Tesis doctoral. Primera Instancia Cognitiva. Contextualización del Estudio

PRIMERA INSTANCIA COGNITIVA

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Aproximación a la Situación de Estudio Problematizada

Las organizaciones empresariales contemporáneas, como sistemas que gestionan  recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos para satisfacer necesidades que son reales o imaginarias, se han convertido en uno de los vehículos por excelencia para el crecimiento económico y el desarrollo humano. El surgimiento de nuevas realidades que vinculan conceptos claves como la rentabilidad, competitividad, acumulación de capital y la remuneración de los factores de producción, con la responsabilidad social empresarial, que en términos de Gómez (2006) se plantea como responsabilidad moral empresarial, motiva el surgimiento de una nueva gerencia, a fin de hacer frente desde su parcela protagónica a la profunda crisis que vive la civilización occidental y la humanidad en su conjunto.

En atención a ello, las empresas comprendidas como entes sociales, requieren de un ambiente saludable en el ámbito de la macroeconomía y las libertades económicas, pues estas dimensiones inciden directa e indirectamente en el plano de lo microeconómico, siendo éste el ámbito donde ellas surgen, se desarrollan y mantienen. Los emprendimientos privados propician la creación de empleos de un país, la reducción de la pobreza, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), generación de rentas, la calidad de vida, entre otros beneficios. Por ello, la concepción de un Plan de Estado que contemple políticas poco favorables al sector privado, complejiza la praxis gerencial, impacta el desenvolvimiento empresarial en el marco de la globalización e incide en el aparato productivo nacional, al influir en el cierre de empresas y la migración de capital financiero y humano.

Es así que, en Venezuela, los empresarios y profesionales se están enfrentando a desafíos de diversa índole, incluidos los pertinentes al ámbito gerencial, cuyos fenómenos parecieran no tener replicabilidad en otras latitudes del mismo continente.  Una infinidad de elementos de tipo ético, político, económico y social, inciden en aspectos tan variados como la ausencia de estrategias de reinversión en el país, baja o nula asignación presupuestaria para el diseño y comercialización de nuevos productos y servicios, ambiente organizacional enrarecido por tensiones laborales, desempeño financiero limitado por el marco jurídico vigente, que atenta contra la sustentabilidad y viabilidad organizacional, entre otros aspectos.

En este sentido, tratar de interpretar y comprender la complejidad de la sociedad venezolana, sus concurrencias y antagonismos, no es tarea fácil. En palabras de Gómez (2007) Venezuela es el único país del mundo en el que a comienzos de este siglo, se plantea y vivencia un debate político nacional en torno a la viabilidad de una propuesta denominada “Socialismo del Siglo XXI”, como sistema capaz de dar respuesta a las necesidades humanas, ante un esquema imperante que obedece a la ganancia, la explotación del otro, al individualismo y un egocentrismo exacerbado. 

Confluye Morin (2006) cuando plantea que el desarrollo del individualismo ha conducido al nihilismo, representado en la pérdida de los fundamentos que develaba la modernidad, la desaparición del sentido de la vida, del sentido de comunidad, una crisis ética del Ser que no ha podido acompañar el incremento exponencial de los desarrollos científicos y tecnológicos. Una búsqueda incesante del beneficio propio, tanto a nivel personal como de la sociedad, que ha incentivado la corrupción, así como el surgimiento desmedido de cordones de miseria en los conglomerados urbanos. Estos sectores desfavorecidos, claman por su inserción en la dinámica societal y económica, con sus inherentes tensiones sociales.

En este marco, se destacan los aconteceres sociales que a nivel nacional y para inicios del presente siglo, configuran en el imaginario colectivo, una representación intersubjetiva sobre la necesidad de un cambio en la postura política tradicional, según expresa Rivero (2010), lo que da oportunidad a que en las elecciones presidenciales del año 1999 emergiera un cambio en la manera de hacer política en Venezuela. Una sociedad, cansada, en su mayoría, de los partidos políticos tradicionales pudo ver en el Sr. Hugo Chávez Frías una alternativa, un carismático personaje que ofreció la inclusión social de amplios sectores de la población a través de una democracia participativa y protagónica, donde el individuo empoderado podría aportar activamente en la toma de decisiones, desde el nivel comunal hasta los diversos poderes públicos, en aras de la emancipación y el mejoramiento de la calidad de vida, en la búsqueda incesante del hombre nuevo.

Por consiguiente, sobre la base de estas declaratorias, el nuevo gobierno requirió una nueva constitución, una validación de los poderes constituidos y de los funcionarios que las representaban, es decir, una refundación del ideario nacional, lo que dio origen a la configuración y nacimiento de la llamada V República, en clara referencia a la superación de una etapa de la democracia venezolana donde alternaron en el poder unos partidos políticos que según Rivero (op. cit), sus dirigentes no supieron o no quisieron interpretar el clamor popular por mejoras en áreas como educación, oportunidades de trabajo, salud, seguridad, infraestructura, estabilidad económica, entre otras tantas dimensiones propias de una vivencia en sociedad. Así, la defenestración del Presidente Carlos Andrés Pérez, quien precedió a Hugo Chávez Frías, se vio propiciada por motivaciones personales y partidistas de sus coterráneos, que en nada contribuyeron al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.  

