares de la Gran Caracas, en Venezuela, desarrollar sus negocios de una manera más eficiente y rentable, que a su vez les permite mejorar sus indicadores operativos y financieros.
Basado en una muestra de veinte microempresarios de sectores populares que han recibido financiamiento de esta institución microfinanciera por más de cuatro años, con la finalidad de analizar un grupo de indicadores operativos, financieros y sociales que permitan apreciar su impacto en las condiciones del negocio y la calidad de vida personal y familiar.
Concluye que el acceso al microcrédito mejora la eficiencia del negocio de forma considerable, especialmente a nivel de infraestructura, condiciones comerciales y de negociación con proveedores y mayoristas. De igual forma incide positivamente en la facturación del beneficiario y por ende en indicadores sociales del microempresario, tales como ahorro familiar y mejora de infraestructura del núcleo familiar.
Rincón, R. y Martínez, T. (2003). Estudia la factibilidad de implementar en Venezuela sistemas de Garantías Recíprocas y programas de Titularizaciones en Microfinanzas, anticipando el nivel de madurez que se vislumbra para el sector en nuestro país.
Se recoge el basamento teórico disponible y se analiza el marco legal regulatorio venezolano. Se documentan experiencias internacionales y locales mediante entrevistas a especialistas financieros con experiencia en instituciones microfinancieras. Amén de realizar un diagnóstico de la situación presente para la fecha del estudio y el potencial de la industria microfinanciera en el país, se clasifican dichas instituciones venezolanas por niveles de autosuficiencia. Presenta análisis de barreras detectadas para el desarrollo del sector microfinanciero y en particular del sistema de garantías y los programas de titularizaciones.
El diagnóstico concluye la carencia de incentivos para el crecimiento y evolución del sector microfinanciero en Venezuela a pesar de los esfuerzos hechos por el Estado. Sugiere mejorar la calidad de los portafolios de microcréditos y el desarrollo de estrategias de diversificación como elemento clave para el desarrollo de titularizaciones a mediano y largo plazo.
En relación a estos antecedentes, incluso el orden en el cual fueron citados subraya la importancia que tienen para el presente trabajo de investigación. En primer lugar Barragán, M, y Escalante, L. (2004) demuestran la existencia de un amplio sector de la población, excluido del sistema bancario nacional, bien sea por los requisitos de entrada que no logran satisfacer o por la poca oferta de productos microfinancieros diseñados para sus necesidades o de alto impacto social. Dicha investigación resulta relevante por inferir una problemática social que puede ser abordada desde el punto de vista académico, para generar un mapa de la situación actual en el estado Lara, y de igual forma, aportar una serie de análisis, recomendaciones y soluciones para ser desarrolladas mediante emprendimientos sociales y empresariales.
Por su parte, Escalona, G. y Romero, J. (2007), al profundizar en el desempeño de instituciones microfinancieras formales de excelente trayectoria en la región capital de Venezuela, marca pautas en cuanto al uso de indicadores de desempeño financieros e institucionales. El uso de la metodología estudio de casos provee herramientas que facilitarán el abordaje de las instituciones objeto de estudio.
La efectividad de las instituciones microfinancieras como agentes de movilidad social queda demostrada en el trabajo realizado por González, P. y Valero, H. (2006). Esta experiencia estimula la realización de la presente investigación, como un paso más en la lucha contra el flagelo de la pobreza. Aunque el objeto de estudio no corresponde con instituciones microfinancieras sino con sus beneficiarios, es pertinente por el uso de indicadores financieros y sociales en el análisis de estos últimos.
Las tendencias y futuro de las instituciones microfinancieras en Venezuela quedan reflejadas en los aportes realizados por Rincón, R. y Martínez, T. (2003). Más que una moda, el microfinanciamiento y la industria relacionada deben ser tanto viables como factibles, y para ello y en función de lo expresado en el trabajo de estos investigadores, se requiere insistir en el análisis académico, que incida en el desarrollo de políticas que favorezcan el desarrollo del sector.
BASES TEÓRICAS
En aras de generar una perspectiva a largo plazo sobre la viabilidad de instituciones microfinancieras que diseñan y brindan acceso a servicios financieros adecuados, la presente investigación considera los conceptos estrechamente relacionados desde dos aristas complementarias: la conceptualización del negocio y los indicadores que evalúan el desempeño microfinanciero desde una perspectiva integral.
Las Microfinanzas
Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el prólogo del libro El boom de las Microfinanzas, el modelo latinoamericano visto desde adentro (Berger, 2007) señala lo siguiente: Las microfinanzas, que tienen su origen en tradiciones antiguas de autoayuda colectiva, se han convertido en el segmento de más rápido crecimiento, y en uno de los más rentables, de los sistemas financieros de América Latina y el Caribe.
Continúa el autor señalando que el valor fundamental de las microfinanzas reside en su capacidad de estimular el espíritu de iniciativa y de generar la posibilidad de una mejor vida para millones de individuos con gran espíritu de trabajo, que en la actualidad carecen de acceso al sistema financiero formal. Así, trascienden los parámetros de ingresos y balances: convierten la esperanza en ganancias, las ganancias en oportunidades y las oportunidades en un crecimiento económico sostenible para las familias y las comunidades en las que están insertas.
Las microfinanzas se definen como los servicios financieros destinados principalmente a las microempresas, sus propietarios/operadores y sus empleados (Berger, 2007). Las microfinanzas hacen referencia a un amplio espectro de servicios financieros, entre los cuales se incluye el microcrédito, además del microahorro, la transferencia de remesas y el microseguro, entre otros.
La autora manifiesta que la prensa y los estudios en materia de desarrollo han descrito las microfinanzas de varias maneras. En un extremo están quienes consideran que constituyen una especie de programa para reducir la pobreza; en el otro, quienes sostienen que son la última modalidad adoptada por los bancos para la generación de ingresos. Una vez más, los clientes de la industria microfinanciera son un aspecto bastante importante para comprender este debate de actualidad.
Las microempresas son predominantemente, las empleadoras de los pobres, ya sea como propietarios/operadores o como personal. Los microempresarios tienen algunas características en común con los pobres: poseen poca documentación para justificar ingresos y antecedentes de crédito; por lo general, no han tenido acceso a instituciones financieras formales antes de las microfinanzas; y, por último, suelen vivir en las mismas áreas.
Las Instituciones Microfinancieras
María Otero (en Berger, 2007) señala la modalidad upgrading, la transformación de organizaciones no gubernamentales de microfinanzas en instituciones financieras formales, bajo la supervisión de las autoridades, lo cual les ha permitido brindar servicios financieros a microempresarios, a pequeñas y medianas empresas, y a hogares de bajos ingresos. Estas instituciones todavía tienen un desafío clave por delante: administrar la diversificación y la competencia sin distorsionar su producto básico de microcrédito.
La razón que motivó a las instituciones a seguir un proceso de upgrading fue la búsqueda de la sostenibilidad comercial, combinada con una cobertura de escala. Las organizaciones no gubernamentales tenían acceso limitado al financiamiento para ser destinado a actividades de préstamo; al pasar a ser instituciones reguladas, estuvieron en condiciones de captar depósitos y acceder a fuentes comerciales de refinanciamiento.
Por su parte, Beatriz Marulanda (en Berger, 2007) define el proceso downscaling como la incursión de instituciones financieras formales en segmentos de menor escala. Si bien las iniciativas de downscaling que realizan los bancos tradicionales en Latinoamérica, pueden ampliar la oferta de productos y reducir los costos de intermediación, el principal desafío que enfrenta la industria microfinanciera es, sin lugar a dudas, persuadir a las instituciones financieras formales de participar en este segmento.