En el campo de lo económico, surge el Socialismo del Siglo XXI definido según Dieterich (s/f.) como la economía democráticamente planificada, donde su proyección está a cargo de funcionarios y especialistas del Estado y del partido en el poder. Alega el autor que una economía planificada no debería asustar a nadie, pues en la historia económica de las naciones no ha existido una economía no planificada. Así, se sustituye una economía “de mercado” coordinada de manera inestable, antidemocrática y depredadora, por una, idealmente de nivel superior, donde se combine la teoría sobre el valor del trabajo con el principio de la equivalencia, entendida ésta como la remuneración del trabajador directamente proporcional a las horas que él aporta en la creación de riqueza social para todos, sin distingo de género, edad, educación, entre otros aspectos.

Fundamentado en ello, las decisiones gubernamentales en el campo económico, para la nueva etapa republicana declarada en la ideología de los nuevos gobernantes, versaron inicialmente en la re-estatización de la principal empresa telefónica, la toma de instituciones del sector bancario, la expropiación de empresas del sector construcción, la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), y luego, en la implementación de un control de cambio y de precios, una agresiva política de gasto social, un nuevo marco jurídico de protección al trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, un incremento en la participación de las empresas del Estado en la importación de bienes prioritarios (alimentos, medicinas) entre otras iniciativas. Mención aparte merece, el uso geopolítico del petróleo como instrumento para sumar voluntades al proyecto político a nivel continental y mundial. El liderazgo del Presidente Chávez propició en su momento, un reimpulso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) lo cual facilitó la cartelización, esquema de comercialización que impulsó los precios del “oro negro” al disminuirse las cuotas de producción y por ende la oferta, las cuales fueron cumplidas por sus contrapartes.

En este sentido, preciso hacer referencia correlacional a la dinámica global en cuanto a la formación de los precios del principal producto de exportación de Venezuela, así como a la planificación económica expuesta por Dieterich (op. cit), y de inicial implementación en el país, como asunción política del nuevo plan de Estado. Para ello, convengo en citar a Greenspan (2007), quien plantea que los mercados económicos se han vuelto tan enormes, que la contínua reducción de barreras a la circulación de activos financieros dificulta su supervisión en cuanto a la configuración de productos financieros de comercialización a escala global y/o la legitimización de tales capitales.   

Por ello, Greenspan (op. cit.), como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre los años 1987 y 2006, propició la política de desregulación de la economía, lo que fue aprovechado por los “Hedge Funds”, los “prívate Equity Funds” y los bancos de inversión, para crear y negociar una serie de instrumentos financieros de altísima complejidad en el campo de los créditos subprime del sector inmobiliario, que a pesar de haber tenido calificación AAA fueron defaulteados por los emisores entre el 2007 y tercer trimestre del 2008, cuando un incremento en el rendimiento de los bonos soberanos con vencimiento en la parte larga de la curva (30 años) incidieron al alza en la tasa de los préstamos hipotecarios americanos y los propietarios de bienes raíces dejaron de honrar sus préstamos por la imposibilidad de pagar las altas cuotas. De manera que, la comercialización de tales bonos a escala global tuvo un efecto en todas las bolsas del planeta. Así, la crisis financiera de escala mundial, tuvo su origen en parte, a la asunción de que los mercados financieros pueden autoregularse, sin la supervisión del Estado.

Es por ello que, los responsables de las políticas macroeconómicas de los Estados Unidos emprendieron acciones en el campo fiscal y monetario. Así, la política fiscal se orientó a incrementar el gasto público en infraestructura (construcción de grandes obras como autopistas), incentivando la creación de empleo. Por su parte, la política monetaria estuvo orientada, según Suárez (2011), a la adquisición de bonos por parte de la Reserva Federal, para disminuir los rendimientos ofrecidos por estos instrumentos, y en consecuencia, bajar las tasas de interés de los empréstitos otorgados por el sistema bancario de ese país. Para ello, la emisión de papel moneda ha sido una constante durante los últimos años.

Siguiendo en la dimensión de lo global, la economía americana al no estar anclada su emisión de dinero al patrón oro, tiene la facultad de imprimir billones y billones de dólares, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de su moneda, implicando una velada devaluación del dólar frente a una cesta de monedas internacionales. Sucede que, un menor valor del dólar americano en comparación con otras divisas, incentiva un mayor nivel de exportaciones, pues resultan más baratas, lo cual es una estrategia que fue denunciada como competencia desleal por países de la Unión Europea y hasta la misma China.  En contraparte, la menor capacidad adquisitiva encarece el precio de los “commodities”, entre ellos el petróleo, como señala Ferguson (2009). Esto, lleva a que países productores de hidrocarburos se vean beneficiado en la cotización de sus productos de exportación, recibiendo mayores ingresos por divisas y fomentando el crecimiento interno en períodos de bonanza.

Del análisis precedente, se comprende cómo Venezuela se vio favorecida por los altos precios del petróleo, impulsados también por la constante demanda mundial de hidrocarburos como principal fuente de energía en la actual dinámica socio-económica mundial. Por ejemplo, para el tercer trimestre del 2008, el precio del Brent promediaba en 115 dólares americanos por barril de petróleo (USD/barril) y el West Texas Intermediate (WTI) en 118 USD/barril. Al estallar la crisis financiera mundial en el cuarto trimestre de ese mismo año, el Brent cae estrepitosamente a 55 USD/barril y el WTI a 58 USD/barril, según refiere el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (2015). Sin embargo, como consecuencia de la política monetaria de los Estados Unidos ya reseñada, a la recuperación de la economía mundial y la demanda proveniente de China, los precios se recuperaron a inicios del 2011 a niveles de 112 USD/barril del Brent y 95 USD/barril del WTI, precios que se mantuvieron hasta el tercer trimestre del 2014.