Otra metodología que reporta Marulanda es como sigue, algunos bancos optaron por desarrollar operaciones de micropréstamo a través de una entidad con independencia institucional, como una filial o subsidiaria. La constitución de una filial para ofrecer microcrédito significa una enorme “decisión estructural”, de modo que los bancos tienden, en una primera instancia, a desarrollar un producto piloto dentro de la propia estructura de la organización y, posteriormente, deciden la creación o no de una subsidiaria.
Una filial financiera pone en práctica las operaciones de microcrédito de su empresa controlante, pero ésta participa en el proceso de toma de decisiones y proporciona, total o parcialmente, el financiamiento necesario para el nuevo emprendimiento.
Y por último, los bancos que estudian el sector microfinanciero han recurrido a las alianzas estratégicas como alternativa para reducir los costos de desarrollo y de transición. Algunos han ingresado al sector con el respaldo o en asociación con ONG, y así han complementado el conocimiento de estas organizaciones con su capacidad de apalancamiento.
En las sociedades, en sentido estricto las ONG simplemente presentan a los microempresarios al banco y es éste último quien concede el crédito (Ídem). Una vez desembolsado el préstamo, las ONG ofrecen apoyo y reciben una comisión del banco. En otros casos, asumen parte del riesgo del crédito al aceptar una comisión más baja a medida que aumenta el riesgo, o mediante un acuerdo contractual que las obliga a comprar la cartera improductiva si la morosidad supera un determinado nivel.
Existe otra forma de sociedad en la cual los bancos conceden líneas de crédito a ONG, que luego otorgan préstamos y asumen el riesgo de la cartera por cuenta propia. Esta opción es principalmente escogida por aquellos que desean, ante todo, aumentar el volumen de operaciones y, en segundo lugar, aprender sobre la sostenibilidad y la rentabilidad del sector microfinanciero, ante la posibilidad de ingresar al mercado directamente, más adelante.
Clasificación de las Instituciones Microfinancieras
Según Álvarez (1977), para definir la pequeña y mediana empresa “hay que ubicarla dentro de las características de la economía nacional, ya que no existe homogeneidad a nivel internacional en los parámetros utilizados para conceptualizarla”. En el contexto mundial se han planteado diferentes definiciones de Pequeña y Mediana Industria (PyMI) y de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME), básicamente determinadas por el tamaño y nivel de producción de cada nación o comunidad de naciones.
En Venezuela, el Decreto Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, número 1547, de fecha 09 de septiembre de 2.001, señala en su artículo número 3 que la pequeña industria estará comprendida dentro de los siguientes parámetros: planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once trabajadores ni mayor a cincuenta, y ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias (U.T.) y cien mil (100.000) Unidades Tributarias (U.T.).
Por su parte, el mismo artículo a continuación señala que se considerará como mediana industria a aquella con una planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y un trabajadores, ni mayor a cien, y ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias (U.T.) y doscientos cincuenta mil (250.000) Unidades Tributarias (U.T.).
Sin embargo, al consultar el último informe publicado (año 2.004) de los indicadores de la industria manufacturera, del Instituto Nacional de Estadística, se observa que la clasificación en base a los estratos de ocupación se realiza de la siguiente manera: pequeña industria de cinco a veinte trabajadores; mediana industria inferior de veintiuno a cincuenta trabajadores; mediana industria superior de cincuenta y uno a cien trabajadores y por último, gran industria con una plantilla laboral mayor a cien trabajadores.
De lo anterior resalta, que los indicadores más utilizados en nuestro país, extrapolando del sector industrial al resto del sistema, versa sobre el número de empleados y el nivel de ventas, sin embargo, estas variables no necesariamente reflejan, su capacidad de producción, o el valor que agrega a sus productos o servicios. Por ello, algunos países utilizan medidas de tamaño empresarial, distintas al número de empleados.
Adicional, en el análisis al sistema financiero venezolano, diversos autores suelen utilizar como parámetro de clasificación, un indicador diferente a los antes señalados, aunque muy popular: el patrimonio, agrupando a las instituciones en pequeños, medianos y grandes bancos, pero esta política carece de criterios definidos, tanto en la costumbre como en el marco legal que rige al sector, y es poco lo que aporta a la investigación. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), en sus diferentes publicaciones estadísticas (boletín mensual, boletín trimestral, series anuales, balances de comprobación y estados de resultados mensuales) realiza un análisis en base a indicadores financieros de aplicación universal, sin distingos de tipo patrimonial.
Para efectos de la presente investigación se decanta por una clasificación de acuerdo al instrumento jurídico que rige a las instituciones microfinancieras bajo observación, por ser el aspecto que más impacta en cuanto a operatividad, políticas, prácticas contables, publicación de resultados y rendición de cuentas, entre otros factores, por lo que se convierte en un criterio novísimo, sujeto a discusión, pero que facilita el análisis comparativo entre las mismas.
Bancos de Desarrollo
Instituciones reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. En esta clasificación se ubican Bancrecer, S.A. Banco de Desarrollo y Banco de la Gente Emprendedora (Bangente), C.A.
Bancrecer, S.A. Banco de Desarrollo
En fecha 08 de marzo de 2.006, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) notifica la autorización para la promoción de Bancrecer, S.A. Banco de Desarrollo. Esta sociedad anónima tiene por objeto social la atención del sector microempresarial del país y en consecuencia realiza todas las operaciones, negocios y actividades permitidas a los bancos de desarrollo dedicados a este sector, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes aplicables.
Surge como una iniciativa de la Fundación Banco de Venezuela/Grupo Santander, orientada a atender las necesidades de los empresarios populares y al desarrollo de las comunidades en los diversos sectores de la sociedad venezolana. A pesar que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), en la página web, informa en su boletín mensual (Diciembre 2.008, con verificación en Octubre 2.009) que esta institución sólo tiene una agencia principal, ubicada en el Distrito Capital, en Barquisimeto, tiene agencia en la calle 31 entre carrera 19 y avenida 20.
Misión:
Atender las necesidades financieras de los empresarios populares a través de servicios bancarios y asesoría especializada que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades.
Visión:
Ser el Banco de Desarrollo líder en microfinanzas, reconocido por las comunidades populares y la sociedad, por la calidad de nuestros productos y servicios especializados, a través de un modelo de gestión sustentable, que ofrece oportunidades de desarrollo personal y profesional a nuestros empleados y contribuye de forma positiva al desarrollo integral de la sociedad.
Banco de la Gente Emprendedora (Bangente), C.A.
En noviembre de 1998, la Arrendadora Financiera del Caribe, C.A. cambió su denominación comercial y objeto social a banco comercial, Banco de la Gente Emprendedora, C.A., como parte del Grupo Financiero Bancaribe. Posteriormente, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) en fecha 24 de octubre de 2.002, autoriza el cambio de objeto social de Bangente, de banco comercial a banco de desarrollo.
La actividad crediticia de Bangente se orienta al sector microfinanciero de la economía popular, en los principales centros urbanos de Venezuela, mediante la prestación de servicios oportunos y especializados, con el fin de facilitar el progreso del sector microfinanciero. Al 31 de diciembre de 2.008, la institución mantenía quince oficinas bancarias, ubicadas en el Distrito Capital y los Estados Aragua, Carabobo, Lara, Vargas, Miranda y Zulia.
En Barquisimeto, la agencia se encuentra ubicada en la avenida 20 esquina calle 36, Edificio Bancaribe, con fecha de apertura en agosto del año 2.007.
Misión:
Ofrecer los mejores y más oportunos créditos, y otros servicios bancarios, al sistema microfinanciero de la economía popular. Bangente es un camino de prosperidad y crecimiento para nuestros clientes, empleados y accionistas.
Visión:
Ser la institución financiera privada líder en clientes del sector microfinanciero de la economía popular, en los principales centros urbanos de Venezuela, a través de la oportunidad y la calidad de sus servicios y su atención personalizada; propicia la prosperidad en sus clientes y ofrece un lugar de crecimiento para su personal competente, comprometido y competitivo.
Ser una inversión sólida y rentable para sus accionistas.
Instituciones Privadas
La Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero es el instrumento legal que rige el funcionamiento de las siguientes instituciones de capital privado: Cuenta Conmigo A.C. y Fundación Prosperar.
Cuenta Conmigo A.C.
Esta Asociación Civil nace como una iniciativa de un grupo de seis jóvenes emprendedores quienes a principio del año 2.006 unen sus esfuerzos para fundar una institución microfinanciera, buscando atender las necesidades de los pequeños empresarios de la región centro occidental del país. La organización está comprometida con el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes, mediante la facilitación de recursos financieros y no financieros al pequeño emprendedor, para que inicie, reactive o expanda sus operaciones.
En Barquisimeto cuentan con dos oficinas; cuya sede principal se ubica en la zona este de la ciudad: Urbanización El Parral, piso 3, oficina 313, Centro Comercial El Parral. A continuación un resumen de su filosofía de gestión
Misión:
Mejorar nuestro entorno, a través de la facilitación de recursos financiero, capacitando al emprendedor y entendiendo sus necesidades mediante una relación directa y personalizada.
Visión:
Convertirnos en la primera institución especializada en finanzas populares de la región centro occidental, suministrando a nuestros clientes productos y servicios innovadores que se adapten a sus necesidades; creando valor para nuestros asociados y contribuyendo al desarrollo social y económico de la región.
Fundación Prosperar
Institución microfinanciera patrocinada por Central, Banco Universal, que tiene por objeto la creación, promoción y desarrollo de programas, productos y servicios microfinancieros dirigidos a combatir la pobreza y exclusión social mediante el fortalecimiento de la capacidad productiva de los ciudadanos, el crecimiento de sus microempresas, el fomento de su bienestar personal y el de su grupo familiar, todo ello en el marco del sistema microfinanciero nacional.
En el año 2.001 se crea la Fundación Central, B.U., como brazo microfinanciero de Central, Banco Universal. Un año después, es calificada como ente de ejecución del Sistema Microfinanciero por resolución del Fondo para el Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), adscrito al Ministerio para el Poder Popular para las Comunas y Protección Social. En el año 2.006 cambia su denominación a Fundación Prosperar, en consonancia al proceso de especialización y autonomía de acuerdo a la naturaleza del negocio y se eleva solicitud ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) para la conversión a Banco de Desarrollo.
Con oficinas comerciales en los estados Carabobo, Falcón, Portuguesa y Lara, la sede administrativa principal de la institución se encuentra en la carrera 22 entre calles 25 y 26, Centro Comercial Cosmos, en Barquisimeto, Estado Lara.
Misión:
Contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad productiva del país, permitiendo a emprendedores el acceso a servicios y productos microfinancieros centrados en el crecimiento de su negocio y en el bienestar de la persona y su grupo familiar, a través de una asesoría personalizada fundamentada en el trabajo en equipo, ética, eficiencia, responsabilidad y compromiso.
Visión:
Ser una institución microfinanciera solida y reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su cartera crediticia y por la alta satisfacción de su clientela, que opera inserta en el sistema financiero venezolano como uno más de sus miembros y donde su principal recurso es su personal especializado, bien remunerado y apoyado con tecnología de punta.
Instituciones Públicas
La Ley para el Fomento de la Artesanía, Pequeña y Mediana Empresa, del Estado Lara es el marco jurídico que orienta el funcionamiento de las instituciones de capital del Estado; en este caso, tanto del Fondo para el Fomento y Promoción de la Artesanía, la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Lara (Fundapyme) como de la Fundación para el Desarrollo de la Microempresa en el Estado Lara (Fundeme).
Fondo para el Fomento y Promoción de la Artesanía, la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Lara (Fundapyme)
El instituto Fundapyme es creado el 14 de abril de 1.993, según Gaceta Oficial extraordinaria del Estado Lara número 97, con el nombre de Fundapymi, con el propósito de promover y apoyar el desarrollo de las actividades de la artesanía, la pequeña y mediana industria. A partir de 1.998, cambia la denominación a Fundapyme, de acuerdo a decisión de la Asamblea Legislativa del Estado Lara, en fecha 23 de julio del referido año, con publicación en Gaceta Oficial extraordinaria número 761.
Inicia operaciones como el fondo establecido según la Ley para el Fomento y Promoción de la Artesanía, la Pequeña y Mediana Empresa, convirtiéndose en un mecanismo de financiamiento, para la creación y consolidación de centros de trabajo de profesionales que ejerzan alguna carrera técnica o universitaria, contribuyendo al crecimiento sostenido del sector empresarial del Estado.
La sede se encuentra en la carrera 4 esquina calle 25, Edificio Multiservicios Comdibar I, planta alta, locales 09 y 10, zona industrial I, en Barquisimeto, Estado Lara.
Misión:
Promover y consolidar, a través de sus recursos, sin sacrificar el patrimonio del mismo, la artesanía, pequeña y mediana empresa del Estado Lara, estableciendo para ello, programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, dirigidos a pequeños y medianos empresarios, así como a profesionales universitarios, ya sean personas naturales o jurídicas, empleando criterios de eficiencia, a fin de fortalecer e impulsar estos sectores hacia una mayor eficacia y competitividad.
Visión:
Constituirse en un ente crediticio sólido, con empresas beneficiarias consolidadas, que produzcan con calidad y productividad y sean grandes generadoras de empleo.
Fundación para el Desarrollo de la Microempresa en el Estado Lara (Fundeme)
En fecha 11 de julio de 1.990, el Gobernador del Estado Lara, Dr. José Mariano Navarro, constituye esta fundación mediante el decreto número 040, con el objeto de propiciar la generación de fuentes de trabajo para aquellas personas o grupos familiares que se encuentran en situación de desempleo o sub-empleo, mediante el fomento del área de producción artesanal, agrícola, pecuaria o industrial, y en general, fomentar los recursos potenciales de la región.
Siendo Fundeme una institución adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico, sus objetivos están vinculados con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2009-2013, para así mejorar los niveles de empleo en el Estado, como una forma de fortalecer y consolidar el desarrollo endógeno local, mediante el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros, apoyando la iniciativa popular. Su dirección es la avenida Libertador con calle 33, Centro Comercial El Recreo, Local 42, en Barquisimeto, Estado Lara.
Misión:
Promover, fomentar y consolidar con apoyo técnico y financiero, el desarrollo de microempresas de producción, comercio y servicios, a fin de contribuir a la creación y consolidación de trabajo, mejorando los niveles de ocupación y propiciando el empleo.
Visión:
Ser una institución líder, con capacidad técnica y operativa, capaz de producir los cambios necesarios, para coadyuvar a hacer efectivo el desarrollo endógeno de la economía social del Estado Lara
Indicadores Financieros
Independiente de la modalidad asumida, las organizaciones actuales están compitiendo en entornos complejos y, por tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos (Kaplan, 2.002). Por ello resulta indispensable definir el término Gerencia y puede entenderse como la gestión en el tiempo, en ambientes de incertidumbre, de recursos que son escasos o limitados, para satisfacer necesidades que son reales o imaginarias (Garay, 2005)
La alta gerencia, para el cumplimiento de los objetivos trazados en el planeamiento estratégico de la organización, opta por una serie de herramientas gerenciales, de acuerdo al objetivo o situación particular.