Partiendo de lo expuesto, anticipé en octubre de 2014 que, en la medida que se redujera el programa de flexibilización monetaria (conocido como “Quantitative Easing QE”) por parte del gobierno americano, el dólar recuperaría su poder adquisitivo y los precios de los “commodities” (entre ellos, el petróleo y el oro) podrían ajustarse a la baja, afectando negativamente las finanzas venezolanas. Aunque, existían otros factores que inciden en los precios, tales como, la oferta de países como Libia o Estados Unidos y el decrecimiento en la demanda de China, India, entre otros, el mercado configura una dinámica global que dificulta a mediano plazo, la proyección de precios sobre los “commodities”. De allí pues, que para finales de mayo del 2015, los precios del petróleo vuelven a rondar los 65,67 USD el Brent, 59,39 USD el WTI y, 56,35 USD el venezolano, según la fuente ya referida.  

 Desde luego, los altos precios del petróleo significaron para nuestro país ingresos en divisas, por un período sin precedentes. En torno a ello, desde la perspectiva de la racionalidad económica, se asumiría que estos recursos habrían sido útiles para el fortalecimiento y la diversificación de la economía, el incremento de las reservas internacionales, la disminución de la deuda pública y privada, local e internacional, la reinversión en la industria petrolera, el mejoramiento de los servicios públicos y en fin, mayores niveles de calidad de vida para amplios sectores de la población.

Por ello, el comienzo de la nueva etapa republicana en los albores del presente siglo, acompañado de ingresos más que suficientes para llevar a cabo las amplias reformas que la población y el Estado requería, representaba en su momento el ideal y la esperanza de millones de venezolanos, quienes aprobaban el proyecto político-económico naciente en niveles superiores al 80% de la población. En el campo social, la superación de viejos paradigmas como la explotación del hombre por el hombre, el lucro como “leit motiv” de la acción humana, el paternalismo estatal, la inexistente participación de la sociedad en aquellas decisiones que le impactaban directamente, convirtieron a Venezuela en un extraordinario laboratorio de experimentación social, donde diversos países fijaban su vista para conocer de primera mano sobre una economía no basada en lo crematístico sino en el aspecto humano.

Sin embargo, aunque existen indicadores alternativos tales como el índice de desarrollo humano o el índice de pobreza multidimensional, los gobiernos prestan atención, según Churión (2009), a aquellos de naturaleza cuantitativa, referidos a variables macroeconómicas, entre los que destacan el PIB, Demanda y Oferta Global, Ahorro e Inversión, Balanza de Pagos, Servicio de la Deuda Pública, entre otros. Estos indicadores vendrían a validar si una teoría política impacta positivamente sobre la sociedad desde la perspectiva económica, o por el contrario, deviene en una ideología que empobrece aún más a amplios sectores de la población. En atención a ello, emerge la inquietud ¿Qué interpretación podríamos aportar con respecto a las variables macroeconómicas venezolanas en el marco del Socialismo del Siglo XXI?

Al respecto, Dieterich (op. cit) expone que la economía venezolana está regida por dos precios, el del petróleo y el dólar. El primero de ellos lo determina el mercado mundial; Por su parte, el tipo de cambio lo determina exclusivamente el gobierno venezolano. En el ámbito de lo local, para el cierre del mes de agosto del año 2013 según cifras del BCV, las reservas internacionales se ubicaban en 22.945.000.000 dólares americanos UUSD) y la liquidez monetaria en el orden de 913.000.000.000 bolívares (Bs.), resultando en un dólar implícito estimado en 39,80 bolívares por dólar americano (Bs./USD). La política monetaria (o la ausencia de ésta) implementada por el BCV elevó la liquidez a 2.177.000.000.000 Bs. para finales de marzo de 2015 mientras que las reservas internacionales han descendido a 21.078.000.000 USD lo que devino en un dólar implícito de 103,28 Bs./USD.

Así, esta significativa pérdida en el poder adquisitivo de la moneda nacional tiene un impacto directo en el costo de los bienes, amén de la complejidad que implica una planificación empresarial en el corto, mediano y largo plazo, en cuanto a temas de importación, cumplimiento de compromisos con proveedores extranjeros, repatriación de dividendos, reposición de mercancías, entre otros.

La emisión de dinero inorgánico sin estar acompañada de políticas económicas que optimicen el gasto público, sinceren el precio de la gasolina, flexibilicen el control de precios y de cambio, así como la reducción de la brecha fiscal, entre otras variables, hace que la oferta de bienes que provee el sector privado se mantenga o se reduzca a pesar del nivel de liquidez monetaria ya referenciado. La consecuencia natural es un incremento exponencial de los precios, producto de la inflación (más dinero detrás de menos bienes). Pareciera que las buenas intenciones del proyecto socialista se desvirtúan en la praxis, en el ámbito donde se mueve el ciudadano que integra amplios sectores de la población, que viven el día a día a expensas de los planes sociales a nivel estatal, traducidos en misiones.

Por consiguiente, las políticas económicas emanadas de los entes gubernamentales, tienen una incidencia tanto en el área macroeconómica (crecimiento o decrecimiento económico, desempleo, precios, déficit fiscal, inflación, entre otros), así como en el ámbito de la microeconomía (productividad de las empresas, costos, precios, competitividad, rentabilidad), según la categorización planteada por Churión (op. cit). En este contexto socio-económico se enmarca la gerencia venezolana. Esto, me ha motivado a indagar sobre el sentido y significado que le atribuyen los gerentes de empresas de servicios radicadas en el estado Lara, a la praxis gerencial en el contexto socio-económico venezolano.