Sistemas de Gestión tales como el Cuadro de Mando Integral (CMI) proporciona a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia el éxito competitivo futuro. Esta herramienta mide la organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y el crecimiento de su recurso humano (Kaplan, 2002), complementando los indicadores financieros de la actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura.
Entendiendo los indicadores financieros como relaciones entre magnitudes que forman parte de los estados financieros, los mismos permiten determinar, tanto la situación financiera de la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. Es por ello que tanto los objetivos como los indicadores, deben derivar de la visión y la estrategia de la organización, expandiendo el conjunto de metas de las unidades de negocio más allá de los indicadores financieros, permitiendo la alineación de iniciativas estratégicas y su comunicación al resto de la organización.
En el campo de la industria microfinanciera, en los últimos años se ha registrado una presión creciente por una mayor transparencia (Stauffenberg, 2003). Una encuesta realizada desde el portal de servicios para las Microfinanzas en América Latina (Microfinanzas, 2008), y ante la pregunta: De los siguientes tópicos ¿Cuál le parece que es el que tiene que atenderse con más urgencia en la industria de microfinanzas de Latinoamérica? La opción más escogida, con el veintidós por ciento (22%) del total de los participantes fue el tema de la transparencia financiera.
Un aspecto importante de esta tendencia ha sido el uso cada vez más frecuente de indicadores financieros e institucionales para medir el riesgo y el rendimiento de las instituciones microfinancieras. A continuación, una aproximación a una serie de indicadores enmarcados en cuatro categorías principales, a saber: Calidad de la Cartera, Eficiencia y Productividad, Gestión Financiera, y por último aunque no menos importante, la Rentabilidad.
Calidad de la Cartera.
Es un campo crucial del análisis dado que la mayor fuente de riesgo para cualquier Institución Microfinanciera reside en su cartera de créditos. Constituye sin lugar a dudas el mayor activo de las IMFs. Además, la calidad de este activo y en consecuencia, el riesgo que representa para la institución, pueden resultar muy difíciles de medir. Para IMFs, cuyos préstamos no están típicamente respaldados por alguna garantía realizable, la calidad de la cartera es de crucial importancia. Cabe destacar a nivel internacional, que las mejores IMFs por lo general, son superiores a la hora de mantener una alta calidad de la cartera que los bancos comerciales de muchos países.
El coeficiente más ampliamente utilizado para medir la calidad de la cartera en la industria de las microfinanzas, es la denominada cartera en riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de créditos "contaminada" por deudas atrasadas como porcentaje de la cartera total. Se perfila como el indicador preferido, fácil de entender, no subestima el riesgo y se lo puede comparar entre instituciones. Cualquier préstamo otorgado a una microempresa es comúnmente considerado en riesgo si el pago de las cuotas registra un atraso mayor de 30 días. Esta norma es mucho más estricta que la registrada por la banca comercial (90 días para considerarse vencido o en litigio), pero se justifica si se tiene en cuenta la ausencia de garantías realizables en las microfinanzas.
Además del indicador CeR, la presente investigación incluye tres indicadores adicionales relacionados con la calidad de la cartera y los riesgos asociados, a saber: cartera en riesgo, gastos de provisión para créditos y cobertura de riesgo.
Cartera en Riesgo
La cartera en riesgo (CeR) se calcula dividiendo el saldo de capital de todos los créditos con atrasos superiores a 30 días más todos los créditos refinanciados (reestructurados) entre la cartera bruta a una fecha determinada. Puesto que el índice a menudo es utilizado para medir los préstamos afectados por atrasos mayores de 60, 90, 120 y 180 días, el número de días deberá quedar claramente establecido (por ejemplo: CeR30).
Cuanta más antigua sea la mora menos probable será la devolución del crédito. En términos generales, cualquier cartera en riesgo (CeR30) que exceda el diez por ciento (10%) deberá ser causa de preocupación, debido a que, a diferencia de los créditos comerciales, la mayor parte de los microcréditos no tiene respaldo de garantías realizables.
Algunas instituciones sólo informarán sobre el capital vencido (el importe real del pago atrasado), en lugar del saldo total pendiente de un préstamo atrasado. Esta práctica subestimaría seriamente la cartera en riesgo. Otro aspecto crucial al evaluar la cartera en riesgo se relaciona con la práctica de reestructurar y refinanciar los créditos.
Gastos de Provisión
Se calcula dividiendo el gasto de provisión para créditos morosos del período (no debe confundirse con la reserva para créditos en el balance) por la cartera bruta promedio del período. Esta medida ofrece indicios sobre el gasto incurrido por la institución para poder anticipar futuras pérdidas en los créditos otorgados. Para las IMFs formalizadas, las legislaciones bancaria y tributaria señalarán la tasa mínima ante la cual deberán realizar provisiones para pérdidas en créditos. Por otro lado, las ONG pueden emplear una amplia variedad de prácticas, incluyendo no realizar ninguna provisión, provisionar un determinado porcentaje de los nuevos préstamos concedidos o vincular las provisiones a la calidad de la cartera.
Es necesario traer a colación que, con una simple reducción de sus gastos de provisión, una IMF puede convertir una pérdida inminente en utilidades para uno o dos años. En general, las prácticas de provisión requieren ser monitoreadas de cerca puesto que las ONG están tentadas a utilizar (mal) los gastos de provisión para administrar su rentabilidad (la legislación bancaria limita esta posibilidad a las IMFs reguladas.
Cobertura de Riesgo
Este indicador muestra cuál es el porcentaje de la cartera en riesgo que está cubierto por provisiones para créditos morosos. Proporciona indicios de cuán preparada se encuentra una institución para enfrentar las peores situaciones. Sin embargo, cuando los créditos con respaldo de garantías colaterales representen la mayor parte de la cartera, puede resultar común un índice muy por debajo del cien por ciento (100%). Para instituciones con muy alta cobertura, generalmente mayor al doscientos por ciento (200%), estas provisiones aparentemente altas, pueden constituir una medida prudente para enfrentar futuros retrocesos en la economía o anticiparse a desempeños deficientes de cartera.
Se calcula dividiendo las provisiones para créditos morosos por el saldo de capital de créditos atrasados más de 30 días más el saldo de capital de todos los créditos refinanciados.
Créditos Castigados
Este indicador representa los créditos que la institución ha eliminado de sus libros contables debido a que existe una duda sustancial de que puedan ser recuperados. La anulación de un crédito es una transacción contable para evitar que los activos se vean inflados de forma poco realista por créditos que no pueden ser recuperados. Estos castigos no inciden en los esfuerzos de cobranza ni en la obligación del cliente de restituir el pago correspondiente.
Se calcula dividiendo el saldo de capital de créditos castigados en el período por la cartera bruta promedio del período.
Eficiencia y Productividad
Los indicadores de rendimiento suelen presentarse en forma de proporciones, es decir, comparando una serie de datos con otros (Ledgerwood, 2000). Comparar proporciones durante un período de tiempo se denomina análisis de tendencias, lo que demuestra si determinado índice está mejorando o se está deteriorando.