Por ejemplo, para finales del año 2014 los índices de escasez de productos relacionados a la cesta básica, o insumos imprescindibles para el sector construcción, automotriz, farmacéutico, entre otros, se encontraban en niveles nunca vistos en la historia democrática venezolana. De hecho, el BCV ha optado por dejar de publicar tal indicador, propiciando la opacidad en la información económica. Todo ello, afecta la producción de bienes necesarios para atender la alta demanda del mercado local, que vivencia, asimismo, una liquidez monetaria no acorde a la baja oferta disponible en amplios sectores de la economía.

Es de destacar, que el fenómeno inflacionario no tiene su origen en las dos últimas décadas, sino que es una debilidad estructural heredada de gobiernos anteriores, según muestra Baptista (2006). La configuración de una economía monoproductora, de un petróleo que no ha sabido “sembrarse” en analogía legada por Pérez Alfonzo, citada por Rodríguez (2013), ni en la educación del capital humano ni en la diversificación y competitividad del aparato productivo nacional, genera un constante aumento de precios en los bienes y servicios, ante un caudal de dinero que no se acompaña de un incremento de la producción nacional. Consecuencia de ello, el gobierno humanista del Sr. Hugo Chavez Frías y de su sucesor, el Sr. Nicolas Maduro, ha orientado grandes cantidades de divisas para importaciones públicas en un intento de satisfacer la demanda y controlar la inflación.

A este propósito, personeros oficialistas representantes del poder legislativo y ejecutivo se han abocado en crear e implementar una serie de normativas destinadas a controlar la especulación. Entre ellas destaca la Ley Orgánica de Precios Justos (2014), que en su articulado contempla sanciones civiles y penales para los infractores, entre las cuales destacan: confiscación de bienes, revocatoria de licencias, clausura de almacenes, expropiaciones, multas y prisión, lo cual incide en el temor del empresariado para realizar nuevas inversiones o mantener operaciones en Venezuela.

En este orden de ideas, considero significativo para esta investigación el testimonio del actor social EB, gerente de una empresa comercializadora, a quien entrevisté en el tercer trimestre del año 2014 y manifestó: “Aparte del control de precios que se establece en la Ley Orgánica de Precios Justos, existen alcabalas burocráticas representadas en diversas permisologías, las cuales propician la participación de algunos funcionarios públicos inmersos en actos poco probos, lo que afecta la estructura de costos de producción y distribución, dificultando el día a día empresarial, esto conlleva a producir o comercializar a pérdida. Hemos dejado de importar y en la actualidad estamos vendiendo el inventario existente, con la posibilidad de cerrar puertas si el gobierno no flexibiliza sus políticas”.

Del testimonio del actor social se puede interpretar que las estrategias gubernamentales, lejos de controlar la inflación, han incidido directamente en el incremento del índice de escasez, pues las importaciones públicas en sectores como alimentos acaban con el aparato productivo nacional de ese sector, quienes se ven imposibilitados de competir con el Estado, por la divisa preferencial que utiliza el sector público para sus compras, de unos 6,30 Bs./USD, mientras que el agricultor debe adquirir semillas, fertilizantes y equipos a una tasa muy superior a ella. Por analogía en lo procedimental, cada sector empresarial pareciera vivenciar las mismas dificultades. Esto produce un círculo pernicioso, pues la Nación nuevamente debe comprometer recursos en divisas para importar los productos que el sector empresarial venezolano ha dejado de producir, bien sea por la incapacidad de competir en igualdad de condiciones, dada la subjetividad en la asignación de divisas, controles de precios y entornos burocráticos que afectan la estructura de costos, como el temor a sanciones civiles y/o penales, entre otros factores.

Sin embargo, a inicios del año 2012 tuve la oportunidad de entrevistar a JD, director de una empresa barquisimetana que presta servicios de Gestión de Portafolios de Inversión, quien en el marco de la conversación sostenida afirmó que: “En torno a lo económico, siento que el país está en una muy buena posición, en vista de que somos un país netamente productor de petróleo, una mina de petróleo, y mientras los precios del petróleo estén altos y las perspectivas sean buenas, como es actualmente, creo que hay un buen panorama económico.” Al respecto, conviene decir que el país, al disfrutar de la bonanza petrolera para tal período, le permitió satisfacer gran parte de los requerimientos del presupuesto nacional, de las necesidades de importación, así como las erogaciones en la inversión social definida en la Plan de la Nación (misiones, salud pública, educación, seguridad, entre otros), que configuran lo que JD ha denominado “buen panorama económico”, pero queda por indagar si, ¿realmente la bonanza petrolera se ha traducido en inversión social para el país?

Partiendo de lo expuesto, el BCV informa que para el cierre del tercer trimestre del año 2014 (últimas cifras publicadas), el PIB consolidado se ubicó en el orden de 43.551.889.000 Bs., el cual está representado por los aportes de la actividad petrolera, la actividad no petrolera y los impuestos netos sobre los productos. Entre la actividad no petrolera destaca el sector manufactura con 5.838.033.000 Bs., el sector construcción con 3.046.409.000 Bs., y comercio con 4.028.947.000 Bs., para una participación aproximada del 29,65 % sobre el PIB venezolano en el lapso enero-septiembre 2014.  

Sin embargo, en Venezuela desde el último quinquenio, se ejecutó un proceso de nacionalizaciones y expropiaciones (en muchos casos, catalogadas como confiscaciones) en el marco de traspasos de medios de producción en áreas “estratégicas”, a manos del control gubernamental. Así, al asumir las juntas interventoras de esas empresas, nombradas directamente por el Estado, ahora conocidas como “socialistas”, los decisores asumen criterios de gestión “humanista” caracterizadas por considerar la rentabilidad como un criterio exclusivamente burgués o neoliberal y por lo tanto poco se plantean generar ganancia, tal vez porque intuyen que si lo hicieran, en esa medida, se adscribirían a una ideología capitalista. 

Esta situación parece refrendarse en lo expuesto por JP, Director de una empresa barquisimetana, Prestadora de Servicios en el Área Contable y de Consultoría, al comentar que “El Estado, no ha demostrado ser muy eficiente, salvo ejemplos muy particulares, en donde empresas que han sido expropiadas en Venezuela en el último decenio, con o sin razón, tales como las cementeras, las empresas de Guayana, distribuidoras de insumos agrícolas como Agro-Isleña, constructoras, entre otras, no han sido gestionadas de tal manera que les permita mantener los niveles de oferta y atención al cliente que les caracterizaba antes de ser nacionalizadas, por tanto, el Estado no es muy eficiente”.

De lo expresado por el actor social JP, podría interpretarse que en Venezuela existe un control de precios sobre ciertos productos y servicios de interés nacional, de alto impacto en el esquema del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pero al continuar la constante escalada en los precios, el gobierno de turno desarrolla una política de expropiación y/o intervención de agentes económicos que participan en sectores críticos en cuanto a producción y servicios, pues a nivel gubernamental se les considera únicos responsables de la especulación, lo que no es descartable pues ciertamente existen empresarios que están incursos en usura y alza injustificada de precios, sin embargo, la contínua devaluación de la moneda nacional propiciada por la emisión de dinero inorgánico por parte del BCV, encarece el acceso a las divisas y por ende, los insumos y materia prima que son importados.

Por otra parte, a pesar de la expropiación de empresas por parte del Estado y la consecuente intervención a nivel de su alta gerencia, las mismas evidencian disminución en los niveles de reinversión por escasa rentabilidad, como consecuencia del control de precios, aunado al escaso manejo de estrategias gerenciales de los nuevos trenes directivos, quienes no conocen el “know how” del negocio. En reiteradas oportunidades, una vez estatizadas, su producción se ve reducida, hay tensiones en su ambiente laboral, pérdidas económicas y una imperiosa necesidad de inyección de recursos financieros por parte del sector público para continuar en funcionamiento, tal como lo señala Gómez (op. cit), lo cual va en desmedro o contraposición del motivo por el cual fueron intervenidas, su orientación al interés público respondiendo a otros modos de comprender la praxis gerencial y el desarrollo organizacional.

En atención a ello, los actores sociales mencionados, gerentes de las organizaciones referenciadas, develan en sus testimonios unos criterios sobre el entorno socio-económico existente en Venezuela que implica una ideologización de la praxis gerencial en organizaciones intervenidas o expropiadas por el Estado, que afecta su rentabilidad, calidad y producción, a pesar de un ambiente económico propicio para el crecimiento organizacional (alta liquidez-baja oferta), lo que evidencia la incidencia de las ideologías políticas en el desempeño económico, tanto de las empresas como, de la sociedad en general.

En este sentido, JP expresa: Las perspectivas de las empresas en Venezuela bajo ese signo, esa simbología, esa tipología del Socialismo del Siglo XXI, la estamos viendo hoy en día, en cómo se encuentran las empresas en Venezuela. Se está manejando un cambio radical en el modelo económico, del capitalismo al socialismo del siglo XXI y evidentemente nos trae todas estas consecuencias como clientes con dificultades para conseguir los insumos para producir, incluso de obtener dólares para importar. En su opinión, el actor social señala que los profundos cambios en el modelo económico venezolano tienden a conllevar consecuencias para las organizaciones empresariales. Esto parece evidenciar una relación entre las políticas gubernamentales a nivel macroeconómico y los resultados de la gestión del sector privado, pues aspectos tales como el control de la ganancia, vista desde el control de precios, el control de cambio y el control de sectores estratégicos, afectan el normal desenvolvimiento de las operaciones propias y de las decisiones de inversión.

En este orden de ideas, Gómez (op. cit) considera que la fuerza motriz del capitalismo podría ser resumida analizando sus cuatro virtudes o componentes básicos: rentabilidad, competitividad, acumulación de capital y remuneración de los factores productivos o agentes económicos en función de su eficiencia, es decir, en proporción a su aporte a la creación de riqueza. Al contrario, según el mismo autor, entre las características que distinguen al Socialismo del Siglo XXI destacan el desmérito por la rentabilidad y la acumulación de capital, así como el control total o casi hegemónico de los factores de producción.

A tal efecto, el constante cambio en el marco regulatorio en la búsqueda del ansiado esquema político-económico por parte de las autoridades gubernamentales, incide en la manera como los gerentes deben abordar su praxis cotidiana en las empresas. En atención a ello, el actor social JD expresa una referencia del fenómeno, con las siguientes palabras: Creo que está bastante complicado, principalmente por toda la regulación actual que se ha venido imponiendo a las empresas, que hace que sea bastante difícil el manejo ante los entes gubernamentales. Para las Pymes se hace aún más difícil porque una pequeña empresa que generalmente no cuenta con un gran presupuesto para asesoría, tiene que dedicar una parte muy importante de su presupuesto en estar al día con todas las nuevas regulaciones que están dictándose, por ejemplo la Ley de Costos y Precios Justos, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, entre otras. No estoy en contra de las regulaciones ni estoy en contra de que a los trabajadores se les pague lo justo. Lo que sí, es muy complicado y muy engorroso acudir a todos estos nuevos organismos públicos.