Las proporciones de productividad y eficiencia proveen información acerca del índice en el cual las instituciones microfinancieras generan ingresos para cubrir sus gastos. Al calcular y comparar las proporciones de productividad y eficiencia con el paso del tiempo, las organizaciones pueden determinar si están maximizando el uso de los recursos. La productividad se refiere al volumen de negocios generados (producción) para un recurso o activo determinado (insumo). La eficiencia se refiere al costo unitario de producción. Ledgerwood (op.cit)
En relación a los indicadores aplicables a la industria microfinanciera, señala Stauffenberg (2003) que, son coeficientes de desempeño que muestran la medida en la cual la institución está haciendo más eficaz sus operaciones. Los indicadores de productividad reflejan el coeficiente de producción por unidad de insumo, mientras que los indicadores de eficiencia también toman en cuenta el costo de los insumos y/o el precio de los productos. Se considera que estos indicadores no pueden manipularse fácilmente por medio de decisiones gerenciales y su uso permite la comparación entre instituciones, a diferencia de indicadores de rentabilidad tales como retorno sobre patrimonio o activos.
Las Instituciones Microfinancieras presentan indicadores de eficiencia mucho más bajos que los bancos comerciales debido a que en unidades monetarias (Bs. por Bs.) el microcrédito representa un trabajo mucho más intensivo en la utilización de mano de obra. Un préstamo de Un mil (Bs. 1.000) bolívares puede representar tanto trabajo como un crédito mil veces más grande. En una institución microfinanciera los costo administrativos pueden llegar a ser de quince (15), veinte (20) o hasta treinta bolívares (Bs. 30) por cada cien bolívares (Bs. 100) en la cartera de créditos, de manera que el indicador de eficiencia es de quince por ciento (15%), veinte por ciento (20%) o treinta por ciento (30%), en tanto que en la banca comercial indicadores de eficiencia del uno coma cinco por ciento (1,5%), dos por ciento (2%) o tres por ciento (3%) es algo común.
Atendiendo la guía técnica del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema, esta investigación incluye cuatro indicadores para medir la productividad y eficiencia: gastos operativos, costo por prestatario, productividad del personal y productividad del oficial de préstamos, a saber:
Índice de Gastos Operativos:
Stauffenberg señala que éste índice es el mejor indicador de la eficiencia global de una institución crediticia. También se lo denomina como índice de eficiencia: mide el costo institucional en la entrega de servicios de crédito. Cuanto más bajo sea el índice de gastos operativos más alta será la eficiencia.
Se calcula dividiendo todos los gastos relacionados con la operación de la institución (incluyendo todos los gastos administrativos y salariales, depreciaciones y honorarios de directores) por la cartera bruta promedio del período. Los intereses y gastos de provisión para créditos, al igual que los gastos extraordinarios no se incluyen.
Costo por Prestatario
Este índice proporciona una medida significativa de la eficiencia al mostrar el costo promedio de mantener un prestatario activo. Puesto que el tamaño de los créditos no forma parte del denominador, las instituciones con mayores créditos no necesariamente son más eficientes, como es el caso con el índice de gastos operativos.
Se calcula dividiendo todos los gastos relacionados con la operación de la institución (incluyendo todos los gastos administrativos y salariales, las depreciaciones y honorarios de directores) por el número promedio de prestatarios activos. Los intereses y gasto de provisiones al igual que los gastos extraordinarios, no están incluidos.
Productividad del Personal
Este índice recoge la productividad del personal de la institución -cuanto más alto es el índice más productiva es la institución-. El índice dice mucho sobre la forma en que la IMF ha adaptado sus procesos y procedimientos al propósito de su actividad empresarial de prestar dinero. Una baja productividad del personal no significa generalmente que el personal trabaje menos, sino que se ve ocupado por excesivos procedimientos y trámites burocráticos.
Se calcula dividiendo el número de prestatarios activos de una institución por el número total del personal y se define como número de prestatarios activos a los prestatarios identificables individualmente quienes mantienen por lo menos un crédito pendiente con la institución. El personal total se define como el número total de personas que trabaja a tiempo completo en una IMF.
Productividad del Oficial de Créditos
Este índice demuestra la productividad de los oficiales de crédito de la institución - cuanto más alto sea el índice más productiva es la institución-. Es uno de los índices más reconocidos en la industria de las microfinanzas. Al igual que el índice de productividad del personal, el índice de productividad del oficial de créditos revela en gran medida la forma como la IMF ha adaptado sus procesos y procedimientos al propósito de su actividad empresarial de prestar dinero.
Se calcula dividiendo el número de prestatarios activos de una institución por el número total de oficiales de crédito. Se define a los oficiales de crédito como el personal cuya principal actividad es la administración directa de una porción de la cartera de créditos.
Gestión Financiera.
La teoría financiera consiste en un conjunto de modelos cuantitativos que permiten optimizar la manera como los agentes económicos asignan recursos escasos a lo largo del tiempo (Garay, 2005). El gerente de finanzas es la persona que conecta a la empresa con los mercados financieros. La empresa necesita recursos para llevar adelante un proceso que ofrece bienes y servicios, por los cuales los individuos y otras empresas están dispuestos a pagar. Para producir esos bienes y servicios es necesario contar con activos reales (terrenos, edificios, maquinarias).
En el campo microfinanciero, la gestión financiera busca asegurar la liquidez suficiente como para que la Institución cumpla sus obligaciones de desembolso de créditos a los prestatarios y para el repago de los créditos a su acreedores. A pesar de que la gestión financiera es una función interna, las decisiones en esta área pueden afectar la institución en una forma directa y fundamental. La importancia de una liquidez adecuada tiene mayor trascendencia si la Institución Microfinanciera está movilizando ahorros de los depositantes. La gestión financiera puede tener un impacto decisivo en la rentabilidad según la habilidad con la que se inviertan los fondos líquidos (Stauffenberg, 2003).
El manejo del riesgo cambiario y la sincronización entre los vencimientos de los activos y pasivos están relacionados con la gestión financiera. Ambas son áreas de gran riesgo potencial para cualquier Institución Microfinanciera y subrayan la importancia de una gestión financiera competente. Esta investigación utiliza tres indicadores para medir la gestión financiera: gastos de financiamiento, costo de recursos financieros y deuda/patrimonio.
Gastos de Financiamiento
Índice que mide el gasto total de intereses y comisiones en los que ha incurrido la institución para financiar su cartera de créditos. Se calcula dividiendo los intereses y comisiones de recursos financieros entre la cartera bruta promedio del período (Stauffenberg, 2003). La diferencia entre el rendimiento de cartera (los ingresos generados por la cartera) y el índice de gasto de financiamiento (el costo financiero en el que ha incurrido la institución para financiarse a sí misma) constituye el margen neto de interés. Este coeficiente es utilizado para ayudar a determinar la tasa mínima para préstamos que debe cobrar una IMF a fin de cubrir sus costos.
La tasa mínima para préstamos se determina sumando el índice de gastos de provisión para créditos y el índice de gastos operativos al índice de gastos de financiamiento. El índice de gastos de financiamiento está determinado, por el hecho de si una IMF se financia básicamente a través de deuda o de capital. En realidad, una institución con un alto índice de gastos de financiamiento puede ser muy rentable si su apalancamiento financiero es elevado. A la inversa, un bajo índice de gastos de financiamiento puede ser señal de una baja capacidad de apalancamiento financiero, tendiendo, en consecuencia, a estar acompañado de un bajo retorno sobre el patrimonio.
Costo de Recursos Financieros
Este índice cuantifica el costo promedio de los recursos financieros que la empresa toma en préstamo. Al comparar las IMF, el índice de costo de recursos financieros revela si ha logrado acceso a fuentes de financiamiento de bajo costo, tales como los ahorros. Las IMF que son capaces de movilizar ahorros tienden a tener costos de recursos financieros relativamente bajos. Stauffenberg (op.cit).