Lo expuesto, evidencia una serie de nuevos procesos que no forman parte del negocio medular de la organización y que, sin embargo, deben ser atendidos por la gerencia, incrementando así los recursos y el capital humano que se compromete a satisfacer los requerimientos de las nuevas regulaciones, incrementando los costos asociados a la producción y/o comercialización, pero que las pequeñas empresas encuentra difícil satisfacer, por no disponer de personal competente con dedicación exclusiva o insuficiencia presupuestal para ello.

Por su parte, el actor social JP señala su opinión en cuanto a la injerencia del Estado en todas aquellas empresas que hacen vida en el territorio venezolano y que a la fecha no han sido expropiadas, al comentar que Con los mayores controles sobre las empresas, el gobierno busca una mayor participación dentro de lo que es la producción de bienes y servicios en Venezuela. Es difícil para una empresa poder subsistir en el mercado nacional, por ausencia de materia prima, o por no contar con dólares preferenciales para importaciones o por la Ley de Costos y Precios Justos, y todas esas regulaciones.

En general, los actores sociales coinciden en afirmar que las regulaciones representan desafíos para la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, pues el carácter coercitivo de las mismas limita las nuevas inversiones, en vista que el Estado es quien pareciera, desear la incursión en gran parte de los canales de comercialización o en su medida, en el control de precios de los productos y servicios que se ofertan, a veces con desconocimiento de los procesos que implican la competitividad, la remuneración de los factores de producción, la generación de rentabilidad y la acumulación del capital indispensable para propiciar la sustentabilidad y viabilidad del proyecto empresarial, como ha sido señalado por Gómez (op. cit).

De allí que, la economía venezolana no se destaca por la diversificación o competitividad del sector productivo. Ello podría deberse a las barreras de entrada para el inicio de nuevos negocios (tanto financieras como jurídicas), la devaluación de la moneda, el control de cambio y precio, la política pública de expropiaciones, la inseguridad personal, el limitado acceso a divisas con tasa preferencial, todo lo cual poco incentiva la inversión foránea y nacional. Esto da lugar a especulación por parte de algunos agentes económicos que hacen vida en el país, lo que da justificación ideológica a nuevas regulaciones gubernamentales, que en esencia buscan proteger los derechos e intereses de los más desfavorecidos.

Por ello, lo sensato a nivel praxeológico, sería considerar los postulados de libre mercado, pues prospectivistas como Ohmae (2005) señala que “las leyes que limitan la inversión extranjera o la propiedad de tierras o de capital deben abolirse” (p. 124), en un entorno que propicie un ambiente favorable para el establecimiento y desarrollo de negocios en un marco competitivo que beneficie a sus comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la pobreza, que quizás han sido aspectos atendidos a nivel gubernamental, pero de una manera poco eficiente y viable, por el esquema adoptado, traducido en: becas y/o productos a precios subsidiados, en lugar de generación de puestos de trabajo con remuneración ajustada a niveles de productividad, que dignifiquen la condición laboral productiva del ciudadano.

Siendo así, la tensión entre una ideología socialista que define las políticas públicas y una ideología capitalista que rige la oferta, la demanda y la participación activa de las organizaciones empresariales en el mercado, conlleva a un ambiente de tensión que poco favorece al sector empresarial venezolano, el cual puede develarse en el encuentro sostenido con JD, cuando al referirse a ello, expresa que El gobierno se está olvidando que la empresa privada es clave en este contexto y que, no importa que le llamen socialismo del siglo XXI, el punto no es el título sino la forma como viene el gobierno confrontando al empresariado. Del problema que viven los empresarios hoy en día para emprender nuevos negocios, para el desarrollo e implementación de nuevas líneas de producción o la ampliación del capital de trabajo.

En otros términos, JD señala las dificultades de tipo financiero, de reducción de mercado, de costo de oportunidad e incluso de Estado de Derecho, que enfrentan los empresarios para gerenciar, para hacer crecer sus emprendimientos, la creación de empleos, el desarrollo del país. El Estado mismo debería estar interesado en ello, pero algunas medidas gubernamentales, como las expropiaciones o la subjetividad en la asignación de divisas, son desfavorables a nuevas inversiones empresariales en Venezuela.

Comprendo las visiones plasmadas por los versionantes, pues he compartido con dueños de negocios e inversionistas, como Director Independiente de algunas juntas directivas de empresas de servicio que hacen vida en la región centro-occidental del país, vivenciando en tales encuentros algunos temas comunes y recurrentes tales como, la dificultad para obtener divisas a tasas preferenciales que les permita importar insumos o productos que forman parte de su esquema de producción y/o distribución,  el entorno jurídico no favorable al empresariado por la gran cantidad de nuevas leyes, impuestos y trabas burocráticas, unos topes de precios máximos que no son revisados con la regularidad que amerita un entorno inflacionario, entre otros aspectos.

Considero que en los últimos años, el emprendedor venezolano se ha hecho más sensible al tema de las políticas públicas, pues éstas inciden directamente en su praxis gerencial. Por ejemplo, un incremento en las importaciones públicas, representa un desincentivo para la producción nacional, asimismo, una menor asignación de divisas al sector privado desfavorece la importación de materia prima y/o productos terminados, con la consecuencia que ello acarrea en el comercio a nivel local. Por su parte, un incremento en la liquidez monetaria propicia una escalada contínua en los precios pues existe una mayor demanda ante los mismos bienes, lo que impide la planificación presupuestaria empresarial en el mediano e incluso, en el corto plazo.

Paralelamente, una mayor centralización de la economía en cuanto a importaciones del sector público genera escasez en ciertos insumos y productos, pues el Estado es poco eficiente en atender las demandas de una sociedad dinámica, como la venezolana. Esto,  viene a afectar la disposición de insumos o productos necesarios para la manufactura local, lo que agrava el problema de la escasez e inflación. En fin, la macroeconomía impacta la vida organizacional, propiciando otros entendimientos en la praxis gerencial que deben ser reflexionados, construidos por los gerentes que operan en el mercado venezolano. 

 Así, los gerentes asumen un papel proactivo en el campo político como una estrategia para seguir participando en el mercado venezolano. En este sentido JP, considera que: Pudiésemos obtener mejores opciones de desarrollo de la economía en Venezuela, si sentamos en una misma mesa, a funcionarios gubernamentales responsables de las políticas económicas, y a los empresarios, exponiendo todas las alternativas de desarrollo para una mayor producción a un menor costo.

De lo expresado por el actor social se interpreta que elementales medidas comunicativas, como mesas de negociación, permitiría compartir visiones sobre el desarrollo del país, para el diseño de políticas que beneficien a todos los actores interesados en fortalecer la producción. Alinear esfuerzos para definir áreas del mercado que requieren atención prioritaria y preferencial, simplificación de trámites, control de precios, estabilidad monetaria, liquidación de divisas, podría incidir en el incremento de la oferta y por ende, la reducción o estabilización de precios y la eliminación de la escasez.

Sin embargo, al abordar conversaciones con los actores sociales, sobre el impacto de las políticas públicas en sus organizaciones, manifestaron, en su lenguaje gestual, una incomodidad, sonrisa y sorpresa, las cuales podrían comprenderse en el marco de lo expresado por JD al comentar: Fuera de la normativa, las políticas que hay, a nuestra compañía, ni nos han beneficiado ni nos han perjudicado. La empresa ha perdido mercado por el cierre de las casas de bolsa, pero ofrecemos otros canales de inversión para protección patrimonial dentro y fuera del país, con nuevas estructuras legales y financieras. Lo anterior, nos permite mantener nuestras puertas abiertas.

Pareciera que los empresarios hacen ajustes a sus estrategias de inversión y ante un entorno poco favorable, optan por transferir su disponibilidad patrimonial a activos financieros en moneda extranjera tales como acciones y/o bonos, o activos reales como bienes raíces, en detrimento de reinversiones empresariales necesarias para ampliaciones de líneas de producción a nivel local, investigación, ampliación de canales de distribución, entre otros, pues al hacer análisis sobre el costo de oportunidad, comprenden que utilizando otros instrumentos pueden obtener utilidades razonables en entornos de menor riesgo.

Vale destacar que JP en su intervención concluye que: Realmente para el servicio que nosotros prestamos, el servicio de consultoría, yo pudiese decir que ahora tenemos mucho más trabajo porque el empresariado requiere de mayor asesoría y está buscando profesionales conocedores de la materia. En este servicio vamos en un crecimiento muy amplio, cada vez tenemos más empresas, y esto nos lleva a prepararnos más por el cambio en leyes, en tributos y en normativas, pues el gerente se enfrenta a un contexto más complejo, que requiere el acompañamiento por parte de profesionales en diversos ramos del saber que resultan pertinentes al mundo empresarial.  

Esta dualidad en el discurso del actor social JP me lleva a reflexionar sobre la esencialidad de los pensamientos y actos de la gerencia corporativa en las organizaciones venezolanas, en el marco de los entornos políticos, macro y micro-económicos, jurídicos y éticos, tanto locales, como nacionales y globales.  Por ello, me planteo investigar sobre la “Praxis gerencial en el contexto socio-económico venezolano. Una visión desde las empresas de servicio en el estado Lara”. En atención a ello y con base en lo comentado, surgen las siguientes interrogantes de la investigación, cuyas respuestas dan cuenta de la didáctica indagativa para la generación de la aproximación teórica:

¿Cómo develar los desafíos que vivencian las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto socioeconómico venezolano?

¿Cómo interpretar los sentidos y significados que le atribuyen los gerentes a la praxis en las organizaciones empresariales en el contexto socio-económico venezolano?

¿Cómo significar la praxis gerencial en las organizaciones empresariales en el contexto socio-económico venezolano, que permitan generar estrategias de desarrollo?

¿Cómo configurar una aproximación teórica acerca de la praxis gerencial en las organizaciones empresariales en el contexto socio-económico venezolano, desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos y gerenciales?

En razón a ello, la intencionalidad de la presente investigación se plasma en los siguientes propósitos:

Propósitos de la Investigación

Propósito General

Generar una aproximación teórica acerca de la praxis gerencial en las organizaciones empresariales de servicio en el contexto socio-económico venezolano

Propósitos Específicos

Develar los desafíos que vivencian las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto socioeconómico venezolano.

Interpretar los sentidos y significados que le atribuyen los actores sociales, a la praxis gerencial, en las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto socioeconómico venezolano.

Significar la praxis gerencial en las organizaciones empresariales de servicio en estudio, en el contexto socioeconómico venezolano.

Configurar una aproximación teórica acerca de la praxis gerencial en las organizaciones empresariales en el contexto socio-económico venezolano, desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos y gerenciales.