Se calcula dividiendo los intereses y comisiones por recursos financieros por los recursos financieros promedio del período. El denominador contiene todos los recursos financieros de la institución, incluyendo depósitos, fondos comerciales, fondos subsidiados y cuasi-capital.
Deuda/Patrimonio
Es la medida más simple y mejor conocida de adecuación del capital debido a que cuantifica el apalancamiento financiero total de la institución. El índice Deuda/Patrimonio es de particular interés para los prestamistas porque indica cuan significativa es la reserva de protección (en forma de patrimonio) con la que cuenta la institución para absorber pérdidas. Stauffenberg (op.cit).
Se calcula dividiendo el total del pasivo por el total del patrimonio. El pasivo incluye todo lo que la IMF deba a otros, incluyendo los depósitos, endeudamientos, cuentas por pagar y otras cuentas pasivas. El total del patrimonio es el total de los activos menos el total del pasivo.
Rentabilidad.
Las mediciones son importantes. “Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”. Si las empresas han de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han de utilizar sistemas de medición y de gestión derivados de sus estrategias y capacidades (Kaplan, 2002). Históricamente, el sistema de mediciones de las empresas ha sido financiero ya que los indicadores de este tipo son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las medidas de rentabilidad indican si la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable.
Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad y entre los indicadores más pertinentes para el sector microfinanciero destacan: el retorno sobre el patrimonio y el retorno sobre los activos, los cuales tienden a sintetizar el rendimiento en todas las áreas de la empresa, (Stauffenberg, 2003). Si la calidad de la cartera es deficiente o la eficiencia es baja, esto se verá reflejado en la rentabilidad. Debido a que son un factor agregado entre tantos factores, los indicadores de rentabilidad pueden ser difíciles de interpretar. Sin embargo, el hecho de que una Institución Microfinanciera tenga un alto índice de retorno sobre su patrimonio poco explica por qué es así. Todos los indicadores de rendimiento tienden a tener un uso limitado (en realidad, pueden llegar a propiciar análisis equivocados) si se los considera de forma aislada. Para entender cómo una institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis también tiene que tomar en cuenta otros indicadores que aclaran el rendimiento operativo de la institución, tales como la eficiencia operativa y la calidad de la cartera.
El análisis de rentabilidad se complica aún más por el hecho de que un número importante de instituciones Microfinancieras sigue recibiendo donaciones y créditos subsidiados. Hacer análisis entre Instituciones comparables siempre es un problema en microfinanzas debido a que los subsidios siguen siendo ampliamente generalizados y las prácticas contables varían.
Ledgerwood concluye que un sistema de contabilidad creativo puede tener un impacto sorprendente en las utilidades. Normalmente, los auditores externos, las autoridades tributarias y los reguladores bancarios tienden a imponer límites a este tipo de creatividad, pero las microfinanzas no son todavía una industria normal. Los auditores externos han sido, en general, lentos para adaptarse a las microfinanzas, son pocas las IMFs que están sujetas al pago de impuestos, e inclusive son menos aún las que se encuentran bajo la autoridad de supervisores bancarios. Esto significa que se requiere de una atención mayor que la usual para analizar las instituciones microfinancieras.
Esta investigación agrupa el índice de rendimiento de cartera con los indicadores de rentabilidad, no debido a que el costo del crédito a los clientes mida la rentabilidad per se, sino debido a que, a menudo la rentabilidad está en función de cuanto cobran las IMFs a sus clientes en ausencia de competencia, hasta las IMFs muy ineficientes pueden seguir siendo rentables simplemente elevando sus tasas de interés. Por otra parte, en un mercado intensamente competitivo como el de Bolivia, inclusive las IMF muy eficientes tienen dificultad para lograr un rendimiento alto en sus carteras.
Stauffenberg sugiere incluir tres indicadores para medir la rentabilidad: el retorno sobre el patrimonio, el retorno de los activos y el rendimiento de la cartera.
Retorno sobre Patrimonio
Este índice se calcula dividiendo la utilidad neta (descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación) por el patrimonio del período. Indica la rentabilidad de la institución. Para las entidades privadas con fines de lucro, es un coeficiente de enorme importancia puesto que cuantifica la tasa de retorno sobre las inversiones de los accionistas en la institución. Sin embargo, dado que muchas IMFs son organizaciones sin fines de lucro, el indicador RsP es utilizado mayormente como una estimación de la viabilidad comercial.
El RsP de un sólo año puede a veces dar una impresión falsa sobre la rentabilidad de la institución. Ingresos o pérdidas extraordinarias, por ejemplo, en la forma de ventas de activos, pueden tener un impacto importante en los resultados netos. En otras circunstancias la institución podría tener provisiones para créditos muy por debajo de lo indicado y de ese modo registrar temporalmente cifras de ingresos netos más altas.
Cuando los rendimientos son bajos, las IMF se ven forzadas a ser altamente eficientes y a mantener la calidad de sus carteras en niveles altos para seguir siendo rentables, mientras que los rendimientos elevados frecuentemente llevan a altos retornos a pesar de muchas debilidades internas.
Retorno sobre Activos
Se calcula dividiendo la utilidad neta (después de descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación) por los activos promedios del período. Es una medida global de rentabilidad que refleja tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la institución.
Como ocurre con el RsP, una correcta evaluación del RsA dependerá del análisis de los componentes que determinan los ingresos netos, principalmente el rendimiento de la cartera, el costo de los recursos financieros y la eficiencia operativa.
Rendimiento sobre la Cartera
Se obtiene dividiendo el total de los ingresos financieros por colocaciones en efectivo (todos los ingresos generados por la cartera de créditos, excluyendo los intereses devengados) por la cartera bruta promedio del período. Cuantifica los montos que la IMF realmente recibió de sus clientes por el pago de intereses en efectivo durante el período.
Una comparación entre el rendimiento de la cartera y la tasa efectiva de crédito promedio brinda una indicación de la eficiencia institucional para cobrar a sus clientes. Las IMF tienden a encubrir sus tasas de interés, pero el rendimiento de la cartera de créditos es una forma fácil de calcular la tasa real obtenida por una institución. El rendimiento de la cartera de créditos contrarresta los múltiples artilugios utilizados por las IMF para disimular sus tasas de crédito, tales como la tasa única, los honorarios por capacitación, las comisiones iniciales, los descuentos sobre montos desembolsados, entre otros.
Definición de Términos Básicos.
Actividad económica: Proceso o combinación de acciones cuyo resultado genera un determinado conjunto de productos. En el desarrollo de una actividad económica tienen lugar una combinación de recursos tales como equipos, mano de obra, materia prima y técnica de fabricación, para obtener determinados bienes y servicios para el mercado, no considerándose el trabajo hogareño, a pesar de producir bienes y servicios, por no estar destinado al mercado.
Brecha de la pobreza: Consiste en la distancia promedio del ingreso per-cápita de los hogares pobres con respecto a la línea de pobreza, ponderada por la incidencia de pobreza. Este indicador se calcula para el universo de hogares pobres.
Desigualdad: Brechas que separan a distintos estratos sociales en materia de calidad de vida.
Entrevista: Recopilación de información basado en preguntas que se formulan a un conjunto o muestra de personas previamente escogidas según las necesidades del estudio. Método de obtener datos de una población o muestra, sin ejercer control alguno sobre los factores que pueden afectar las características de interés o resultados de la encuesta.
Estadística: Es la ciencia que le facilita al hombre el estudio de datos masivos, pasa de esa manera sacar conclusiones valederas y efectuar predicciones razonables de ellos; y así mostrar una visión de conjunto clara y de más fácil apreciación, así como para describirlos y compararlos. En una forma práctica, nos proporciona los métodos científicos para la recopilación, organización, resumen, representación y análisis de datos, o análisis de hechos, que se presenten a una valuación numérica.
Incidencia de la Pobreza: Número total de hogares cuyo ingreso per-cápita resulta menor que el valor monetario de la Canasta Básica per-cápita, expresado como porcentaje del número total de hogares del país.
Indicador: Observación empírica que sistematiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. Si bien el término indicador puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión numérica.
Indicadores Sociales: Indicador referido a variables sociológicas; esto es, que busca describir de manera agregada las características y procesos, observables o no, de poblaciones o grupos sociales. Los indicadores sociales sirven para describir y explicar la dinámica y el cambio social.
Ingreso: En términos generales, el ingreso es el flujo de dinero o bienes que recibe un individuo, un grupo de individuos, una empresa o la economía a través de un período específico.
Institución: Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o coincidir con la sociedad entera). Las instituciones en dicho sentido trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito en teoría considerado como un bien social.
Microcrédito: Crédito concedido a los usuarios del sistema microfinanciero con o sin intereses, destinado a financiar actividades de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pagos lo constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades.
Microempresario: Persona natural o jurídica, que bajo cualquier forma de organización o gestión productiva, desarrolle o tenga iniciativas para realizar actividades de comercialización, prestación de servicios, transformación y producción industrial, agrícola o artesanal de bienes. En el caso de persona jurídica, deberá contar con un número total no mayor de diez trabajadores y trabajadoras o generar ventas anuales hasta por la cantidad de nueve mil (9.000) Unidades Tributarias (U.T.).
Muestreo: Procedimiento mediante el cual se obtiene una o más muestras de una población. En muchas ocasiones, al estudiar un fenómeno, se utiliza una parte del universo (una muestra) cuyo análisis conduce a resultados similares como si se hubiera analizado el universo completo, con un ahorro en el costo y en el tiempo invertido en el estudio.
Pobreza: Falta de capacidades para acceder a las oportunidades sociales, educativas, económicas y productivas que una sociedad genera para su población. Estadísticamente existen conceptos de pobreza basados en los métodos de medición de este fenómeno (ver Línea de pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Desarrollo Humano)
Quintil: El quintil es parte de un conjunto de medidas --que incluyen la mediana, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los centiles-- que indican la proporción de casos de una determinada distribución que se encuentran bajo o sobre cierto valor. Los quintiles son los valores que dividen el conjunto de casos en cinco partes iguales o quintos, de manera tal que cada quinta parte contiene exactamente el mismo número de casos.
Servicios de Desarrollo Empresarial: Programas, proyectos, instrumentos y acciones para el adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, productiva y otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o privados a los usuarios del sistema microfinanciero.
Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros prestados por los entes u organizaciones públicos o privados para facilitar o promover el desarrollo de los usuarios del sistema microfinanciero.
Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien, tanto a personas naturales; sean autoempleadas, desempleadas o microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas.
Unidad Asociativa: Dos o más personas naturales bajo cualquier forma de organización con la finalidad de acceder a los servicios financieros y no financieros, para gestionar la iniciativa económica común.
Bases Legales
Berger (2007) establece que Bolivia y Perú fueron los primeros países en establecer marcos regulatorios adecuados para el microcrédito y, al día de hoy, son los que más han avanzado al respecto. En el resto de los países de América Latina, el desarrollo de las microfinanzas también está claramente ligado a los cambios en la regulación y en la supervisión del sistema financiero. Si bien este mercado prácticamente no existía en la región durante los años ochenta, en la actualidad muchos países, incluidos Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, tienen instituciones financieras que se especializan en préstamos de poca cuantía.
En todo el mundo, las normas bancarias exigen que los bancos analicen las fuentes probadas de ingresos que se utilizarán para reembolsar el préstamo y que además soliciten garantías para cada uno, con el propósito de proteger los fondos de los depositantes (Berger, op.cit). En los últimos veinte años los organismos de regulación han intentado establecer un marco jurídico para la concesión de préstamos a personas sin garantías reales registrables y sin fuentes de ingresos verificadas por un tercero. Este cambio de política se vio acompañado por la incorporación de normas prudentes en materia de gestión del riesgo.
En Venezuela, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuya última reforma aparece publicada en la Gaceta Oficial 5.947 de fecha 23 de diciembre de 2.009, es el marco jurídico que regula todas las operaciones de intermediación financiera, léase captación de recursos, operaciones de mesa de dinero, otorgación de créditos o financiamientos e inversiones en valores, realizadas por los bancos universales, bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de desarrollo, bancos de segundo piso, arrendadoras financieras, fondos del mercado monetario, entidades de ahorro y préstamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos, empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, así como sociedades de garantías recíprocas, que operen dentro del territorio nacional.
Entre diversos aspectos, establece el referido instrumento que los bancos de desarrollo tendrán por objeto fomentar, financiar y promover actividades económicas y sociales para sectores específicos del país, compatibles con su naturaleza, con sus respectivas limitaciones. En tanto a las actividades microfinancieras, otorgarán créditos de menor cuantía, bajo parámetros de calificación distintos a los establecidos en el resto de los bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras.
En cuanto al patrimonio, fija un capital mínimo de dieciséis millones de bolívares o en caso de haber obtenido de parte de la superintendencia la calificación de banco regional, por tener su sede principal fuera del Distrito Metropolitano, un monto no menor de ocho millones de bolívares. Entre varias limitaciones de ley destacan: prohibición de otorgar créditos por plazos mayores a diez años, realizar inversiones en obligaciones de empresas privadas no inscritas en el Registro Nacional de Valores y conceder créditos no garantizados, por montos que excedan en su conjunto del cinco por ciento (5%) del total del activo del banco.
La referida ley no es aplicable a todas aquellas instituciones establecidas o por establecerse por el Estado, que tengan por objeto, crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero del país, para atender la economía popular y alternativa. Sin embargo, para todas aquellas instituciones microfinancieras fuera del alcance de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la regulación y la supervisión son aspectos muy importantes, ya que pueden permitirles reunir las condiciones necesarias para captar depósitos o tomar préstamos de bancos comerciales, y así establecer su propia base de financiamiento. De este modo, adquieren autonomía financiera y dejan de depender de la veleidad de donantes e inversionistas sociales. En otras palabras, logran permanecer en el mercado.
La existencia de un marco jurídico y regulatorio adecuado, que respalde el desarrollo de un sistema financiero de bajo riesgo, un sistema contable adecuado para el país y la seguridad jurídica de los contratos, facilita el funcionamiento de las instituciones microfinancieras. En este orden de ideas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, utilizando los poderes habilitantes que le otorgó la Asamblea Nacional, decretó en fecha 15 de marzo del año 2001, la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. El Decreto-Ley salió publicado en la Gaceta Oficial 37.164, el 22 de marzo del mismo año.
De acuerdo con el texto de la misma, su objeto es crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero, el cual está orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a entes tales como: comunidades populares y autogestionarias, empresas familiares, personas naturales autoempleadas o desempleadas y a las asociaciones comunitarias para el trabajo que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, con la finalidad de integrarlos en las dinámicas económicas y sociales del país.