 Razón Socioproductiva del Conocimiento

En los diversos encuentros sostenidos en el último quinquenio, con dueños de negocios, gerentes, representantes de compañías nacionales y regionales, bien sea en funciones de director independiente en la junta directiva de sus empresas, consultor o moderador de eventos empresariales, la temática que ha ido ganando los espacios de discusión gira en torno al contexto socio-económico venezolano, por las amenazas que se articulan e inciden de manera desfavorable en la continuidad o crecimiento de los emprendimientos organizacionales en propiedad de privados.

Así, el conocimiento y comprensión de las diversas y complejas interrelaciones que hacen vida en el ambiente macroeconómico, se ha constituido en una competencia indispensable en la praxis del gerente que opera en Venezuela, pues su intelección puede marcar la diferencia entre el éxito o fracaso de una decisión corporativa con impacto en la sustentabilidad y viabilidad organizacional. Se requiere un análisis cotidiano, profundo, validado por diversos agentes decisorios a lo interno de la empresa en conjunto con especialistas “outsourcing”, para construir escenarios, hacer prospectiva de corto o mediano plazo, que den contexto al proceso de toma de decisiones a nivel de la continuidad operativa o la ejecución de nuevas inversiones.

Ello se suma, al indispensable manejo del entorno microeconómico que el gerente debe atender en su día a día, donde la gerencia concebida como un acto social presupone una riqueza inagotable en la manera de hacer las cosas, en la intencionalidad de alcanzar los objetivos y propósitos trazados, optimizando los recursos disponibles, brindando productos y/o servicios de excelente calidad y acordes a las expectativas del mercado, para satisfacer a todos los actores involucrados. De allí, que el vaivén entre las dimensiones macro y micro de la economía en el contexto venezolano, requiere de gerentes con pensamiento complejo, dialógico, que le permita configurar soluciones sin fronteras para el abordaje de los desafíos no tradicionales a presentarse.

En este sentido, durante años he evidenciado un interés en comprender la dinámica económica a nivel global y local. Algunas de las dimensiones del conocimiento que investigué de manera informal fueron: crisis financiera mundial del 2008, formación de precios en commodities como el oro y petróleo, relación de las políticas monetarias y fiscales con los mercados bursátiles, impacto de los indicadores macroeconómicos en el mercado de bienes raíces americano, emisión y cotización de bonos soberanos y petroleros de Venezuela. Ello, me ha permitido discernir muy someramente las imbricaciones entre lo macro y microeconómico, entre lo económico-social y la praxis gerencial, todo lo cual me ha facultado para intervenir con relativo éxito, como “broker on-line” en el mercado de acciones y bonos americano, donde el conocer del valor intrínseco de las empresas juega un rol fundamental en la valoración de las acciones, así como el diseño e implementación de las políticas económicas incide en el mercado de renta fija a nivel mundial. 

De allí, mi apuesta, mi asunción de riesgo al sumergirme en una investigación tan amplia y abarcante como el estudio de la praxis gerencial en el contexto socio-económico venezolano, pues consideré que las competencias desarrolladas a título personal y de manera autodidacta, coadyuvarían en llevar a feliz término este emprendimiento complejo y desafiante. De hecho, al revisar la generación de contenido que emerge de las investigaciones doctorales en el seno de la Universidad “Yacambú”, más de doscientos treinta tesis hasta hoy, son muy pocas las que escalan hasta el campo de la economía, a pesar de la alta incidencia de ésta en el ámbito de la gerencia, aunque tal mención no procura desmerecer un ápice los estándares de calidad que caracteriza los trabajos de investigación producidos por los doctores egresados de nuestra prestigiosa universidad.

En este sentido, pretendo generar aportes en una epocalidad caracterizada por políticas de Estado que desmerecen la participación del sector privado en el desarrollo socio-económico del país. Este ambiente de libertades económicas limitadas, representa un desafío para la alta gerencia en la sostenibilidad y viabilidad de las empresas venezolanas. Por ello, la urgencia de investigar la praxis gerencial en el contexto socio-económico venezolano, visto desde las empresas de servicio radicadas en el estado Lara.

También, procuro convertirme en referente para futuros trabajos de investigación en el ámbito de la macroeconomía y su imbricación con la praxis gerencial, al brindar insumos teoréticos que apoyen posteriores reflexiones que permitan dilucidar estrategias, compartir las mejores e innovadoras estrategias gerenciales, generar teoría desde el entorno complejo a nivel local, para el fortalecimiento del sector privado venezolano, en aras de la creación de empleos y renta, desarrollar acciones de responsabilidad social empresarial y contribuir al desarrollo económico y humano de éste, nuestro gran país, Venezuela

Por otra parte, intento animar a los directivos que cumplen roles de alta gerencia para que asuman el papel de investigadores y articuladores de aproximaciones teóricas, lo que implica invertir tiempo y dinero en el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, pues la investigación debería convertirse en una parte integral del trabajo del gerente, so pena de seguir operando bajo paradigmas o fórmulas exitosas que han perdido vigencia en la actualidad y que pudieran atentar contra la permanencia organizacional.

Así, este estudio se adscribe a la línea de investigación Pensamiento y Desarrollo Gerencial, pues se busca el abordaje interdisciplinar de los saberes emergentes en el área gerencial, contextualizada hacia el interior de la realidad de nuestro país, sin perder de vista el contexto mundial, generando teoría legítima sobre la praxis gerencial en las organizaciones del sector servicios que hacen vida en el estado Lara, para apoyar al gerente con aportes que configuren otras miradas y estrategias, más acordes al contexto actual.