La Ley establece que será el Ejecutivo Nacional el encargado de desarrollar las actividades microempresariales basándose en lineamientos de productividad y competitividad, promoviendo las iniciativas de inversión pública o privada, nacional e internacional; auspiciando la competencia leal y sana, facilitando el acceso al mercado, desarrollando una cultura productiva y de calidad de servicios, estimulando la eficiencia en el uso de los recursos humanos, evaluando los resultados de los programas para mejorar su aplicación, y estimulando la utilización de tecnologías y procesos contables.
De acuerdo con la Ley, los entes públicos y privados que integren el sistema microfinanciero deberán ser diligentes en el retorno y la recuperación de los recursos económicos para la sustentación del sistema en forma eficiente y oportuna.
La Ley crea el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FDM), un ente de patrimonio propio e independiente, constituido por aportes del Ejecutivo y de organismos multilaterales o de cooperación internacional. Estará adscrito al Ministerio de Finanzas. Su objeto es apoyar el desarrollo y fortalecimiento del sistema microfinanciero. Además, administrará fondos bajo la forma de subsidio de intereses, ya que la Ley señala que será el agente encargado de financiar los intereses no cobrados y los costos de transacción de los créditos otorgados sin intereses.
El FDM administrará los recursos destinados al sector microempresarial otorgando créditos y subsidios a los entes ejecutores para lo cual podrán suscribirse fideicomisos o contratos de provisión de fondos. Los entes ejecutores serán: asociaciones civiles, fundaciones, fondos, cooperativas de ahorro y crédito, así como otras organizaciones públicas o privadas orientadas a dar apoyo al sector microempresarial. También podrá ser incorporada como ejecutora cualquier institución financiera que desee ingresar al sistema microfinanciero, pero no podrán acceder a los recursos crediticios del FDM.
La Ley establece que los microcréditos tendrán un plazo de hasta cinco años y se respaldarán mediante un análisis crediticio basado en el conocimiento de la persona, su voluntad moral para honrar sus obligaciones, su familia y su entorno socioeconómico, así como sus potencialidades.
De acuerdo con la Ley los requisitos para el otorgamiento de créditos deberán ser flexibles y los trámites fáciles de administrar. Se establece el incremento progresivo de los montos otorgados en préstamo al usuario, en función del cumplimiento de sus pagos. Los créditos podrán ser otorgados con o sin intereses basándose en la oportunidad, necesidad de acceso inmediato y el tiempo de recuperación del capital.
Finalmente, la Ley establece que los microempresarios podrán constituir sociedades de garantía recíprocas que por lo tanto formarán parte de la Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria (SOGAMPI) y podrán ser socios de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas.
En el ámbito estatal, la Asamblea Legislativa del Estado Lara, actual Consejo Legislativo, en conjunto con el Poder Ejecutivo Estatal, en la persona del Doctor Miguel Valderrama Valera, quien para entonces fungía como Gobernador del Estado Lara, decretaron en fecha 01 de Septiembre de 1.998, la Ley para el Fomento de la Artesanía, Pequeña y Mediana Empresa, cuya publicación se remite a la Gaceta Oficial del Estado Lara.
En su articulado se especifica la creación del Fondo para el Fomento y Promoción de la Artesanía, la Pequeña y Mediana Empresa, las Empresas de Servicio y la Asistencia Financiera, con el objeto de promover y apoyar el desarrollo de las actividades de este tipo de organizaciones, a través del establecimiento de programas de asistencia crediticia, mejoramiento técnico y capacitación, como parte de la política de desarrollo del Estado, en la búsqueda de la creación de riqueza y la consolidación y crecimiento de fuentes de trabajo.
La Ley establece que la dirección y administración del instituto responsable de este fondo estará a cargo de un directorio designado por el Gobernador del Estado, integrado por un Presidente y seis Directores, con sus respectivos suplentes, quienes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, entre las cuales destacan: dictar la reglamentación interna, dirigir el funcionamiento, ejercer la fiscalización, fijar la política general del fondo, otorgar créditos a los que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha ley, elaborar presupuesto y someterlo a consideración del Ejecutivo Regional, presentar al Gobernador del Estado el informe y cuenta de la gestión, entre otros.
No expresa el referido instrumento el plazo máximo de los créditos a otorgar, procedimientos o garantías exigidas, quedando la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, como el marco jurídico guía para el desarrollo de las políticas que rigen a las instituciones microfinancieras públicas que hacen vida en la jurisdicción del Estado Lara.
Berger (2007) identifica dos posturas en lo que respecta a la regulación de las microfinanzas. La primera, preocupada principalmente por la lucha contra la pobreza, aspira a crear un sistema financiero que se especialice en asistir a los pobres, con normas prudenciales blandas, directa o indirectamente supervisadas por las superintendencias de bancos. En este escenario las ONG de microcrédito que no tiene propietarios que puedan tomar las riendas del gobierno corporativo, y las cooperativas de créditos con patrimonios pequeños podrían movilizar grandes cantidades de dinero proveniente de pequeños depositantes y reemplazar de este modo las donaciones y los préstamos blandos, que son cada vez más escasos.
La segunda postura se ocupa de la regularización y supervisión prudencial de los intermediarios financieros. En este caso, los supervisores deben proteger los intereses de los ahorristas y acreedores, exigiendo que las instituciones de microfinanzas gestionen adecuadamente sus activos y riesgos. En este contexto, pueden enfrentarse a una dicotomía entre priorizar los objetivos sociales, por un lado y la solvencia financiera, por el otro.
Los instrumentos jurídicos antes expuestos orientan el funcionamiento dentro del marco legal de las instituciones microfinancieras objeto de estudio, como a su vez, propicia la participación de nuevos actores en este incipiente mercado de servicios microfinancieros, para lo cual la presente investigación pretende convertirse en una guía de referencia local.
Sistema de Variables
Para Hernández (1998), “una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. La variable es aplicada a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la misma”
También, puede afirmarse que las variables son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedad que se dan en individuos, grupos u objetos. Es decir, las variables son características observables de algo y a la vez, son susceptibles de cambio o variación. Las variables existen en el mundo real, mientras que los conceptos, en cierto modo existen como parte del lenguaje y de la manera de conocer al mundo real.
En los trabajos de investigación, las variables constituyen el centro del estudio y se presentan incorporadas en los objetivos específicos, motivo por el cual deben identificarse y definirse conceptualmente.
Definición Conceptual
Se entiende como análisis del desempeño financiero el diagnóstico de todos los datos relevantes de la organización, informando sobre sus puntos fuertes y débiles. Para que el diagnóstico sea útil, debe acompañarse de las siguientes circunstancias: Debe basarse en todos los datos relevantes, debe hacerse a tiempo, ha de ser correcto y debe inmediatamente ir acompañado de recomendaciones de tipo correctivo para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes. (Amat, 2005).
Definición Operacional.
Un aspecto importante del proceso de investigación científica consiste en relacionar los conceptos, situados en el plano teórico y las variables, en el mundo perceptible concreto. Esta relación se establece por medio de las definiciones operacionales de los conceptos, que no son otra cosa que procedimientos definitorios que facilitan esa relación.
La variable objeto de estudio en esta investigación está representada por el desempeño financiero de las instituciones microfinancieras en Barquisimeto, Estado Lara, la cual se subdivide en tres dimensiones siendo los siguientes: elementos conceptuales y metodológicos, situación actual y desempeño financiero. A su vez, desarrolla los siguientes indicadores: microcrédito, servicios de desarrollo empresarial, mercado meta, sector financiero, calidad de la cartera, eficiencia y productividad, gestión financiera y por último rentabilidad.
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